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Nuestro protagonista acaba de ser elegido para el próximo año como presidente del CICAC, el organismo autonómico en Catalunya que gestiona las catorce entidades colegiales que allí coexisten. “Creo que en un contexto de crisis como el que vivimos la abogacía está obligada a recobrar su lugar en la sociedad como garante del derecho a la defensa”. Así se expresa Miquel Samper, decano de Terrasa y alma máter del proyecto de Oficina de Intermediación Hipotecaria que está ayudando a muchas familias a salir de la crisis “. Para que el modelo fuera rentable serían necesarias unas 500 entidades de este tipo, fruto siempre de la colaboración entre el poder municipal y los colegios de abogados”. Samper potenciará en este año de mandato esta figura de intermediación y espera que en este escenario el modelo colegial actual, formado por 83 instituciones no se vea resquebrajado, “porque funciona, no le cuesta al Estado ni un duro y ayuda a la cercanía del ciudadano con la justicia”. Miquel Sàmper, es desde hace unos días, nuevo presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, según ha acordado el plenario, reunido en Tarragona. El Consell elige anualmente nuevo presidente entre los decanos de los 14 Colegios de Abogados catalanes para que los represente por un periodo de un año. Durante el plenario también se escogió al decano del Colegio de Abogados de Sabadell, Juan Antonio García Cazorla, como vicepresidente del Consell. Sàmper releva al decano de Barcelona, Pedro L. Yúfera, que ocupaba este cargo. El nuevo responsable del CICAC, que marcará las líneas de actuación del nuevo mandato del Consell, puso en marcha en enero de 2012 la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) del Estado Español, un proyecto pionero impulsado por el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Terrassa. Ante los buenos resultados alcanzados -ha llegado a acuerdos beneficiosos para los propietarios deudores en cerca del 70% de los casos y se han detenido gran cantidad de desahucios- la iniciativa se ha extendido por todo el Estado y ya son una treintena las Oficinas que han abierto siguiendo el modelo de Terrassa, 8 de las cuales en Catalunya. Por este motivo, una de las prioridades del nuevo presidente del Consell de l’Advocacia Catalana es promover la creación de más oficinas de este tipo. Mantener el actual sistema colegial ante la amenaza que se cierne sobre los colegios profesionales de ámbito reducido con la nueva ley de Servicios Profesionales que prepara el gobierno estatal será otro de los caballos de batalla del nuevo presidente de la Abogacía Catalana. El borrador del gobierno prevé que el ámbito de los colegios profesionales sea autonómico o, como mucho, provincial, de modo que en Catalunya los catorce colegios de Abogados quedarían reducidos a uno, o a cuatro. ‘En Catalunya la abogacía estructura desde hace muchos años en catorce colegios que, desde que se constituyó, en 1983, se integran en el Consell, y todos ellos son imprescindibles, incluso los de ámbito más reducido, ya que garantizan la función básica de la abogacía y el propio estado de derecho desde la proximidad a los ciudadanos’ alega Samper. Desde la abogacía catalana también se insta a mantener la colegiación obligatoria porque ‘la colegiación es la herramienta que garantiza la calidad del servicio de la abogacía con la sociedad’. Sr. Samper, le felicitamos en primer lugar por su elección como presidente ¿Qué le ha movido a presentarse al CICAC? Sobre todo seguir trabajando por y para los abogados de Catalunya, especialmente desde el proyecto de Oficina de Intermediación Hipotecaria. En Catalunya hay siete oficinas distribuidas e cuatro entidades colegiales que son Terrasa, donde hay tres; , Manresa, con dos y una en Mataró y Granollers, otras dos. A nivel nacional el proyecto supera la treintena de oficinas de intermediación. Sin embargo la situación actual demanda al menos implantar de forma masiva este modelo. No podemos olvidar que nuestro país pasa por una crisis muy grave. En este año largo de trabajo en CICAC quiero también poder explicar mejor el papel social de la abogacía en la sociedad. Hay que darse cuenta que es la única profesión regulada en la propia Constitución. Desde esa perspectiva tenemos que ser garantes de los derechos de las personas. En este momento de crisis, situaciones como las de los desahucios sitúan al abogado en primer plano con proyección social, poco conocida… Es posible que no hayamos sabido transmitir los valores sociales del abogado en época de bonanza. Se nos suele ver como un profesional caro y la visión no es positiva. Ahora es posible que se nos perciba de forma diferente porque nos preocupan mucho las personas, sobre todo de los más vulnerables. En un momento como el actual hay que escuchar a la sociedad. Cuestiones como los desahucios, preferentes o las tasas judiciales son solo un botón de muestra. Del tema de los desahucios solo comentarle que pensamos que son insuficientes las medidas que se están tramitando en el Parlamento en estos momentos. Da la sensación que el PP en su agenda política no tiene a la vivienda como cuestión prioritaria y eso se nota. Eso hace que reaccione por impulsos sin una estrategia definida. Han sido muchas situaciones, la más reciente la de la ILP, con una fuerte presión social y dos suicidios que obligaron al partido del Gobierno a cambiar su voto y a aceptar esta iniciativa que se ha quedado descafeinada, por desgracia. También llego la sentencia de 14 de marzo del TJUE sobre nuestro sistema hipotecario… Es un aviso que nuestra legislación hipotecaria es ineficaz y anticuada. No es de recibo que un justiciable español para denunciar cláusulas abusivas tenga que ir a un procedimiento declarativo con la duración que supone de un año e indefensión y pérdida de la vivienda. Se nos pide, por tanto que se unifique en un único procedimiento todas las posibles causas de oposición, incluidas las cláusulas abusivas que puedan existir. Es posible que en la tramitación parlamentaria se solvente esta cuestión. Sin embargo, el legislador se olvida de la dación en pago, que no es la única solución pero que debería estar ahí, desde luego. Se ha parcheado al reducir las costas e intereses judiciales pero nada más. Bajar los intereses del 29 por cien al 12 sigue siendo inaceptable. En este contexto, el modelo de Oficina de Intermediación Hipotecaria que usted parió parece que está encajando… Estamos muy satisfechos del proyecto y de los resultados. Cerca del 60 por ciento de las actuaciones cristaliza en acuerdo para todas las partes y así evitamos que familias queden en la calle. Además este tipo de iniciativas de intermediación facilitan que los asuntos no vayan a los tribunales. Estamos a la espera que entre en unos días una directiva comunitaria en vigor que va a sugerir a emplear la mediación antes de la ejecución hipotecaria. En EEUU ya se viene utilizando y ha disminuido de forma notable la litigiosidad en este sector. Tengo que confesarle que hemos presentando un proyecto en este sentido desde el CGAE en colaboración con el Consejo Gnal de Trabajadores Sociales al Ministerio de Economía. Viene avalado por la experiencia exitosa de Terrasa donde la relación de ambos colectivos es muy buena. La acogida no fue del todo buena porque desde Economía se piensa que se entorpece el proceso judicial aunque realmente los datos revelan que una ejecución con un lanzamiento supone un periodo de dos años y la propia mediación algo más de un mes. Para que lo vea mejor es un proceso parecido a la conciliación, en el ámbito laboral, antes de la demanda por despido. Confiemos que con la entrada en vigor de la citada directiva, nuestra petición, ya será la tercera vez que nos escuchen encaje en ese nuevo contexto. Será parecido al de la justicia gratuita y no creo que tenga una duración indeterminada tal y como están las cosas. Eso sería la señal que la crisis va amainando. ¿Tan complicado es crear una ley de segunda oportunidad para familias y particulares que no les esclavice con sus deudas? No debería serlo en la práctica. Si uno revisa el Código Civil, en su artículo 3 se señala que las leyes tienen que adaptarse a los momentos sociales. El legislador tiene que salir a la calle y ver cuáles son los problemas. En la quiebra del mundo empresarial y del social somos culpables todos; administración, banca y personas. De estos actores, las personas los menos culpables. Que no existan los concursos de personas físicas supone un atentando a la igualdad respeto a las personas jurídicas. Si éstas pueden quebrar el negocio y someterse a concurso y volver a iniciar el negocio no entendemos que las personas físicas no lo hagan. Respecto a la Ley de Tasas. Al final ha quedado un modelo, algo suavizado por la actual Defensora del Pueblo… Vuelvo a hablarle de sensibilidad, o mejor de dicho de falta de sensibilidad. No entiendo cómo se aprueba una normativa de este tipo en un momento en el que los recursos económicos de los españoles son escasos. Este no era el momento adecuado para gravar el acceso a la justicia. Ahora esta medida atenta contra la tutela judicial efectiva. Si vivimos un momento tan duro es porque cuesta muchos esfuerzos llegar a fin de mes. Tampoco los cambios hechos a instancia de la Defensora del Pueblo han servido para algo. Volvemos otra vez al parcheado, ya utilizado por el Gobierno en materia hipotecaria como antes le comenté. Y sobre la Justicia gratuita ¿Cómo puede pervivir el modelo en un contexto con más perceptores de este servicio de mínimos? Habrá que trabajar en esa dirección de su consolidación. Ahora se ofrece el servicio a aquellas personas que no superen el doble del salario mínimo interprofesional. Pero habrá que ser flexible porque puede haber casos que se superen por poco y esa familia tenga cinco hijos, por ponerle un ejemplo. Es el momento de reformar la actual de Ley de Justicia Gratuita de tal forma que haya ciudadanos que tengan acceso ilimitado a la justicia por falta de medios. Este perfil habrá que definirlo muy bien y darle toda la cobertura posible. También habrá que hacer un cribaje para ver la sostenibilidad real de esas acciones que luego llegan a ese modelo gratuito. Otra opción que se plantea es la de un posible copago, donde a partir de ciertas cantidades de recursos económicos, el Estado pague una cantidad y otra el justiciable, desde un modelo escalonado. Pero hay que proteger al más débil. En este resurgir de la abogacía en la sociedad va a tener mucha importancia el nuevo Estatuto de la Abogacía, ahora en periodo de enmiendas… Estamos hablando de una de las normas internas básicas que regula el ejercicio de nuestra profesión a lo largo de su historia. También determina el papel de los colegios, tanto a nivel provincial como autonómico y el propio CGAE y la propia función social del abogado. En este contexto, comentarle que existen muy buenas relaciones entre la abogacía catalana y la española, en el marco de los problemas de Catalunya con el Gobierno español. Eso hace que tengamos las mismas inquietudes y prioridades en los temas de fondo. Queremos que la sociedad sepa que estamos los abogados como colectivo para defender sus intereses y su derecho a la tutela judicial efectiva sin otro interés que nuestro fin social antes ya comentado. . Esta cuestión es clave para garantizar el actual Estado de Derecho. ¿Cómo va a quedar el mapa colegial en el futuro sabiendo que Economía ha filtrado un anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que reduce bastante estas instituciones? Confiemos que no sufra ningún cambio esencial. Los 83 decanos actuales somos conscientes que el modelo actual funciona, con lo cual tocarlo no es necesario. En los temas de justicia es fundamental la confianza que se genera por la proximidad que tienes con tu colegio. Le pongo el ejemplo de Catalunya. Centralizar los servicios de turno de Oficio en Barcelona sería descabellado para ciudadanos de Figueres o Tortosa. Perderían demasiado tiempo suyo con todas estas gestiones. El modelo que se ha filtrado de un colegio por comunidad autónoma no es práctico. También para instituciones como el CICAC no sería nada práctico ni útil. La existencia de los Colegios permite controlar la deontología de los letrados y asegurar que éstos tengan una formación continuada adecuada, así cualquier intrusismo profesional que surja en la actividad diaria del ejercicio de esta profesión. A estos elementos hay que añadir que la pervivencia de los Colegios no le cuesta al Estado un duro. Estas entidades se nutren de las cuotas de sus colegiados. Desconocemos la fijación del PP en nuestras entidades colegiales y porqué es debido. Por último, ¿Qué nos puede decir del esfuerzo reformista del Ministro Gallardón? Creo que está mal enfocado y se advierte el no haber pisado nunca los juzgados y tribunales, pues estuvo escasamente un mes como Fiscal antes de entrar en política. Apoyaremos las reformas desde la abogacía cuando se nos escuche de verdad. De todas formas este Gobierno escucha muy poco y de forma especial el propio Ministro de Justicia. Es un dato sintomático que jueces, fiscales y toda la abogacía en pleno, hayan cuestionado su programa de reformas. Hay reformas como las anunciadas del Código Penal poco afortunada sobre todo en nuevos figuras como la cadena perpetua revisable que cuestiona nuestro sistema penal donde la reinserción era lo importante. Ahora La propia normativa penal genera escasa seguridad jurídica a los ciudadanos con tantas reformas en tan pocos años. Figuras como la de la liberalización del aborto o la citada cadena perpetua revisable son de gran contenido ideológico y cualquier progresista estaría a favor de la primera de ellas y en contra de la segunda, y al revés desde una óptica conservadora.. Necesitan siempre de un consenso amplio entre operadores jurídicos.
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