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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
Ante la definitiva aprobación por el Senado del Proyecto de Ley de Tasas, sin enmienda alguna al texto salido del Congreso de los Diputados, ésta Asociación desea efectuar las siguientes manifestaciones: 1º) Expresamos nuestro más enérgico rechazo a lo que consideramos el mayor atentado producido en democracia contra el constitucional derecho a la tutela judicial efectiva y a que no se produzca indefensión, en su vertiente de acceso a la justicia, que entendemos claramente vulnerado, y suscribimos íntegramente el manifiesto recientemente emitido al respecto por el Consejo General de la Abogacía Española. A partir de su aprobación, España ha dejado de ser un Estado de Derecho. En consecuencia, promoveremos entre todos los abogados de oficio la incorporación en todos los escritos de una petición expresa a los jueces para que planteen cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional siguiendo el precedente de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001, al declarar la vulneración del artículo 6 del Convenio Europeo. Según se infiere de la lectura de la STC 20/2012, de 16 de febrero, la posible inconstitucionalidad de la norma, deviene de la barrera desproporcionada que implica para los usuarios de la justicia, atendiendo especialmente a la cuantía. 2º) Esa “barrera desproporcionada”, que impedirá a miles de ciudadanos acceder a la justicia, y que dejará imprejuzgadas miles de pretensiones legítimas, es el resultado de aplicar a cada asunto una elevadísima tasa fija que oscila entre los 150 y los 350 € para la primera instancia, mas 800 € para la apelación, más 1.200 € para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, más una tasa variable que oscila entre el 0,25 y el 0,50 % de la cuantía de cada asunto, convirtiendo en “papel mojado” el derecho de todo ciudadano de acceder a la justicia, y el derecho a una segunda instancia revisora de las sentencias dictadas en primera instancia, que no es infrecuente que sean rectificadas por los órganos superiores. Se trata de una tasa con evidente finalidad “disuasoria” que muchos ciudadanos no podrán pagar, o no querrán arriesgarse a pagar, lo cual fomentará los errores judiciales y la arbitrariedad de los poderes públicos, el pillaje y los incumplimientos contractuales en las relaciones entre particulares, y creará situaciones de evidente injusticia social. A título de ejemplo, un ciudadano que no esté conforme con una multa de 100 € impuesta por la administración, tendrá que pagar una tasa de 200 € para interponer demanda judicial, y si no está conforme con la sentencia de primera instancia, tendrá que abonar otros 800 € para poder recurrirla en apelación. 3º) Lo recaudado mediante el sistema de tasas no podrá destinarse a financiar la justicia gratuita, como erróneamente se afirma en la Exposición de Motivos de la Ley, ya que la justicia gratuita solo puede ser financiada mediante impuestos generales, nunca mediante la tasa que se impone a un ciudadano concreto que no se está beneficiando de ese servicio, de conformidad con que se dispone en el Art. 2 de la Ley General Tributaria, que igualmente entendemos vulnerado, siendo a todas luces injusto y contrario a derecho que un ciudadano que acude a la justicia ordinaria con sus propios medios, tenga que financiar, además, un servicio de justicia gratuita del que no se sirve. GRAVE AFECTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA GRATUITA Y DEL DERECHO DE DEFENSA EN LA COMUNIDAD DE MADRID “ALTODO” SIGUE RECLAMANDO SOLUCIONES AL TURNO DE OFICIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID Ante la pasividad del Consejero de Justicia y la complicidad del ICAM, “ALTODO” continúa la CAMPAÑA DE RENUNCIAS A GUARDIAS 1º) Según los datos actualizados en la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a día 12/11/2012, 1.228 abogados de oficio (aproximadamente un 32 % de los abogados que hacen guardias) han renunciado ya a la realización de 1.528 guardias de las 6095 turnadas durante el período octubre a diciembre de 2012, lo que equivale, aproximadamente, a un 26,21 % de las guardias, lo cual sigue provocando graves problemas a los ciudadanos beneficiarios del servicio, a los órganos judiciales y a las comisarías de Policía y comandancias de Guardia Civil, con múltiples suspensiones de actuaciones, incluso puestas en libertad de detenidos, pese a los intentos del Colegio de Abogados de Madrid por boicotear dicha campaña y minimizar sus efectos, aunque sea a costa del derecho de los ciudadanos a una defensa digna y de calidad, pues lo que se está haciendo es sobrecargar de trabajo a los abogados que aún no han renunciado a las guardias, quienes se ven imposibilitados de estudiar adecuadamente las causas y de atender debidamente a sus defendidos, con quienes en muchas ocasiones apenas tienen tiempo incluso de comunicarse antes de que se celebre el juicio rápido o de que presten declaración ante el juez. 2º) Además de renunciar a las guardias, ha comenzado la renuncia masiva a la dirección letrada de los asuntos que los abogados de oficio tienen encomendados, en aquellos casos en los que la administración autonómica ha acordado el archivo de la solicitud de justicia gratuita, lo que está provocando que muchos Juzgados dejen sin efecto las designaciones de abogado y procurador de oficio, con el consiguiente colapso de la justicia madrileña, a corto y medio plazo, pues esos ciudadanos no tendrán abogado de oficio, pero tampoco podrán costearse un abogado particular, con lo que las causas quedarán paralizadas “sine die” (a título de ejemplo, adjuntamos resolución de un Juzgado concreto). Este proceder tiene su fundamento en la decisión recientemente adoptada por la Comunidad de Madrid de no abonar a los letrados de oficio el trabajo ya realizado en caso de posterior archivo o denegación de la justicia gratuita al ciudadano. 3º) Denunciamos la práctica ilegal y presuntamente prevaricadora, consistente en archivar solicitudes de justicia gratuita por falta de documentos acreditativos, cuando el ciudadano ha autorizado a la administración a investigar telemáticamente todos sus datos económicos, y recordamos que, con arreglo a la normativa vigente, toda solicitud no resuelta en plazo máximo de un mes, debe entenderse estimada por silencio administrativo positivo. 4º) Exigimos al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que adopte una postura mucho más enérgica frente a la administración autonómica, y que implante de forma inmediata el expediente electrónico, que ya funciona en casi todos los colegios de abogados de España, y que por motivos que ésta Asociación desconoce, aún no ha implantado el Colegio de Abogados de Madrid, lo cual ha provocado el archivo de miles de solicitudes de justicia gratuita y el impago de miles de asuntos ya trabajados a los profesionales que abnegadamente vienen desarrollando su labor en defensa de los ciudadanos carentes de recursos. 5º) Volvemos a denunciar enérgicamente la decisión de la Comunidad de Madrid de no renovar el convenio suscrito con los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares para la prestación de ciertos Servicios de Orientación Jurídica Gratuita previa al proceso, con efectos a partir del próximo mes de enero, por vulnerar manifiestamente lo dispuesto en la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que establece la obligatoriedad de dichos servicios, con cargo a fondos públicos, y que no supondrá un ahorro a la administración, sino un mayor coste, toda vez que dichos servicios se crearon, precisamente, “para evitar litigios artificiales”, según reza la Exposición de Motivos de dicha Ley. 6º) Ponemos en conocimiento de la ciudadanía que el actual Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid sigue haciendo oídos sordos a las reiteradas solicitudes (cinco hasta la fecha) formuladas por ésta Asociación para iniciar conversaciones y negociaciones, y sigue sin dar solución alguna a los graves problemas existentes, por lo que la campaña de renuncia masiva a las guardias, y la campaña de renuncia masiva a las direcciones letradas de los asuntos, sigue adelante. 7º) Ponemos en conocimiento de la ciudadanía que, a día de la fecha, la Comunidad de Madrid adeuda a los abogados de oficio la totalidad de las retribuciones que les corresponden por los servicios prestados en 2012, no habiendo abonado tampoco cantidad alguna a los Colegios de Abogados para la adecuada gestión del servicio. LA JUNTA DIRECTIVA
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