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El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que el proyecto de la Ley de Emprendedores “es decepcionante” puesto que “omite por completo a la discapacidad y ni siquiera recoge un recuerdo de cortesía a la Economía Social”. Ante esto, Pérez Buen ha lamentado que “para la gobernanza económica del país, la organizaciones de discapacidad sigue siendo inexistentes”. Por ello, considera que es “innegable que la postrada economía española precisa de estímulos intensos para reactivarse”. “Es una evidencia que se ha hecho poco y mal desde los poderes públicos”, ha apuntado. “Si la Ley de Apoyo a Emprendedores pretende reformular las bases del emprendimiento económico, incluida, por supuesto, la dimensión social, desde fundamentos sólidos y con fines ambiciosos, será bienvenida –ha precisado–. Pero si la Ley es empleada a guisa de señuelo para parecer que se hace algo, entonces será, no sólo una burla, sino un fracaso estrepitoso”. Por otro lado, ha destacado que las entidades centradas en la discapacidad “no pueden conformarse con quedar cubiertas o amparadas simplemente por las medidas genéricas”. “Sería una prueba más de que nuestra clase política no sabe identificar ni apreciar lo mucho y bueno que se está haciendo en términos de desarrollo económico por parte del movimiento social de la discapacidad”, ha añadido. Finalmente, Pérez Bueno ha recordado que el hecho de que les “borren del mapa”, “no significa que no existan y que estén vivos”. En este sentido, ha anunciado que el Comité ha presentado al Gobierno un documento extenso con decenas de medidas favorables a la discapacidad desde la dimensión económica. “Presionaremos para que terminen acogiendo alguna”, ha aclarado. Medidas presentadas Hay que recordar que hace unos días el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de propuestas dirigidas al Gobierno en materia de discapacidad para su inclusión en el proyecto de Ley de Emprendedores, con el objetivo de favorecer el emprendimiento de este grupo social, en el marco de los planes reformistas del Gobierno. Las propuestas del CERMI se sitúan dentro del objetivo del Gobierno de apoyar a autónomos y PYMES y favorecer el emprendimiento, para lo que ha anunciado, además de las medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la aprobación de un proyecto de Ley de Emprendedores. En este sentido, el CERMI explica la baja participación en el mercado laboral español de las personas con discapacidad, con una tasa de actividad del 36,2%. Por ello, señala que su contribución a la generación global de empleo puede ser “muy intensa” si se estimula “adecuadamente” y, continúa, el autoempleo, la economía social y la creación de PYMES es una fórmula que se adapta “muy bien” a las necesidades de las personas con discapacidad. Por ello, el CERMI plantea, por un lado, un nuevo modelo legal de inclusión laboral porque, según opina, el modelo está “agotado” y “ya no sirve para seguir avanzando”, y, por otro lado, un apoyo más intenso al emprendimiento, el autoempleo y las iniciativas de economía social, que den oportunidades a las personas con discapacidad. Propuestas en materia de discapacidad para su inclusión en el Proyecto de Ley de Emprendedores En relación a los emprendedores con discapacidad, el CERMI propone al Gobierno incluir una serie de medidas de fomento, fiscales y de Seguridad Social. Dentro de los servicios de asesoramiento y acompañamiento al emprendedor, el CERMI insta a crear unidades especializadas en el apoyo a aquéllos con discapacidad. En este sentido, pide que se asegure la accesibilidad y la inclusión en las instalaciones y servicios, que se favorezca la colaboración de las organizaciones representativas de la economía social y de las personas con discapacidad y sus familias y que se les informe sobre todas las fórmulas empresariales existentes en la legislación española. También plantea establecer un marco estatal de incentivos y ayudas, en el marco de la Estrategia Española de Empleo, que descentralizó el importe de las ayudas en las Comunidades Autónomas, suponiendo desigualdades territoriales. En este sentido, el CERMI solicita para los trabajadores con discapacidad, inscritos como demandantes de empleo que se instalen como autónomos, que se beneficien de subvenciones al emprendimiento y para la instalación de trabajadores autónomos (10.000 euros como máximo, teniendo en cuenta el importe de la inversión fija). También pide una reducción en las cuotas a la Seguridad Social en el Régimen Especial de trabajadores autónomos, o subvenciones para la asistencia técnica u otras, tales como la realización de estudios de organización o de mercado o la formación (la cuantía será de hasta el 75% del coste de servicios prestados, con un máximo de 2.000 euros para el caso de la asistencia técnica, y hasta un 75% del coste de los cursos recibidos, con un máximo de 3.000 euros para el caso de la formación). Otra de las subvenciones que plantea son las relacionadas con las medidas de adaptación de las empresas a las personas con discapacidad y ajustes razonables en el puesto de trabajo, en el entorno laboral o en el proceso productivo que favorezcan la máxima adecuación del trabajador con discapacidad al empleo. En este caso, la cuantía de la subvención sería de 1.800 euros al año por trabajador, como máximo, o 3.600 euros al año por trabajador, como máximo, en el caso de Centro Especial de Empleo (CEE) de iniciativa social. Por otra parte, el CERMI también plantea subvenciones al teletrabajo, con una cuantía de subvención de 1.800 euros al año por trabajador, como máximo; si es mujer con discapacidad, 2.200 euros al año; y 3.600 por trabajador, como máximo, en el caso de Centro Especial de Empleo de iniciativa social. Además, propone ayudas al empleo de los trabajadores con discapacidad en CEE, dentro del Plan Anual de Empleo 2012 de la Estrategia Española de Empleo. Por último, el CERMI plantea el mantenimiento de la capitalización por desempleo, facilitar a los Centros Especiales de Empleo el acceso a una financiación adecuada; y potenciar la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basados en compromisos efectivos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social, RSE, etc.
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