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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, instructor del caso Palma Arena, está investigando dentro de la pieza centrada en el presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos, si la empresa que presidió el dirigente del PP Esteban González Pons -la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana-, operó con entidades que pudieran ser consideradas 'pantalla' o sociedades interpuestas. Para ello, el magistrado ha oficiado a la Agencia Tributaria para que aporte a las pesquisas de la pieza separada número 25 cuantos datos consten sobre las operaciones económicas efectuadas con terceros por parte de la Sociedad Gestora, que en diciembre de 2005 firmó un convenio con Nóos por seis millones de euros para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos, que nunca llegarían a celebrarse. En concreto, en el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, aparecen plasmadas las firmas de González Pons, del exvicepresidente del Consell de la Generalitat, Víctor Campos, y del exsocio de Nóos Diego Torres, en la actualidad uno de los principales imputados en el marco de estas investigaciones junto al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, quien presidió la entidad entre los años 2004 y 2006. Tal y como reza el convenio, la intención de la empresa dependiente de la Generalitat pasaba por contar con la colaboración de Nóos en el diseño de "un gran evento polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como referente en la organización de grandes eventos deportivos", denominado genéricamente Juegos Europeos. Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales-, a pesar de que el Instituto Nóos acabó percibiendo por el convenio un total de 382.203 euros procedentes de los fondos de la Generalitat. De hecho, el área jurídica de la Administración pública ya indicaba en un informe fechado el 21 de diciembre de 2005 que, puesto que el convenio establecía una previsión de financiación para los años 2006 y 2007, se trataba de un expediente de tramitación anticipada del gasto por lo que su eficacia quedaba condicionada a la efectiva existencia de crédito "adecuado y suficiente". Precisamente, por estos hechos está citado a declarar González Pons como testigo el próximo 15 de mayo.
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