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JUSTICIA
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al ministerio de Justicia que asuma con todas sus consecuencias la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CERMI), firmada y ratificada por España, y actúe promoviendo con urgencia reformas legislativas respetuosas con el tratado internacional de la discapacidad. El CERMI recuerda que son numerosos y profundos los cambios normativos que España ha de acometer en el ámbito de la Justicia para que nuestro país cumpla con la Convención de la ONU, que es especialmente exigente en relación con la plenitud civil y de derechos de las personas con discapacidad. Así, el Gobierno ha de modificar el Código Civil y las leyes procesales civiles para suprimir de nuestro ordenamiento la figura de la incapacitación judicial, incompatible absolutamente con la Convención, y sustituirla por un proceso de apoyo a la toma libre de decisiones por parte de las personas con discapacidad que precisen de este acompañamiento. También ha de revisar la regulación legal de los internamientos forzosos para que en ningún caso puedan efectuarse sobre la base de la discapacidad de la persona, ya que suponen una violación flagrante de los derechos humanos. En la esfera penal, el Gobierno ha de desterrar de las leyes criminales la aceptación de la esterilización no consentida de determinadas personas con discapacidad y establecer un sistema de medidas de seguridad en el que la discapacidad no resulte un hecho relevante a ningún efecto negativo para los derechos y la libertad de la persona. Otra normativa que ha de modificarse es la legislación de Jurado, que mantiene disposiciones que excluyen a las personas con discapacidad y que a la luz de la Convención, resultan claramente discriminatorias. También en el enjuiciamiento criminal, se ha de revisar todo el procedimiento para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a un juicio justo y a una defensa correcta y con todas las garantías, de modo que no sufran una doble victimización, como ocurre actualmente. La agenda de asuntos es enorme y el ministerio de Justicia y el Gobierno han de impulsarla con rapidez y en todo caso con arreglo a los principios y mandatos de la Convención, que obliga a alterar sustancialmente muchas las instituciones aceptadas en relación con la Justicia y las personas con discapacidad.
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