Sentencia del TJUE Ejecuciones Hipotecarias: Las reglas del juego han cambiado por Carlos Guerrero

1. Las causas de oposición se encuentran tasadas, no pudiéndose contemplar otras distintas de las recogidas en el art. 695 de la L.E.C., por consiguiente añadían que ninguno de los motivos alegados por los ejecutados puede englobarse entre los mencionados por dicho artículo.

2. Sobre los intereses de demora. Los bancos se oponían de la siguiente manera.
En base al Art. 1.108 del Código Civil, la entidad financiera acordaba, “en claro ejemplo de la autonomía de la voluntad de las partes” un interés de demora del 19 %.
Asimismo, añadían que ninguna normativa concreta determina de modo expreso cuál ha de ser el límite de los intereses de demora, sin que puedan negar la legislación en materia de consumidores y usuarios.
También recurrían al Tribunal Supremo alegando que ha desarrollado una doctrina contraria a la consideración de los intereses moratorios como abusivos.
Consideraban en sus alegaciones la “irrelevancia” de la Ley de Crédito al Consumo, que en su art. 19.4 estipula el carácter abusivo del tipo de interés superior al 2,5 veces el interés legal del dinero.

3. Sobre la legalidad de la cláusula de vencimiento anticipado.
En base al 1.255 del Código Civil el Tribunal Supremo se ha manifestado a favor de dicha cláusula, según las reiteradas alegaciones de los bancos. Y añaden que no hay que debatir sobre el asunto y que nada impide al los deudores a que se pongan al día de las cuotas atrasadas, tal y como establece el 693.3 Lec.

4. Sobre la pretendida suspensión con base en el 43 de la Lec.
Los motivos que pudieran servir de base a una suspensión son única y exclusivamente los mencionados en los artículos 695.2, 696.2 y 697. Ninguno de estos supuesto concurre en el presente caso.
Por tanto alegar el art. 43 Lec implica para los bancos una clara vulneración del principio de legalidad.

5. Sobre la pretendida vulneración de la normativa de consumidores y usuarios.
La supuesta abusividad de alguna de las cláusulas del contrato no es objeto de esta litis. Estamos ante un proceso sumario y especial de ejecución donde cuestiones como la condición de consumidor del ejecutado y la abusividad de cláusulas no pueden ser objeto de debate. Es más, el art. 698 Lec prevé que para cualquier cuestión que quiera suscitar el ejecutado fuera de las únicas causas de oposición permitidas en el 695 Lec deberá acudir al juicio que corresponde sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpece el procedimiento de ejecución.

6. Sobre la pretendida suspensión con base a la cuestión prejudicial C415/2011.
Antes de la sentencia de 14 de marzo de 2013, las entidades financieras se oponían a la suspensión alegada por el deudor en base a la cuestión de prejudicialidad C415/2011, no son vinculantes más allá del propio adjunto pendiente de fallo.

En resumen, éstas son los argumentos de las entidades financieras que han esgrimido en los juzgados los últimos meses en procesos de ejecución hipotecaria cuando los deudores alegaban cláusulas abusivas y suspensión del procedimiento.

Ahora con la irrupción de la sentencia del TJUE, las cosas han cambiado:

Respecto al primer punto que alegan los bancos, con una medida cautelar presentada en un declarativo, se podrá suspender el procedimiento de ejecución, en virtud de la ilegalidad del artículo 698 de la Lec.

Asimismo, sobre los intereses de demora, cabe decir que casi todas las hipotecas firmadas entre los años 2002 y 2008 en España contienen intereses de demora totalmente abusivo. La sentencia nos permitirá alegarlo en un declarativo y afectará a la hipoteca y el ejecutado podrá reducir deuda.

El punto tercero, puede ser devastador para el banco ya que en virtud de la sentencia, podría llegarse archivar el procedimiento, sin proceder a la ejecución.
En el punto cuarto, ahora el deudor podrá suspender el procedimiento de ejecución con una medida cautelar, algo impensable hasta ahora.

Sobre le punto quinto, reitero lo afirmado en el primer punto, el artículo 698 Lec, que tanto utiliza la banca incumple el derecho comunitario.

Y el punto sexto simplemente añadir que desde ayer podemos afirmar que es el comienzo de la verdadera protección del consumidor. Que esta sentencia no es el final del camino, todo lo contrario, son las nuevas reglas del juego, que deben cumplir también los bancos.

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