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La Comisión Europea va a actuar hoy para mejorar, mediante la creación de una Fiscalía Europea, el procesamiento en toda la UE de los delincuentes que defraudan a los contribuyentes de la UE. La tarea exclusiva de la Fiscalía Europea será investigar, procesar y, cuando proceda, llevar a juicio, en los tribunales de los Estados miembros, los delitos que afecten al presupuesto de la UE. La Fiscalía Europea será una institución independiente y estará sujeta al control democrático. José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, ha declarado lo siguiente: «Como prometí en mi discurso sobre el estado de la Unión de 2012, la Comisión ha propuesto hoy la creación de una Fiscalía Europea. Esta iniciativa confirma el compromiso de la Comisión de hacer respetar el Estado de Derecho y mejorará de forma decisiva la protección del dinero de los contribuyentes y el tratamiento eficaz del fraude contra los fondos de la UE. La Comisión también ha cumplido sus compromisos de reforzar y consolidar los procedimientos de la OLAF aplicados a las garantías procesales, en consonancia con las garantías que aplicará la Fiscalía Europea.». La propuesta de la Comisión se presenta menos de un año después del Discurso sobre el estado de la Unión de 2012 de José Manuel Barroso, en el que declaró lo siguiente: «Nuestro compromiso de hacer respetar el Estado de Derecho también subyace a nuestra intención de crear una Fiscalía Europea, tal como prevén los Tratados». Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de Justicia, ha declarado lo siguiente: «Mediante la propuesta de hoy, la Comisión Europea cumple su promesa de aplicar una política de tolerancia nula frente a los fraudes contra el presupuesto de la UE. Cuando se trata del dinero de los contribuyentes, cada euro cuenta, y aún más en la coyuntura económica actual. Los delincuentes que aprovechan las lagunas jurídicas para embolsarse el dinero de los contribuyentes no deberían quedar libres gracias a que no disponemos de los instrumentos adecuados para llevarlos ante la justicia. Seamos claros: si nosotros, la UE, no protegemos nuestro presupuesto federal, nadie lo hará por nosotros. Hago un llamamiento a los Estados miembros y al Parlamento Europeo para que respalden este importante proyecto, de forma que la Fiscalía Europea pueda ejercer sus funciones desde el 1 de enero de 2015». Algirdas Šemeta, comisario de la UE de Lucha contra el Fraude, ha declarado lo siguiente: «La Fiscalía Europea garantizará que se dé la prioridad adecuada en toda Europa a la protección del presupuesto de la UE. Servirá de nexo entre los sistemas penales de los Estados miembros, cuyas competencias se limitan a las fronteras nacionales, y los organismos de la Unión, que no pueden proceder a investigaciones penales. Mientras tanto, la OLAF seguirá desempeñando una importante labor de lucha contra el fraude en los ámbitos no cubiertos por la nueva Fiscalía. Las ideas que hemos presentado hoy para seguir mejorando su gobernanza, combinadas con la reciente reforma, harán a la OLAF más eficiente y responsable en su trabajo. De esta forma, nuestro éxito a la hora de combatir y disuadir el fraude en la UE será mucho mayor». Presupuesto federal necesario La lógica de la propuesta de Fiscalía Europea es sencilla: si hay un «presupuesto federal», alimentado con fondos procedentes de todos los Estados miembros de la UE y gestionado en virtud de normas comunes, entonces también se necesitan «instrumentos federales» para proteger ese presupuesto de manera efectiva en toda la Unión. Actualmente, existe un nivel de protección y cumplimiento muy desigual en la UE en materia de lucha contra el fraude de la UE. El porcentaje de acciones judiciales efectivas relacionadas con infracciones contra el presupuesto de la UE varía considerablemente de un Estado miembro a otro, con una media en la UE de solo el 42,3 % (véase el anexo). Muchos asuntos ni siquiera se enjuician, lo que permite a los defraudadores aprovechar las lagunas jurídicas y embolsarse el dinero de los contribuyentes sin castigo. Incluso en caso de procesamiento, hay una gran disparidad entre los Estados miembros desde el punto de vista de las condenas por delitos cometidos contra el presupuesto de la UE. La Fiscalía Europea velará por que cada asunto de presunto fraude contra el presupuesto de la UE sea objeto de seguimiento completo, de manera que los delincuentes sepan que serán procesados y llevados ante la justicia, lo que tendrá un fuerte efecto disuasorio. Con arreglo a los Tratados de la UE, Dinamarca no participará en la Fiscalía Europea. El Reino Unido e Irlanda tampoco participarán a no ser que decidan voluntaria y expresamente hacerlo (opción de participación). Paralelamente a la creación de la Fiscalía Europea, la Comisión propone una reforma de la Unidad Europea de Cooperación Judicial (EUROJUST) y presentar una Comunicación sobre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Una estructura descentralizada y rentable La Fiscalía Europea tendrá una estructura descentralizada e integrada en los sistemas judiciales nacionales. Los fiscales europeos delegados llevarán a cabo las investigaciones y actuaciones judiciales en el Estado miembro correspondiente, recurriendo al personal nacional y aplicando el Derecho del país. Sus acciones las coordinará el Fiscal Europeo a fin de garantizar un planteamiento uniforme en toda la UE, lo que reviste una importancia vital, especialmente en los asuntos transfronterizos. La estructura entera se basa en los recursos existentes y, por lo tanto, no debería entrañar grandes gastos adicionales. Los tribunales nacionales se encargarán del control jurisdiccional, lo que supone que se podrán interponer recursos ante ellos contra las actuaciones de los Fiscales Europeos. Al mismo tiempo, la propuesta refuerza considerablemente los derechos procesales de los sospechosos sujetos a investigaciones de la Fiscalía Europea. Un «Colegio» de diez miembros, compuesto por el Fiscal Europeo, los 4 fiscales adjuntos y cinco fiscales delegados, garantizará una integración total entre la UE y el nivel nacional, sobre todo mediante el consenso sobre las normas generales en materia de adjudicación de asuntos. La propuesta garantiza una mayor protección de los derechos procesales de las personas afectadas por las investigaciones de la Fiscalía Europea que la que existe actualmente en virtud de los sistemas nacionales. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a interpretación y traducción, el derecho a la información y al acceso a la documentación del asunto o el derecho a un abogado en caso de detención. Además, las normas que establecen la Fiscalía Europea definen otros derechos aún no armonizados por la legislación de la UE a fin de garantizar sólidas salvaguardias de los derechos procesales, entre los que se cuentan el derecho a guardar silencio y la presunción de inocencia, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho a presentar pruebas y a oír a los testigos.
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