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Los miembros de esta Fiscalía podrán realizar por vía electrónica sus peticiones oficiales de información sobre operaciones investigadas al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado.
José Ramón Noreña Salto, fiscal-jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, y Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado, han suscrito este mediodía un convenio de colaboración entre ambas instituciones en virtud del cual los requerimientos de información formulados por esta Fiscalía al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado podrán realizarse de forma informatizada. Este convenio nace con el deseo, por parte de ambas instituciones, de contribuir “con la máxima intensidad posible a combatir la lacra social que representan fenómenos como el tráfico de drogas cometido por organizaciones y grupos criminales, así como el blanqueo de capitales, la delincuencia económica y la corrupción”, según el presidente del Notariado, López Pardiñas. En consecuencia, y para cooperar en este objetivo, la máxima institución notarial se compromete a desarrollar y poner en funcionamiento los medios necesarios para informatizar los requerimientos de información formulados por la Fiscalía Antidroga. Hasta el momento, estas solicitudes de información precisaban de requerimientos escritos ordinarios que demoraban la respuesta por parte del Notariado. Modelo de colaboración La actual normativa en materia de blanqueo determina que los notarios tienen la condición de sujetos obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales. Con el fin de intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas y Judiciales con competencia en la materia, el Consejo General del Notariado creó en diciembre de 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) en cumplimiento de la Orden EHA/2963/2005. Los notarios han venido incrementando en los últimos años la cantidad y calidad de la información que ponen a disposición de las autoridades estableciendo mecanismos para agregar y centralizar la información de la que disponen a través del Índice Único Informatizado, base de datos que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de todas las escrituras procedentes de las casi 3.000 notarías del país.
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