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Esta vencida semana de Abril será recordada por el Auto de imputación contra la Infanta Cristina realizado por el Juez José Castro en el marco de las Diligencias de Investigación del “caso Palma Arena”, por razón de las vinculaciones de la séptima persona en la línea sucesoria al trono con el Instituto Nóos y con la mercantil Aizoon. El mismo Juez instructor que hace poco más de un año entendió que no existían suficientes indicios como para tomar declaración en tal condición a la Infanta, que recordemos no es aforada, sólo lo es el Rey dentro de la Casa Real, decide ahora escucharla como imputada. Desde el punto de vista social, popularmente, declarar como imputado supone una mala suerte de descrédito y condena pública anticipada. Rige el refrán de que … cuando el río suena agua lleva. En puridad procesal no debiera ser así. El declarante tiene la oportunidad de despejar cualquier duda sobre su grado de implicación en los hechos objeto de una investigación que pudiera tener trascendencia penal. En este trámite en el derecho anglosajón se usa el término sospechoso, que contiene menos connotaciones peyorativas. Sin ser la imputación una suerte de condena procesal, lo cierto es que estamos ante un hecho nunca antes conocido en España, en un momento especialmente delicado para la Monarquía. Que se haya producido ahora demuestra que existen Jueces todavía independientes. Su propia producción, bien manejada por la Casa Real, pudiera ser incluso benefactora, pues humaniza a sus miembros y lleva al “pueblo” a soñar con que todos somos iguales ante la Ley. Utópica quimera. Ya se rumiaba en las calles de esta España nuestra que debiera tener el mismo trato que la esposa de Diego Torres, el socio del balonmanista Urdangarin. Pero el orgullo del linaje, que les viene perdiendo desde que enviaron a la Infanta y su marido a la capital USA, en Junio del 2009, les impedirá coger este último tren para salvarse. El recurso de la Fiscalía para evitar la condena de las cámaras fotográficas y de las televisiones el día señalado inicialmente para la declaración de la Infanta Cristina, ya suspendida, demuestra que se empecinan en su error y que el daño por ello será irreparable. ¿Qué debieran haber hecho?: Sabiendo lo que podía salir, no perder el control de la defensa de Diego Torres; sabiendo que la esposa del Sr. Torres iba a ser imputada o ya lo estaba, instar la declaración de la Infanta, a petición propia, a nivel judicial y mediático; tratar de pactar con la Fiscalía, que precisamente trata de proteger a la Infanta ahora, una salida digna, que pasaría por las condenas del Sr. Torres y del Sr. Urdangarin, con devolución formal de lo que se han llevado, en reparación voluntaria de lo defraudado, perdiendo formalmente hasta la camisa (incluido el Golf clásico que conduce ahora el balonmanista) ya que el buen nombre es irrecuperable; Y con ello, conseguir que no sigan entrando “mails al Juzgado”, dejando fuera de plano a las respectivas esposas, en beneficio de la Infanta, que paralelamente iniciaría trámites de divorcio, pues no sabía nada y su único pecado es la ingenuidad de una princesa. Estoy convencido que lo pensaron y que algún Letrado experto así les pudo asesorar. Les perdió la creencia de que un Juez de pueblo no se atrevería. Lo ha hecho, quizás su edad, 67 años, sea la causa. Tiene la carrera hecha. También debieron ver que en el pasado cercano tampoco le tembló la mano con Jaume Matas, cuando era el mandamás de Baleares. Demasiados fallos. Veremos.
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