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ICADE impulsa desde el 2005 un Grupo de Investigación sobre Derecho y Lenguaje que pretende trabajar en la mejora de la comprensión del lenguaje jurídico
“Hay que romper el círculo vicioso que se establece cuando la legislación no es compresible; abogados y jueces hacen una interpretación también compleja con posterioridad de la misma, con lo cual el destinatario final, el ciudadano no acaba de entender esa normativa. En Alemania se han dado cuenta del problema y trabajan en la creación de leyes que se entiendan”, es la primera reflexión que nos hace Cristina Carretero, profesora de Derecho Procesal y una de los responsables del Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje, una iniciativa puesta en marcha hace ocho años en ICADE, cuyos trabajos están siendo reconocidos por la propia comunidad jurídica de nuestro país. Hace unos días se organizó una jornada para analizar el papel del Derecho y los Tribunales en los medios de comunicación. Moderada por Cristina Carretero, profesora Derecho Procesal y fundadora del grupo de investigación, la sesión contó con la participación del profesor Arturo Beltrán, magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid y especialista en jurisdicción penal, y de los periodistas María Peral, José Yoldi y Susana Nieves, que han sido responsables transmitir la realidad de los tribunales en algunos de los casos más importantes de los últimos años. A juicio de los promotores del encuentro, los medios de comunicación son el factor más importante para transmitir los acontecimientos jurídicos y judiciales. En función de la calidad de esta comunicación, el acercamiento del público a lo ocurrido en el mundo del derecho podrá resultar más fidedigno y comprensible. Por eso, el objetivo de la sesión era ofrecer a los asistentes, que llenaron la sala, una mayor aproximación a la generación de la noticia jurídica, a su obtención y redacción, con sus luces y sus sombras. Desde su experiencia en los tribunales, Arturo Beltrán destacó la disponibilidad de los órganos jurisdiccionales para facilitar información a los medios, siempre que no se comprometa el proceso. No obstante, reconoció, que habría que revisar la labor de los gabinetes de comunicación que hay en algunos de estos órganos. Con la vista puesta en los medios, se refirió a dos tipos de informadores: los profesionales, a los que reconoció su labor, y el resto, cuyas informaciones pueden llegar a resultar muy perjudiciales. “Es positivo que los medios de comunicación informen de la actividad jurisdiccional siempre que se haga responsable y profesionalmente, ya que los llamados tertulianos suelen desconocer, profundamente en ocasiones, la cuestión de la que hablan”, aseguró. María Peral recordó que el Tribunal Constitucional ya estableció los límites específicos del secreto sumarial. A su juicio, las filtraciones de noticias pueden resultar muy oportunas. De hecho, considera que la palabra “filtración” tiene su vertiente positiva porque permite que la información nos llegue a todos y abre la posibilidad de crear opinión pública; además, se utiliza como sistema de control del poder en las sociedades democráticas. Sin embargo, recomendó cautela y recordó la obligación del periodista de contrastar la información que le llega por medio de una filtración: “Hay que corroborar, contrastar y verificar la información”. Peral, que ha sido miembro de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, indicó que una buena preparación en materia de redacción y oralidad es tan deseable para los sujetos que redactan resoluciones o escritos jurídicos, como para los periodistas que escriben sobre ellos, para evitar confusión y desinformación. Luces y sombras del periodismo Las luces y a las sombras del periodismo de tribunales fueron desgranadas por José Yoldi. Entre los aspectos positivos destacó la capacidad de control del poder que se ejerce al poner a disposición del público noticias que de otro modo quedarían ocultas. Como aspecto negativo, citó la censura ejercida desde los propios medios de comunicación con relación a la aparición de ciertas noticias “sensibles”. Para Yoldi, las fuentes de la noticia jurídica más fiables son los jueces y los fiscales, aunque, reconoció que hay otras y muy variadas. Susana Nieves abordó la cuestión de los juicios paralelos que, en lugar de informar, desinforman y pueden provocar un gran daño en el curso del proceso. Algunos medios, dijo, intentan realizar una especie de suplantación del juez o del tribunal y elaboran lo que se llaman “la verdad mediática”, como ha ocurrido en asuntos conocidos, como el “caso Bretón”. En estos supuestos, no se informa, sino que se va mucho más allá, obedeciendo a criterios empresariales y con consecuencias muy negativas para la Justicia, porque se generan expectativas de un determinado resultado que si no coincide con el del proceso, es criticado por la población y suele conducir a la opinión general de que la justicia “no funciona”. Nieves aconsejó prudencia y criterio al escuchar los testimonios que aparecen en televisión; en especial, en programas en los que se retribuye a los participantes. Grupo Derecho y Lenguaje de ICADE Esta jornada se enmarca dentro de la actividad del grupo de Investigación denominado “Derecho y lenguaje” que arranca desde el 2005 está coordinado por la profesora de derecho procesal Cristina Carretero. Desde su constitución trabaja para conseguir frutos en la mejora del lenguaje del Derecho. Desarrollaron un proyecto de investigación: El lenguaje jurídico y la comunicación del Derecho; han trabajado para el Ministerio de Justicia y su Comisión de Modernización del lenguaje jurídico y actualmente desarrollan otro proyecto de investigación: El Derecho en los medios de comunicación. Una de sus impulsoras es la profesora Cristina Carretero que lleva quince años dando clases, a la vez que ha intervenido en diferentes juicios “Esta iniciativa se puso en marcha gracias a las inquietudes compartidas como otro compañero, profesor de Lengua y traducción, también deseoso de trabajar en el campo de la comunicación jurídica. A la vez detectamos que alumnos y entorno profesional cada vez se expresaba de peor manera”. Ese fue el momento de creación del citado Grupo de Trabajo respaldado, como otras iniciativas desde el Vicerrectorado de Comillas. Es en el 2005 cuando se crea este grupo de investigación de Lenguaje y Derecho con cinco profesionales como gestores iniciales “con posterioridad se ha ido renovando en cuanto a los componentes, los grupos son muy activos y el propio Ramón Garrido quien me ayudó a ponerlo en marcha ahora está en el Ministerio de Asuntos Exteriores en la sección de traducción e interpretación”, recuerda Carretero Ahora está a punto de integrarse otro profesor que viene de Nueva York y que puede aportar la visión del lenguaje jurídico anglosajón. “Son países con cierta tradición en estos temas, por el contrario en nuestro país hay que hacer un esfuerzo por mejorar la expresión escrita y oral a nivel jurídico”. El grupo se reúne una vez al año para organizar el trabajo de varios años. “A través de diferentes proyectos de investigación de Comillas puedes recibir ciertos fondos para desarrollar el trabajo, al igual que puedes presentarte a iniciativas públicas y privadas. Hasta el momento hemos logrado que la universidad nos apoye al comprobar que nuestros trabajos tiene interés investigador”, resalta Cristina Carretero. Ya nos han financiado dos iniciativas, el segundo tiene como título “El derecho en los medios de comunicación”; el primer trabajo trataba de “La comunicación en el Derecho”. Colaboración con el Ministerio de Justicia El trabajo de estos profesionales tiene eco rápidamente en el sector. Es el propio Ministerio de Justicia, quien, al crear la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, durante el 2009 decide contar, entre otros expertos, con este especializado grupo de trabajo. “Realizamos un estudio a nivel mundial de las políticas públicas y algunas privadas en países de los cinco continentes sobre el buen uso del lenguaje jurídico”. Este estudio dejó claro la falta de una política clara en nuestro país sobre la sensibilización y modernización del lenguaje jurídico”, aclara Carretero. Los trabajos de esta Comisión, colgados en la web del Ministerio de Justicia, donde se hacen recomendaciones a ciudadanos, medios de comunicación, operadores jurídicos y tribunales “les ha faltado un traslado más directo a la propia sociedad y al entorno jurídico “explica Cristina Carretero. Otra iniciativa de continuar los trabajos con una Comisión de Clarificación del Lenguaje jurídico en el 2011 se pone en marcha; el cambio de Gobierno hace que no se constituya y que los trabajos estén paralizados. “Confiemos que el Ministro Gallardón active esta institución para que podamos seguir avanzando en materia de transparencia y comunicación jurídica”, añade. En opinión de la responsable de este grupo de trabajo “, los países anglosajones están a la cabeza en cuanto a concienciación de mejorar las prácticas relacionadas con el lenguaje jurídico, resalta Cristina Carretero. De hecho comenta que ya en 1978 el presidente de los EEUU, Jimmy Carter dejo claro que todos los Reglamentos que desarrollasen normativa deberían tener un lenguaje comprensible. “EEUU, Reino Unido y Alemania son los países que mejor están trabajando estos temas en la actualidad. El país germano tiene una Comisión sobre estos temas que trabaja en colaboración con el Bundestag para la elaboración de las futuras leyes”, indica. Desde la UE se ha puesto en marcha la iniciativa Fight the Fog, (lucha contra la niebla) y se pretende que los reglamentos de todos los países miembros, pasado un tiempo sean aún más comprensibles de lo que son en la actualidad. “Aun hay mucho por hacer en este contesto europeo, hasta la fecha el desarrollo de esta iniciativa ha sido irregular dependiendo de los países”, comenta Carretero. Comunicación y operadores jurídicos Para Carretero nuestras sentencias, a nivel general, siguen siendo muy extensas y algo complejas a nivel de lenguaje para que sean entendidas. “El juez debe pensar en el ciudadano que le tiene que entender, no en su abogado u otros operadores jurídicos. Desde su punto de vista ha habido importantes avances, de hecho en la Escuela Judicial de Barcelona sobre estas cuestiones aunque “se debería profundizar más en el fondo de estas cuestiones y ampliar los programas formativos sobre estos asuntos”. Es más, “el abogado no debería perder tanto tiempo en explicar esa sentencia si realmente fuera más inteligible de lo que es”. Sobre la información que transmiten los medios informativos, Cristina Carretero señala que “un párrafo descontextualizado de una sentencia puede ser muy dañino para un tercero y dar otra imagen de lo que realmente ha pretendido su señoría con esa sentencia en concreto”, y recuerda que no es tanto que las sentencias sean públicas “como el uso que se hace realmente de la misma”. Respecto al abogado, recuerda que estamos a la espera de saber si el Master de Acceso se mantendrá “en esa nueva formación había hueco para que los futuros abogados demostrasen su capacidad oral y de redacción, ahora veremos si se mantiene esta nueva normativa”. Respecto los letrados, apunta que es necesario que sepan adaptar su lenguaje al entorno en el que se desenvuelven. “Si están en una reunión con colegas no podrán utilizar las mismas expresiones técnicas que si estableces una conversación con su cliente. La verdad es que muchos de ellos no acaban de entender lo que es la modernización o simplificación del lenguaje jurídico. Nunca se pretende atacar a sus tradiciones y a lo que ellos entienden que es ser abogado”, aclara Cristina Carretero. Un buen dominio del lenguaje jurídico supone que se puede utilizar con quien sea necesario y en cualquier momento.”Y pone como anécdota aquellas vistas orales en las que el cliente no acaba de entender a su abogado pese a que han preparado antes sus preguntas. “También se les llama letrados por su relación con las letras, pero como vemos es deficiente hasta el momento”.
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