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El
ICAB
alerta
que
las
últimas
medidas
adoptadas
por
el
gobierno
en
materia
de
desahucios
no
son
efectivas |
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MADRID,
24
de
ABRIL
de
2013
-
LAWYERPRESS |
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El
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
(ICAB)
considera
que
las
últimas
medidas
aprobadas
por
el
gobierno
en
materia
de
desahucios
no
son
efectivas
y
que
se
está
perdiendo
una
oportunidad
única
de
encontrar
soluciones
reales
que
puedan
aliviar
el
sufrimiento
de
las
personas
afectadas
por
los
procedimientos
de
ejecución
hipotecaria.
Por
este
motivo,
y
ante
el
hecho
que
el
Senado
aprobará,
próximamente,
la
“Proposición
de
Ley
de
medidas
para
reforzar
la
protección
a
los
deudores
hipotecarios,
reestructuración
de
la
deuda
y
alquiler
social”,
el
ICAB
quiere
alertar
que
no
dará
solución
definitiva
a un
problema
social
y
humano
tan
grave
como
el
que
se
deriva
de
las
ejecuciones
hipotecarias
sobre
las
viviendas
familiares
de
las
personas.
El
decano
de
los
abogados
de
Barcelona,
Pedro
L.
Yúfera
afirma
que
“es
inaceptable
que
el
ordenamiento
jurídico
español
no
contenga
una
regulación
integral
del
sobre
endeudamiento
personal
y
familiar
que,
en
cambio,
tienen
los
países
de
nuestro
entorno
europeo
y
occidental.
Una
regulación
legal
que,
entre
otras
circunstancias,
permitiría
exonerar
las
deudas
al
deudor
insolvente
de
buena
fe
que
es
persona
física,
mediante
un
concurso
de
acreedores
específico
desjudicializado
que,
además,
permitiría
paralizar
la
ejecución
hipotecaria
de
la
vivienda
habitual
de
este
deudor”.
Y
añade:
“Sólo
una
solución
de
estas
características
puede
ofrecer
un
mecanismo
que
permita
a
las
familias
“salir
adelante”
ante
una
situación
de
ejecución
hipotecaria
no
querida
que
afecta
a su
vida
y,
en
muchos
casos,
a la
totalidad
de
su
patrimonio,
condenándolas
a
una
deuda
eterna
impagable
y a
la
exclusión
social.
Dejar
pasar
esta
oportunidad,
cerrando
en
falso
el
problema,
resultaría
inaceptable”.
El
decano
del
ICAB
recuerda
que
la
abogacía
catalana
elaboró
diferentes
propuestas
que
fueron
entregadas
a la
Comisión
de
Justicia
del
Congreso
de
los
Diputados
(el
29
de
marzo
de
2011)
y a
la
Subcomisión
de
Vivienda
del
Congreso
de
los
Diputados
(el
14
de
septiembre
de
2011)
en
las
que
mediante
la
modificación
de
determinados
artículos
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
civil
(LEC)
se
daba
solución
a la
problemática
de
las
subastas
de
la
vivienda
habitual
en
España.
A
pesar
de
los
esfuerzos
por
introducir
estas
propuestas
durante
la
tramitación
de
los
proyectos
de
ley
que
por
razón
de
la
materia
podían
haberse
incorporado
(a
los
proyectos
que
acabaron
siendo
las
Leyes
37/2011,
del
10
de
octubre,
de
medidas
de
agilización
procesal
y
38/2011,
de
10
de
octubre,
de
reforma
de
la
Ley
Concursal),
ninguna
de
estas
propuestas
fue
admitida;
ni
lo
ha
sido
con
posterioridad,
hecho
que
ha
provocado
que
el
problema
de
las
ejecuciones
hipotecarias
se
haya
ido
agravando.
Yúfera
también
explica
que
los
abogados
han
estado
trabajando
para
encontrar
una
solución
a
esta
grave
problemática,
ya
sea
a
través
de
los
estudios
realizados
por
la
Comisión
de
normativa
del
ICAB
como
a
través
de
los
acuerdos
establecidos
con
la
Diputación
de
Barcelona
y la
Generalitat
para
prestar
asesoramiento
a
los
ciudadanos
sobre
los
contratos
hipotecarios
firmados.
Y
también
a
raíz
del
convenio
firmado
con
el
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Cataluña,
la
secretaría
de
gobierno
del
TSJC,
el
Ilustre
Colegio
de
Procuradores
de
los
Tribunales
de
Barcelona,
el
Departamento
de
Justicia
de
la
Generalitat
y el
Ayuntamiento
de
Barcelona
para
que
los
abogados
puedan
alertar
en
sus
escritos
sobre
las
circunstancias
del
riesgo
social
en
que
puedan
incurrir
sus
clientes.
Además,
el
ICAB
creó
de
forma
inmediata
un
grupo
de
trabajo
de
juristas
expertos
para
mejorar
y
perfeccionar
las
propuestas
iniciales
que
había
hecho
cuando
el
Congreso
convalidó
el
Real
Decreto-Ley
27/2012
de
15
de
noviembre,
de
medidas
urgentes
para
reforzar
la
protección
de
los
deudores
hipotecarios
y
decidió
tramitarlo
como
proyecto
de
ley.
Las
conclusiones
de
este
estudio
fueron
presentadas
a la
opinión
pública
-en
una
rueda
de
prensa
celebrada
el
20
de
diciembre
de
2012-,
esperando
que
el
legislador
se
diera
cuenta
de
la
necesidad
de
entrar
a
fondo
en
la
modificación
de
la
normativa
vigente;
de
manera
que
se
consiguiera
el
equilibrio
y la
justicia
necesaria
en
la
regulación
de
este
tipo
de
procedimientos.
Por
todo
esto,
el
ICAB
lamenta
que
ni
en
aquel
momento,
ni
ante
la
sentencia
del
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea,
de
14
de
marzo,
en
la
que
se
cuestiona
el
procedimiento
judicial
de
ejecución
hipotecaria
prevista
en
la
ley
española,
el
legislador
no
haya
actuado
y
que
hayan
tenido
que
ser
los
jueces,
quienes,
como
conocedores
en
primera
línea
de
la
realidad
social
existente,
hayan
tomado
las
medidas
de
urgencia
para
intentar
aplicar
la
sentencia
de
la
UE.
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