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NOTICIAS del Sistema Judicial Español
Flanqueados por profesionales de la talla como los Letrados del Estado Ramón Entrena, y Enrique Arnaldo, este también ex vocal del CGPJ; José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, la letrada Concepción Shaw y con el apoyo de la firma de servicios jurídicos Legálitas, un grupo de 120 juristas han presentando una demanda ante la Audiencia Nacional, admitida a trámite recientemente, para pedir la suspensión cautelar de la ley de tasas vigente en nuestro país desde hace unos días por vulnerar el interés general. Es la primera demanda que se presenta ante este asunto en nuestro país. Curiosamente la tasa incluida ascendió a 440 euros comentaron los interesados. En esta reunión informativa con los medios de comunicación, Sara García Carrascosa, directora jurídica de Legálitas, comentó algunos detalles de esta iniciativa. “El recurso,, que ha diferencia del Colegio de Abogados de Orense, se ha convertido en demanda, ha sido admitida en la Sección Séptima de la Sala Contencioso de la Audiencia Nacional con el número 11/13”. A su juicio hay elementos que se han vulnerado en su elaboración como la falta de los dictámenes del Consejo del Estado, CGPJ, profesiones jurídicas de reconocido prestigio, introduciendo discriminaciones y obligaciones. “La aplicación de la tasa, su cuantía lesiona realmente el principio de tutela judicial efectiva y el principio de igualdad”, apuntó Y citó el ejemplo de un supuesto de accidente de tráfico con lesiones que a nivel de tasas, hasta llegar al Supremo podría alcanzar los 19.500 euros solo en esas tasas Para Ramón Entrena, uno de los firmantes de la demanda, conocido admitrativista y muchos años Letrado en Cortes, ahora abogado en ejercicio : “llama la atención la no habilitación adecuada del Ministerio de Economía para regular aspectos concretos de este asunto y la falta de competencias del Ministerio de Justicia en esta actividad. “En un campo como es el campo contencioso administrativo la ley de tasas puede hacer disuadir de reclamar al ciudadano de sus derechos a la Administración y que ésta tenga mayor potestad sancionadora con mayor impunidad ante la falta de control” Desde su punto de vista, Concepción Shaw, señaló a los asistentes que esta demanda se puede ganar porque reúne muchos requisitos para ello. “Pedimos la suspensión cautelar de esta medida donde hay una situación preocupante; la propia normativa abre la puerta a que las diferentes Comunidades Autónomas establezcan otros tasas similares. Eso haría que en muchos casos pudiera existir un doble impuesto para el ciudadano lo que haría el acceso a la justicia muy complicado.” E indicó que el criterio es un recurrente, una tasa, con lo cual pese a presentarse escritos con varios demandantes, cada uno de ellos deberá pagar el citado gravamen, cuyo techo se ha planteado en los 10.000 euros en un principio. Por su parte, José Antonio Martín Pallín, ex fiscal del Tribunal Supremo y muchos años magistrado emérito de la misma entidad, comentó en su intervención que esta medida parece responder a un afán recaudatorio de la Administración por encima de cualquier consideración. “Me preocupa la posible inconstitucionalidad de esta medida porque los únicos fallos del TC en St 20/2012 y 206/1987 de 21 de diciembre señalan que no puede haber indefensión para el ciudadano y que esa medida está centrada en empresas con gran facturación”. Desde su punto de vista el sistema jurídico español ya cuenta con otras medidas para corregir cualquier distorsión relacionada con la litigiosidad Para Pallín, realmente el gran problema que hay en nuestro país es la ejecución de las sentencias, un mal endémico hasta la fecha ya que no es sencillo una vez ganado el caso en los tribunales la acción ejecutoria. “Es un gran error en el tema tasas comparar a las personas jurídicas con las físicas, al igual que establecer peajes de entrada para el propio sistema judicial”. Y apuntó a la mediación como uno de los elementos que se puede ver favorecido si se mantiene la actual política de tasas judiciales. Manifestación contra la Ley de Tasas el sábado La Plataforma Justicia para Todos, constituida por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, CCOO, UGT, CIS-F, USO y STAJ, ha acordado apoyar la manifestación estatal en defensa de la Administración de Justicia que se celebrará el próximo sábado 19 de enero en Madrid. La manifestación, que empezará a las 12:00 horas en la plaza de Cibeles y finalizará en el Ministerio de Justicia (c/ San Bernardo 45) se ha convocado para defender los derechos de los ciudadanos ante las limitaciones para acudir a los tribunales y por la imposición de tasas judiciales que suponen una barrera para el acceso a la jurisdicción. La Plataforma Justicia para Todos acordó en su reunión celebrada el pasado 28 de diciembre de 2012 apoyar la manifestación para reiterar su compromiso con la mejora del Servicio Público en defensa de los intereses generales, pues la Administración judicial está relegada del proceso de modernización acometido en otros ámbitos públicos. Ante determinadas medidas adoptadas recientemente, la Plataforma recuerda que se va a agravar la actual situación de deterioro institucional, por lo que reclama un diálogo constructivo y soluciones eficaces ante los graves problemas existentes en la Justicia. La Abogacía, junto al resto de miembros de la Plataforma, solicita al Gobierno que sea capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados y evitar los efectos negativos que tiene en la ciudadanía. Además, propone al Ejecutivo que sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia. Y, sobre todo, que se profundice en los principios que inspiraron la Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Justicia, aprobada por unanimidad en 2002.
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