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NOTICIAS del Sistema Judicial Español
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha afirmado, sobre la huelga convocado por jueces y fiscales el próximo 20 de febrero, que lo "deseable" es "encontrar soluciones desde el diálogo". Bravo se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con la presidenta del TRIBUNAL SUPERIOR de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, en compañía del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa. Bravo, preguntada por su opinión sobre la huelga, ha recordado que el Consejo ya se pronunció sobre este asunto hace casi cuatro años, en 2009, y estableció que no había un marco legal que regulara el derecho de huelga de los jueces, por lo que en ese momento no se atendió a la petición de servicios mínimos. La portavoz del Consejo ha afirmado que "ésta es la situación y la posición". También ha indicado que lo "deseable" es, al margen de respetar el derecho y la libertad de cada uno, "encontrar las soluciones desde el diálogo, y sobretodo en un momento como éste, en el que el país está acuciado por esta grave crisis económica, y ya no solo económica, sino institucional". Al respecto, ha lamentado que la ciudadanía "está perdiendo la confianza en las instituciones y en el sistema democrático, y es muy importante que los jueces del país estén a la altura, porque ellos son los garantes no solo de los derechos de los ciudadanos, sino también de las instituciones democráticas". Por otro lado, preguntada por el informe elaborado por el CGPJ en el que se rechaza el anteproyecto de reforma del organismo, ha comentado que este texto recoge que "hay problemas de inconstitucionalidad, no solamente con lo relativo al estatuto de los vocales, sino además por cuestión de reforma parcial". Asimismo, el informe crítico "entiende que el desaporedamiento que sufre el Consejo como consecuencia no solamente de la reducción del número de comsiones, sino de supresión de potestad reglamentaria, supone un ataque a la independencia judicial", ha puesto de manifiesto.
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