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JUSTICIA
Hoy se debate en el Senado la reforma del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del ministro Gallardón, que pretende subordinar al poder judicial al poder político. La reforma supone un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes en un Estado de Derecho. Por ello, cerca de 1.000 jueces han firmado un manifiesto en el que se muestra la disconformidad ante dicha reforma. El manifiesto ha sido impulsado por Jueces para la Democracia y ha sido suscrito por magistrados no asociados y por afiliados a todas las asociaciones. Se adjunta el texto del manifiesto y los jueces firmantes del mismo. Entre los firmantes se encuentran magistrados del Tribunal Supremo, como Perfecto Andrés Ibáñez, Alberto Jorge Barreiro, Luciano Varela, Joaquín Jiménez, Fernando Salinas, Jordi Agustí o Celsa Picó. Asimismo, se han adherido magistrados de la Audiencia Nacional como Santiago Pedraz, Fernando Andreu, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez o José Ricardo de Prada. Además, han firmado el manifiesto personalidades de relevancia como Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO; Tomás Vives, ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional; Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía. También ha sido suscrito por destacadas personalidades de mundo universitario, entre ellas, los catedráticos de Derecho Penal: Joan Queralt, José Luis Díez Ripollés, Juan Carlos Carbonell, Mercedes García Arán, Margarita Martínez Escamilla, José Manuel Paredes Castañón, Juan Manuel Terradillos Basoco o Nicolás García Rivas; catedráticos de Derecho del Trabajo: Antonio Baylos o Berta Valdés de la Vega y catedráticos de Filosofía del Derecho, Javier de Lucas o Juan Ramón Capella. Más de 5.000 personas han firmado el manifiesto, en gran parte vinculadas a profesiones jurídicas, entre los que se encuentran los fiscales del Tribunal Supremo Félix Pantoja o José Antonio Sainz. Manifiesto en defensa de la independencia judicial La crisis económica se ha convertido en el pretexto para desmantelar el Estado del Bienestar y quebrar todos los consensos creados para garantizar la convivencia pacífica y constructiva. En poco más de un año se ha llevado a efecto un importante retroceso de las libertades de la ciudadanía. Los derechos sociales se han reducido a la mínima expresión con la reforma laboral. Se han recortado servicios públicos básicos, como la sanidad y la enseñanza, sin que se haya reclamado ningún sacrificio equivalente a los grandes negocios privados. La administración de justicia, como servicio público, debería formar parte del núcleo esencial de los esfuerzos del Estado en un momento en el que cada vez son más quienes ven en la justicia la última posibilidad de protección y defensa. La inclusión de las tasas judiciales, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de convocatoria de oposiciones en los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia han debilitado la ya delicada estructura judicial. Y han condenado a cientos de miles de personas a litigios que duran más allá de lo razonable. Se han debilitado los medios de tutela de los grupos de personas más sensibles a los efectos de la crisis: trabajadoras y trabajadores que ven como sus procesos se demoran meses antes de celebrar juicio, personas desahuciadas y ejecutadas que pierden sus viviendas aun a sabiendas de que sus préstamos podrían incluir cláusulas bancarias abusivas. De ahí que la defensa de la Justicia como valor, como poder y como servicio deba reclamar la atención no solo de los operadores jurídicos, sino de toda la ciudadanía. Pero, además, ahora se pretende deteriorar la independencia judicial. El principio de separación de poderes es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Por ello, en nuestra Constitución se diseñó un sistema en el que una de las garantías de la independencia judicial era la creación del Consejo General del Poder Judicial, cuyas competencias son básicas para hacer efectivas las funciones de la judicatura en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Nuestra sociedad necesita de un poder judicial sólido, con instrumentos para cumplir sus elevadas funciones y con capacidad para afrontar los conflictos sociales sin dejarse influir por interferencias políticas, mediáticas o de grupos de presión. Sin embargo, el Gobierno ha impulsado un proyecto de ley en el que arrebata importantes competencias al órgano de gobierno del poder judicial. Ello rompe el equilibrio propio de la división de poderes. Y supone una subordinación del poder judicial al poder político. Con esta reforma el Ministerio de Justicia sustrae funciones sobre medios materiales y personales que son fundamentales para la independencia judicial. Y, en un contexto en el que se están investigando numerosos casos de corrupción, todavía resulta más necesario que se respete la actuación de una judicatura independiente, sin que desde cualquier Gobierno se disponga de instrumentos que puedan perturbar las atribuciones constitucionales de nuestros juzgados y tribunales. Sin duda, el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial puede ser mejorable. Pero eso no puede suponer un pretexto para que desde el Gobierno se despoje al CGPJ de competencias relevantes, que afectarán al estatuto de los integrantes del poder judicial, lo cual posibilitará un control y un condicionamiento de sus funciones jurisdiccionales. La independencia judicial no es un privilegio de los miembros de la judicatura, sino una garantía para los derechos fundamentales de la ciudadanía y para la prestación de un adecuado servicio público. La puesta en práctica de reformas que afecten a la independencia judicial dañará necesariamente la credibilidad de nuestro Estado de Derecho. Y resulta de especial gravedad que una reforma de estas características se haya impulsado de manera unilateral, de forma precipitada, sin ningún diálogo real y con la oposición de todos los sectores de la administración de justicia. Nuestra administración de justicia se encuentra en una grave situación de deterioro estructural por falta de medios materiales y personales suficientes para hacer frente a las necesidades reales. Sin embargo, en lugar de incrementarse la inversión pública, se han practicado recortes presupuestarios que van a dificultar aún más las actuaciones de nuestros juzgados y tribunales. Esta situación de precariedad se va a agravar ante una reforma que debilitará las funciones de la administración de justicia, vaciará de contenido las competencias del órgano de gobierno de la judicatura y erosionará la división de poderes. Ante esta crítica situación, que pone en peligro la tutela de los derechos de la ciudadanía, reclamamos al Gobierno y a todos los poderes públicos un Pacto sobre Justicia que garantice de una vez por todas la independencia judicial y la efectiva división de poderes que proclama la Constitución.
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