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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
El Colegio de Abogados recuerda que las modificaciones se limitan tan sólo a la parte variable, de modo que dejan intactas unas cuantías fijas que, en muchos casos, resultan desorbitadas
El ICAIB se suma a la petición de la abogacía española de exigir a Justicia la derogación de la Ley de Tasas, por considerar que el cambio no resuelve el riesgo de indefensión en que quedarán muchos ciudadanos
El propio ministerio reconoce públicamente que “las medidas aprobadas tendrán una incidencia inferior al 5% respecto a los 306 millones previstos en la memoria económica de la ley de tasas”
Ayer domingo 24 de febrero entró en vigor el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, modificaciones que el decano del ICAIB, Martín Aleñar, ha calificado públicamente de brindis al sol dado que, en su opinión, la modulación a la baja de determinadas tasas es absolutamente insuficiente y no resuelve el ataque contra el derecho de acceso a la justicia que ha supuesto la aprobación de la ley de tasas para muchos ciudadanos. Lo cierto es que, aun cuando se valora de forma satisfactoria alguna medida concreta, como es, por ejemplo, la supresión de las tasas en algunos casos, la abogacía advierte de que lo que el ministerio quiere “vender” como una rebaja del 80% de las tasas es en realidad una “minirebaja” de las cuantías que deben pagar los ciudadanos, puesto que las reducciones aprobadas tan sólo afectan a la parte variable de las tasas, pero no a la parte fija que, en algunos casos y, sobre todo, en los recursos, resultan absolutamente desorbitadas. El ICAIB lamenta también que en momentos como el actual, caracterizados por una seria crisis económica asociada a graves índices de destrucción de empleo, el Gobierno insista en mantener la aplicación de tasas en los recursos de las resoluciones judiciales en el orden social. En este sentido, se preguntaba el jueves el decano del ICAIB,“con una tasa de paro que en 2012 supero el 26%, ¿cómo puede pretenderse que recurrir una decisión en el orden laboral cueste, como mínimo, 500 euros?”. De hecho, el propio ministerio reconoce la escasa incidencia de las modulaciones aprobadas, ya que, de hecho, en el comunicado que colgó en su página web tras el consejo de ministros del viernes 22 de febrero, asegura textualmente que “las medidas aprobadas tendrán una incidencia inferior al 5% respecto a los 306 millones previstos en la memoria económica de la ley de tasas”. Por estos y otros motivos, el ICAIB, se suma a la abogacía española a la hora de exigir la inmediata derogación de la Orden ministerial de desarrollo de la Ley de Tasas, con la consiguiente suspensión de su aplicación, y la apertura de un periodo de diálogo y negociación con todos los operadores jurídicos que, añade el Consejo General de la Abogacía Española, “de haberse producido en su momento, habría evitado el atropello de los derechos constitucionales de los ciudadanos”.
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