La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial manifiesta su preocupación ante las restricciones presupuestarias promovidas por el Gobierno, cuanto que afectan a sectores tan esenciales para la vida pública como la Administración de Justicia. En concreto, la reciente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuya virtud se suprimen las sustituciones externas a los órganos jurisdiccionales, supondrá un incremento del ya de por sí excesivo retraso de nuestros tribunales. Es decir, cuando a un juez titular se le conceda una vacante por enfermedad o cualquier otro motivo legítimo, ya no se contará con un cuerpo de sustitutos, como hasta ahora, sino que tendrá que ser cubierta su plaza por los demás titulares de su partido, lo que supone una sobrecarga de trabajo que deteriorará aun más nuestra Justicia.
Aunque es una aspiración de todos compartida la progresiva profesionalización de nuestros órganos judiciales, minimizando las situaciones de justicia interina, la eliminación del apoyo externo a los juzgados, sin el correlativo aumento del número de plazas judiciales, amenaza con deteriorar el servicio público hasta límites inaceptables en un país desarrollado. No olvidemos que la proporción de jueces en España está muy por debajo de la media europea. La Plataforma, por tanto, advierte de los riesgos de una política de recortes que compromete las mínimas prestaciones exigibles en un Estado social y democrático de Derecho.

La “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial” es una asociación compuesta en la actualidad de unos 150 socios, entre los que hay jueces, abogados, catedráticos, profesores, notarios, abogados del Estado, empresarios y estudiantes, entre otros. Fundada en mayo de 2011, está presidida por el catedrático de derecho procesal José Mª Asencio Mellado y es secretario general el magistrado Ernesto Carlos Manzano Moreno.
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