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Aforo completo en la Universidad de Comillas, anfitrión para conocer las pautas del informe elaborado por la consultora Estudio de Comunicación y el diario ABC sobre las relaciones institucionales, aquellas que unen a políticos y empresarios. En opinión de Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia, que clausuró el acto, “este tipo de relaciones son clave para la democracia desde el diálogo, siempre que vengan respaldadas desde la franqueza, la verdad y la transparencia”. Desde su punto de vista esconderse en la mentira es complicado en un escenario con tantas fuentes informativas “ y es, el engaño, lo que hace que el ciudadano se distancia del político, como de aquel medio informativo que no sea riguroso en sus noticias”. Junto a él estuvieron en la mesa presidencial, Bieito Rubido, director de ABC, Julio Martínez, rector de Universidad de Comillas ICADE y Benito Berceruelo, director de Estudio de Comunicación, presentes en la foto. Directores de Comunicación, consultores de primera fila y empresarios acudieron en masa a esta convocatoria; un evento para presentar las conclusiones de una encuesta realizada a más de un centenar de políticos; diputados, senadores, alcaldes etc, de cara a ver cómo perciben las relaciones institucionales. Tal y como señaló Berceruelo en su turno de palabra, el 84% de los políticos encuestados ve positiva esa relación; otro 79 por cien considera que esa información que reciben de las empresas es útil mientras que el 63% indica que mantener relaciones institucionales con ellos es sencillo, aunque otro 46 por ciento revela que no tienen mucho tiempo para este tipo de encuentro con los empresarios. Curiosamente muchos de los entrevistados prefieren hablar de relaciones institucionales que de lobby, solo un 6 por ciento de los encuestados les parece bien el ´termino. Entre el público charlamos con Paco de la Fuente, director de comunicación del Grupo Leche Pascual, quien nos indica como su corporación, una de las más importantes del sector agroalimentario español tiene organizado en dos cabezas visibles este tema. “De momento las relaciones institucionales son competencia de Oscar Hernández, con el que trabajo muy estrechamente en diferentes temas. Nosotros además de las relaciones con los políticos nos preocupan mucho aquellas otras que establecemos con las asociaciones del sector”. Figura extendida en sector legal La labor de relaciones institucionales parece bastante introducida en el mundo de la abogacía. Otro caso es el desempeño específico. En grandes despachos son los socios directores de las oficinas quienes hacen esa labor con las autoridades locales especialmente. Y da la sensación que en función de la autoridad política o empresarial que se vaya a visitar es uno otro responsable dentro de ese bufete. En otros despachos como Medina Cuadros Abogados, tuvieron claro que era necesario crear ese puesto para poder tener mejor relación con el mundo político y asociaciones empresariales. Eso hizo que Raúl Rodríguez dejara la cadena SER para ocupar este puesto en la estructura de la firma. Tanto él, como David Jiménez responsables de comunicación realizan de forma periódica trabajos conjuntos y dependen del socio director de la firma al que reportan. Gonzalo Ulloa, presidente de Gómez-Acebo & Pombo y Joaquín García Romanillos, máximo responsable de la Fundación Fernando Pombo, son otros ilustres asistentes a este evento. Tienen claro que las relaciones institucionales se organizan a diferentes niveles, apoyados por los equipos de marketing y comunicación. “En un despacho como el nuestro, explica Ulloa, este tipo de contactos debe hacerlos el presidente de la entidad o el socio director de la firma”. Por su parte, Romanillos, advierte el poco grado de transparencia de las instituciones jurídicas de cara a desarrollar este tipo de relaciones con terceros “gracias a la Fundación mantenernos contacto estrecho con todo tipo de entidades como lo acredita la puesta en marcha del Observatorio de la Presunción de Inocencia, un organismo en el que colaboran magistrados, abogados, instituciones y medios informativos”. Empresas y políticos deben según otros expertos consultados comunicar mejor y están condenados a entenderse. Algunos recordaban a este periodista como ya existe en nuestro ordenamiento el llamado delito de tráfico de influencias, quizás no del todo bien regulado que requiere esa figura. Por este motivo no es de extrañar que se espere con impaciencia qué pueda aportar en este terreno específico la futura Ley de Transparencia que tramita el Gobierno de Mariano Rajoy. Y es que en este escenario este tipo de relaciones, siempre, como apuntaba el director de Estudio de Comunicación, entidad que cumple ahora 30 años de vida, “enfocadas hacia un bien común” son muy necesarias en nuestro entorno democrático.
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