COMUNICADO
A LA
OPINIÓN
PÚBLICA
del
Grupo de
Estudios
de
Política
Criminal
La
realidad
de la
corrupción
se ha
materializado
con toda
su
crudeza
en
España
en
relativamente
muy poco
tiempo.
Junto al
número
de
procesos
abiertos,
más de
1600 y
unos
1000
funcionarios,
entre
ellos
altos
cargos,
la
percepción
social
de la
corrupción
representa
en el
último
barómetro
del CIS
la
segunda
preocupación
de los
españoles.
Corrupción,
no se
olvide,
es
impensable
sin la
intensa
participación
de
significativos
corruptores
particulares.
La
diaria
avalancha
de
eventos
pone de
manifiesto
que no
estamos
ante
casos
más o
menos
graves,
pero
aislados,
sino
ante una
manifestación
sistémica
de un
deficiente
funcionamiento
de las
instituciones
públicas,
pues
estas se
han
convertido
en
objeto
de
depredación.
La falta
de
eficacia
de los
controles
previos
legalmente
previstos
es
alarmante:
o nada
controlan
o lo
hacen
tarde,
de modo
que se
hace muy
difícil
exigir
responsabilidades
y
modificar
pautas
de
conducta.
Todo
ello es
causa de
un
diseño
de la
vida
pública
española
que
pivota
sobre
las
cúspides
de los
partidos
políticos,
que a su
vez
copan
los
resortes
institucionales
de
control,
haciéndolos
ilusorios
en la
práctica.
Queda, a
la
postre,
como
única
respuesta
la
judicial,
que por
definición
solo
puede,
llegado
el caso,
castigar,
pero
nunca
prevenir
ni
reparar
las
prácticas
corruptas.
Si bien
la
Administración
de
Justicia
dispone
de una
ley
penal
razonable,
los
procedimientos
son
obsoletos,
poco
funcionales
para la
investigación
de estas
complejas
infracciones
y
cuando,
tras
esfuerzo
ímprobo
se dicta
una
condena,
esta
corre el
serio
riesgo
de ser
indultada.
A las
insuficiencias
descritas
se añade
una
carencia
de
medios
que se
ha visto
agravada
recientemente
por una
sustancial
reducción
de
personal
y una no
menor
reducción
de los
efectivos
policiales
y de la
Hacienda
pública
dedicados
en
exclusiva
a la
persecución
e
investigación
de la
corrupción
político-económica.
Todo
ello
favorece
un caldo
de
cultivo
de
impunidad
material
al
dificultar
sobremanera
la
adecuada
y
profunda
investigación
que la
corrupción
requiere.
En fin,
los
cargos
públicos
encausados,
equiparando
la
responsabilidad
penal a
la
política,
cuando
son
esferas
totalmente
diversas,
pretenden
escapar
a la
dación
de
cuentas
hasta
que no
haya una
condena
firme
judicial,
lo que
reafirma
los
patrones
de
conducta
corruptos
e
irregulares.
Así,
conviene
hacer
llegar a
la
opinión
pública
nuestra
alarma
por la
paupérrima
situación
de
medios
en la
erradicación
de la
corrupción.
Pobreza
instrumental
no puede
entenderse
bajo
ningún
concepto
como
fruto de
una
herencia
recibida.
El
estado
actual
de cosas
es fruto
del
planteamiento
deliberado
de
diseñar
un
sistema
tendencialmente
incapaz
de
alcanzar
los
fines
institucionales
a los
que se
debe.
Ello sin
olvidar
la
pasividad
social,
cuando
no
complicidad
cultural,
ante
este
fenómeno.
Barcelona,
11 de
mayo de
2013
