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El sector inmobiliario ha sido una de las piezas clave que han sostenido el crecimiento de la economía española en las dos últimas décadas. Sin embargo, la situación de crisis económica en la que estamos inmersos exige el planteamiento de nuevas medidas que contribuyan a revitalizar la actividad inmobiliaria en España. Con este objetivo, la Fundación Impuestos y Competitividad ha patrocinado la realización de este Proyecto de Reforma del Marco Legislativo de la Actividad Inmobiliaria, en el que se detectan las principales anomalías y problemas que presenta la actual normativa de fiscalidad inmobiliaria y se ofrecen una serie de recomendaciones y propuestas de mejora que coadyuven a la necesaria recuperación de esta actividad. Se trata de un trabajo colectivo, que ha sido editado a través de E.praxis, recogiendo bajo la coordinación de Uría Menéndez la opinión de representantes del ámbito del asesoramiento fiscal, la universidad y el mundo empresarial. Sin perjuicio de las propuestas concretas a enumerar, a lo largo del Proyecto subyacen varias ideas conductoras que resulta interesante comentar. Por un lado, se pone de manifiesto la necesidad de que exista una mayor coordinación entre los distintos niveles de las administraciones públicas que reduzca la complejidad y evite que la disparidad en el tratamiento fiscal de un mismo supuesto en distintas Comunidades Autónomas introduzca distorsiones en la oferta y la demanda territoriales y afecte a la toma de decisiones empresariales. Por otro lado, sería recomendable introducir una mayor dosis de seguridad jurídica para los inversores a través de una aclaración de los hechos imponibles de determinados impuestos y de una fijación de criterios e interpretaciones por parte de la Administración. Otra importante recomendación es que, en línea con los principios de la normativa comunitaria, el IVA grave la totalidad del tráfico empresarial inmobiliario, sin que la fiscalidad asuma un papel protagonista en el proceso de toma de decisiones empresariales. En cuanto a la estructura del Proyecto, la primera parte del estudio contiene un análisis hacendístico-competencial que aboga por la ya mencionada coordinación entre las distintas administraciones públicas a nivel normativo y competencial. La segunda parte del estudio realiza un detallado análisis técnico-tributario de las distintas figuras impositivas tratando de identificar áreas de mejora y hacer recomendaciones orientadas a mejorar el sistema fiscal inmobiliario. Entre las concretas medidas sugeridas cabe destacar algunas de mayor relevancia. Aunque la garantía del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna debería idealmente basarse en políticas activas de prestación, el estudio considera el posible establecimiento de estímulos fiscales. En esta línea se enmarcan el posible mantenimiento de la deducción por adquisición de vivienda habitual con limitación a los sujetos pasivos con rentas más bajas o la introducción de una deducción permanente para rehabilitación de la vivienda habitual. Resulta asimismo prioritario favorecer el alquiler como otra de las vías para reducir el stock de viviendas vacías, tales como la introducción de un supuesto de exención de las plusvalías por transmisión de viviendas para adquirir otras que se vayan a dedicar al arrendamiento o el tratamiento de las rentas por arrendamiento como rentas del ahorro en IRPF. Asimismo, extender los beneficios en el IP y en el ISD a supuestos en los que se desarrolle la actividad de arrendamiento de inmuebles sin necesidad de contar con el costoso y muchas veces innecesario requisito de local y empleado. Tal y como se avanzaba anteriormente, la normativa del IVA debe gravar toda la actividad empresarial o profesional inmobiliaria, desde el inicio del proceso urbanizador hasta el momento en el que el bien inmueble pasa a ser de uso particular. Asimismo, sería recomendable que se clarifique el deslinde entre el IVA y el ITP y AJD en supuestos como los de transmisión de negocios en marcha, considerando una magnífica noticia la reciente reforma del artículo 108 de la LMV, sin perjuicio de la deseable aclaración de las principales dudas que la aplicación del nuevo precepto genera. Otro tema de especial relevancia, teniendo en cuenta el elevado número de refinanciaciones de deuda con garantía hipotecaria que se están acordando en los últimos años, es la inseguridad jurídica a la que se enfrenta el deudor en la aplicación a estas operaciones del AJD. Sería muy recomendable unificar el tratamiento fiscal aplicable de determinadas figuras cuando no existan razones jurídicas que justifiquen la aplicación de una fiscalidad distinta. En relación con la tributación por IRnR, puede incentivarse la inversión extranjera, con la clarificación del tratamiento fiscal en España de las inversiones, realizadas por determinadas entidades ajenas al régimen legal español (como trusts, partnerships y otras entidades sin personalidad jurídica). Del mismo modo, cabe destacar la problemática generada por la difícil coexistencia de valoraciones dispares para unos mismos bienes, sería recomendable que se admitiese la vinculación, para todas las administraciones y todos los impuestos, de las valoraciones efectuadas por la Administración a petición de los contribuyentes. Por último, en materia de imposición local, deberían articularse mecanismos para que el valor catastral cumpliese realmente su función de medición de la capacidad económica derivada de la propiedad inmobiliaria.
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