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NOTICIAS de Despachos de Abogados
Nueva iniciativa impulsada desde la Fundación Sagardoy Abogados, que dirige Jesús Mercader que, con el formato de diversos debates, que tendrán a la propia administración como elemento de análisis, pretende aportar luz sobre los cambios que está acometiendo el propio sector público en nuestro país tal y como comentó Iñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados en la presentación del evento. En esta oportunidad la primera jornada se centró en analizar los aspectos administrativos del sector público para por la tarde volcarse más en el campo de los recursos humanos y las relaciones laborales. La intervención de Jaime Pérez Renovales Abogado del Estado en Excedencia y subsecretario de Presidencia del Gobierno al frente de esta reforma, sirvió para conocer cómo trabaja la Administración en estos momentos de cambio y transformación. En su intervención habló que la reforma de la administración, sobre todo, pretende centrarse en saber gestionar el gasto público para que se sostenible. Esta circunstancia ha hecho que su Comisión esté estudiando otros modelos de éxitos en cuanto a reconversión de la gestión pública como los que hay implantados en Reino Unido o Canadá. “Nuestra reforma tiene una decisión política detrás que la respalda y pretende en definitiva mejorar la eficiencia del gasto público”. Y aportó el dato que relación con el PIB del 2012, el gasto español es del 43,3 por cien, algo más bajo que en la Ue, donde el ratio se centra en el 49,9 por ciento. Respecto al empleo público también apuntó que se situa ahora en el 12 por ciento, por el 15 % de la OCDE. “Estos indicadores dejan claro que el tamaño de la Admon no es tan grande como se dice y en esta época de crisis a nivel de empleo se ha reducido en 300.000 profesionales.”, indicó. El reparto del gasto público en estos momentos queda configurado de esta forma; Estado un 30 por cien; Comunidades Autónomas un 50 % y Ayuntamientos el 20 por ciento restante. “Los datos de la EPA revelan que hay 2.685.000 funcionarios en el primer trimestre del año, si descontamos fuerzas de seguridad, personal médico y docente, esa cifra queda en 252.000 empleados públicos: 230.000 a nivel autonómicos y unos 526.000 en la administración local. Solo el 25%, por tanto, corresponde a aparato administrativo de nuestro sector público, pese a que se hable sin fundamento de otra cosa “, subrayó. Renovales también explicó que medidas se han puesto ya en marcha como la reducción del 20% de altos cargos y reestructuración de Ministerios. “Hemos equiparado el régimen de incapacidad temporal de los empleados públicos al privado y la jornada de trabajo se ha incrementado hasta el 37,5 horas semanales, también se ha desarrollado un sistema que permite no compatibilizar pensiones diferentes en los altos cargos de la admon, “recalcó. También apunto que las comunidades autónomas tienen que justificar su presupuesto a través de la Ley Orgánica De Financiación de Comunidades Autónomas “estaba previsto un ,1,5% y se ha alcanzado un 1,8, mientras que e Ayuntamientos en lugar de llegar al 0,3 del PIB se ha quedado en el 0,15 por cien. Para el subsecretario de Presidencia, ahora impulsando la reforma de la Administración local, hay otras iniciativas que también deben considerarse para la reestructuración del sector público. En este sentido hay que destacar tanto la creación de la autoridad fiscal independiente como el Proyecto de Ley de Transparencia que prepara el Gobierno donde se le ofrece al ciudadano la posibilidad de pedir información adicional, son cuestiones muy a tener en cuenta en este proceso de cambio. “Se trata de ser más eficiente y poder optimizar los recursos que existen en el sector público”, resaltó.
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