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La
Defensora
del
Pueblo
no
recurrirá
las
nuevas
tasas
judiciales
ante
el
Tribunal
Constitucional |
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MADRID,
27
de
MAYO
de
2013
-
EUROPA PRESS |
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La
Defensora
del
Pueblo,
Soledad
Becerril,
no
recurrirá
las
nuevas
tasas
judiciales
al
entender
que
su
reforma
cambió
en
lo
"sustancial"
estos
gravámenes
y su
modificación
a
través
de
un
decreto-ley
venía
justificada
ante
la
"extraordinaria
y
urgente
necesidad"
de
aliviar
las
cargas
tributarias
de
los
ciudadanos.
Así
ha
respondido
la
institución
en
una
resolución,
a la
que
ha
tenido
acceso
Europa
Press,
que
ha
sido
remitida
a
Carlos
Carnicer,
presidente
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
y
miembro
de
la
Plataforma
Justicia
para
Todos,
integrada
también
por
varias
organizaciones
sindicales
y de
consumidores.
Los
solicitantes
consideran
que
subsisten
motivos
de
inconstitucionalidad
en
la
reforma
de
la
Ley
de
Tasas
judiciales,
que
fue
modificada
meses
después
de
su
aprobación
mediante
un
decreto-ley
sin
concurrir
"razones
de
extraordinaria
y
urgente
necesidad"
y
sin
respetar
la
reserva
de
ley
en
materia
tributaria
ni
la
prohibición
de
regular
por
decreto
ley
derechos,
deberes
y
libertades
de
los
ciudadanos.
Sin
embargo,
la
defensora
del
Pueblo,
oída
la
opinión
unánime
de
la
Junta
de
Coordinación
y
Régimen
Interior,
no
considera
procedente
llevar
este
asunto
al
Alto
Tribunal.
En
todo
caso,
el
tribunal
de
garantías
sí
resolverá
al
respecto
ya
que
el
PSOE
presentó
la
pasada
semana
un
recurso
de
inconstitucionalidad
contra
este
decreto
ley.
GESTIONES
CON
EL
MINISTERIO
DE
JUSTICIA
En
su
escrito,
la
Defensora
del
Pueblo
alude
que
realizó
"toda
clase
de
gestiones"
con
el
MINISTERIO
DE
JUSTICIA
para
mediar
en
este
caso
al
ser
consciente
de
los
"problemas"
que
acarreaba
la
nueva
ley
a
"muchos"
ciudadanos
y de
la
"necesidad
de
que
fueran
abordados
con
celeridad".
Esta
mediación
surtió
efecto
con
el
compromiso
del
Gobierno
a
acometer
una
"fuerte
reducción
de
la
cuantía"
de
las
tasas
y a
suprimir
algunas
de
ellas.
Tal
es
así,
recuerda,
que
el
decreto-ley
redujo
en
un
80
por
ciento
las
tasas
variables,
aumentó
el
número
de
beneficiarios
de
Justicia
Gratuita
y
disminuyó
las
expectativas
de
ingresos
de
la
Hacienda
Pública
en
"decenas
de
millones
de
euros".
"No
sólo
el
5%
que
se
ha
indicado
por
algunos
medios,
pues
este
pequeño
porcentaje
se
refiere
a
previsiones
de
ingresos
por
tasas
fijas,
no a
expectativas
de
ingresos
por
tasas
variables,
que
son
el
grueso
de
la
reforma",
matiza.
Subraya
que
el
Real
Decreto-Ley
es
"el
fruto
de
la
mediación
de
la
Defensora
del
Pueblo,
que
quiso
una
reducción
de
las
tasas
judiciales
que
fuese
'rápida'".
"Era
patente
la
extraordinaria
y
urgente
necesidad
de
aliviar
las
cargas
tributarias
de
los
ciudadanos",
alega.
El
hecho
de
que
el
Ministerio
no
haya
acogido
la
totalidad
de
las
recomendaciones
que
le
efectuó
la
Defensora
del
Pueblo
pero
sí
"lo
sustancial",
no
puede
ser,
dice,
un
argumento
para
que
esta
institución
mantenga
abierta
"indefinidamente"
esta
"controversia".
Por
último,
se
reafirma
en
que
este
organismo
obtuvo
"resultados
concretos
e
inmediatos"
al
servicio
de
los
ciudadanos
con
la
aprobación
de
la
reforma
legislativa,
que
fue
la
vía
de
actuación
"más
eficaz"
para
el
servicio
público.
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