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NOTICIAS del Sistema Judicial Español
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, “ALTODO” pide en un comunicado enviado esta mañana a los medios, la fulminante dimisión de la Defensora del Pueblo y del Ministro de Justicia. La asociación califica de “dejación de funciones” la decisión de Soledad Becerril de no imponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas. Comunicado de "ALTODO" Esta Asociación considera inaceptable y muy grave dejación de funciones la decisión de la Defensora del Pueblo de no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas, por ser una ley injusta y vulneradora de derechos fundamentales, y por suponer un ataque frontal a la ciudadanía que dicha institución tiene obligación de defender. La Defensora del Pueblo ha dejado transcurrir el plazo para recurrir, amparándose en la mera promesa verbal del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, Don Alberto Ruiz Gallardón, de rebajar sustancialmente las tasas, cuando lo prudente hubiera sido interponer el recurso, sin perjuicio de su eventual retirada posterior si en efecto dicha promesa se plasma y concreta en una ley derogatoria o sustancialmente modificatoria. Tan grave irresponsabilidad y abandono de los más elementales deberes que la Defensora del Pueblo juró defender, no puede tener otra consecuencia más que su inmediata dimisión o su fulminante cese por el Congreso de los Diputados, por la causa prevista en el Art. 5.1.4 de la Ley Orgánica 3/1981, de seis de abril. Reiteramos, asimismo, nuestra petición de que dimita o sea fulminantemente cesado el Ministro de Justicia, Don Alberto Ruiz Gallardón, al haber demostrado carecer de la necesaria mesura y templanza para el ejercicio de su alta función, aprobando precipitadamente una Ley que muy poco tiempo después se ha visto obligado a retocar a petición de las instituciones que se negó a escuchar con carácter previo a su aprobación. La anunciada supresión de la tasa en algunos supuestos, y la rebaja de la tasa variable en más de un 80 %, aun siendo aún notoriamente insuficiente, es la prueba más evidente de su fracaso y de su clamoroso e inaceptable error. Esta Asociación considera que la reforma operada por Real Decreto Ley 3/2013 de 22 de febrero, no convierte en constitucional el texto en vigor, cuya inmediata y completa derogación exigimos, o al menos su suspensión cautelar hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, sin que la posterior inversión de lo recaudado en el servicio de justicia gratuita pueda servir de tapadera, excusa o cortina de humo para esconder la manifiesta ilegalidad de la norma. LA JUNTA DIRECTIVA
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