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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
Considera que se trata de una medida incomprensible e incoherente, máxime en momentos de seria recesión económica en los que aumenta la incidencia de los procedimientos concursales y la necesidad de su rápida resolución
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares ha acordado hacer público su enérgico rechazo a la decisión adoptada por el ministerio de Justicia y, concretamente, al acuerdo del director general de Relaciones con la Administración de Justicia de 22 de junio según el cual, a partir del 19 de julio, dejará de autorizarse la adscripción de la jueza de refuerzo con que contaban los jugados de lo mercantil número 1 y número 2 de Palma. A juicio de los letrados que integran el máximo órgano de gobierno colegial, se trata de una decisión incomprensible, inoportuna e incoherente, máxime cuando vivimos una crisis económica y financiera que, en palabras del propio Ministro de Justicia, “no tiene parangón en las últimas décadas”, y en la que, lamentablemente, la incidencia de los procedimientos concursales tiende a aumentar. La Junta advierte del riesgo de que la aplicación del acuerdo pueda afectar negativamente a la necesaria agilidad que en la actual situación de recesión cabría dar a la tramitación de los procesos concursales y, con ellos, a quienes, aun en los momentos más difíciles, quieren apostar por la supervivencia de las empresas y la conservación de los puestos de trabajo. Los letrados ponen de manifiesto la contradicción entre la medida anunciada y las declaraciones efectuadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón durante su primera comparecencia en el Congreso, durante la que expresó su deseo en “hacer de nuestra administración de Justicia un elemento determinante para aumentar la competitividad”. Los miembros de la Junta de Gobierno del ICAIB quieren, asimismo, expresar públicamente su total apoyo al comunicado hecho público ayer en similar sentido por el Juez Decano de Palma y los jueces de lo mercantil, en el que se recuerda que, pese a la disminución de la entrada de asuntos y el incremento del esfuerzo resolutorio, la carga de trabajo de los juzgados de lo mercantil dobla la aconsejable.
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