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Becerril echa en falta una normativa hipotecaria más generosa con el deudor
MADRID, 14 de MAYO de 2013 - LAWYERPRESS / Luis Javier Sánchez

 

Encuentro informativo organizado por el Colegio de Registradores al que acudieron prestigiosos juristas para escuchar a la actual Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en un intercambio ameno de opiniones en el que participaron Carlos Carnicer, presidente del CGAE; José Luis González Armengol, juez decano de Madrid y , entre otras personalidades que acudieron a este evento. Junto ellos diversos medios de comunicación que fuimos invitados al evento moderado por la compañera Pilar Cernuda y presidido por el propio presidente de los Registradores Alfonso Candau Pérez. Becerril analizó sus diez meses de trabajo y subrayó que aunque la normativa hipotecaria a punto de aprobarse en el Parlamento ha mejorado la actual “, el legislador podría haber sido más generoso en cuestiones de segunda oportunidad o implantando la mediación como elemento previo a la ejecución hipotecaria posterior”.

Diez meses lleva Soledad Becerril al frente del cargo de Defensora del Pueblo, una actividad que cuando el presidente Mariano Rajoy se lo propuso no dudó en aceptarla “Creo que lo fundamental de los políticos es que sirvamos a los intereses generales por encima de los de un partido”; comentó. Con una experiencia de más de catorce años a sus espaldas, fue la primera mujer ministra en la época de Leopoldo Calvo Sotelo, amén de más tarde alcadesa de Sevilla y senadora. “Todos los asuntos que los llegan son importante y así procuramos tratarlos con los técnicos especialistas que disponemos en diferentes materias. Trabajamos desde la prudencia, firmeza e independencia sin presiones de ningún tipo,” subrayó.
En su intervención destacó que esta figura, cuyo primer interlocutor, allá por 1983 fue Joaquín Ruiz Giménez, cumple ahora treinta años en plena consolidación. “Disponemos de un presupuesto anual de 14 millones de euros que se ha ajustado en un par de ocasiones por la crisis económica”, reveló. Y añadió que es lógico que tanto dietas como parque móvil de la institución se hubiera recortado al igual que se ha hecho en otras administraciones públicas. “Solo en el 2012 hemos tenido 33.400 quejas y puesto en marcha 371 de oficio, datos que superan los de otros años. Estamos satisfechos porque de nuestras recomendaciones las Administraciones han cumplido cerca del 70%.
Becerril confesó que esta institución ha interpuesto en su historia unos 27 recursos de incostitucionalidad, algunos aún pendientes, pero aceptados al final por el Alto Tribunal, 6, habiendo interpuesto su predecesor, Enrique Múgica, un único recurso por el Estatuto de Catalunya a poco de aprobarse por el Parlament catalán. Sobre el problema de las hipotecas comentó que es consciente que desde el 2010 se recrudeció el tema en España de tal forma que la propia institución del Defensor del Pueblo realizó un estudio llamado “ Crisis Económica y Deudores hipotecarios”. “Las quejas por esta cuestión han sido numerosas más de 1.200 y estamos en contacto permanente con el Gobierno para ver cómo podemos colaborar para solventar esta cuestión.”.
Respecto a las medidas ya apunto de aprobarse en trámite parlamentario para mejorar nuestra legislación hipotecaria, Becerril comentó aunque le gustaban las medidas porque mejoraban el mercado hipotecario, reduciendo los intereses de demora y otras cuestiones echaba en falta otras medidas: “ podría haber sido más generosa la nueva normativa hipotecaria, respecto a la protección del negocio del particular. Echamos también en falta un acuerdo previo de mediación antes de la propia ejecución hipotecaria”. Y confesó que había tenido alguna conversación con la AEB, patronal de la Banca para frenar de modo temporal los desahucios pero no habían tenido respuesta alguna de esta entidad.
En el turno de preguntas con los ilustres asistentes, Carlos Carnicer, presidente del CGAE, volvió a pedir a la Defensora del Pueblo que interpusiera un recurso de anticonstitucionalidad sobre la ley de tasas: “Está claro que miles de ciudadanos están viendo violados sus derechos por la llamada Ley de Tasas al no poder ejercer su derecho por no tener medio económicos suficientes a una tutela judicial efectiva”. Y apunto el dato que en el campo contencioso administrativo había bajado en un 65% las reclamaciones desde la entrada en vigor de esa normativa de tasas. La Defensora del Pueblo escuchó a Carnicer y dejó claro que gracias a su intervención la parte variable de las tasas había bajado de forma notable de 10.000 a 2.000 euros pero no respondió si iba a interponer ese recurso contra la Ley de Tasas.
Por su parte, José Luis González Armengol, Juez Decano de Madrid, además de comentar las dilaciones del Registro Civil, una entidad que data de 1870 y que cuenta con una plantilla escasa de funcionarios lo que retrasa medidas como los expedientes de nacionalidad, explico que había sido un error retirar las tasas suprimidas en 1986: “Creo que la medida es necesaria pero desde la lógica y el escalado según los recursos de los españoles. En una ciudad como Madrid ha descendido en un 13% las reclamaciones de cantidad en los pequeños pleitos llamados monitorios”, apuntó. Y añadió que al confirmarse el 79% de las sentencias en apelación se deberían haber cargado en esa fase más que en primera instancia.
Armengol, estudioso del derecho comparado, señaló que el modelo francés funciona a nivel de tasas y es el que se podría importar a nuestro ordenamiento jurídico con ciertos cambios. “Uno de los efectos de esta ley de tasas pueden ser los incumplimientos de sentencias, sobre todo si una de las partes tiene más fuerza económica que la otra”. Respecto a la legislación hipotecaria señaló que es insuficiente para frenar el drama social de los deshaucios “Hubiéramos necesitado una normativa más amplia; de todas formas en este contexto es muy posible que se planteen muchas cuestiones de prejudicialidad por parte de los magistrados sabiendo que Europa realiza una protección especial a los derechos del consumidor.”
 


 
 

 

 






 



 

 
 

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