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En 2010 había en España 160.000 personas activas como profesionales del Derecho
El volumen de negocio de las empresas del sector jurídico en 2009 alcanzó los 10.456 millones de euros, un 0,78% menos que en 2008
El 71% de los abogados trabaja por cuenta propia en pequeños despachos, el 16% son socios o asociados de bufetes y el 13% abogados de empresa
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, y el presidente del Consejo de Redacción de Thomson Reuters Aranzadi, Javier Moscoso, han presidido esta mañana la presentación del libro ‘Impacto de la Abogacía en la Economía’, escrito por la profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, Elena Mañas Alcón, en colaboración con Tomás González Cueto, abogado del Estado, Gilberto Pérez del Blanco, abogado y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid, y el estadístico Emilio A. Gómez Zapatero. El libro, editado por Thomson Reuters, ofrece los últimos datos disponibles sobre la economía de la profesión de abogado en España, contemplando la información más reciente recogida en diversas fuentes estadísticas. Como asegura la profesora Mañas, la profesión de la abogacía “ha mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años de nuestra economía, a la que aporta una variada gama de servicios que resultan fundamentales para el buen desempeño de nuestras empresas y del bienestar de los ciudadanos”. A pesar de su larga tradición, la profesión de abogado ha tenido que ir adecuándose no sólo a una mayor demanda de sus servicios sino también a un importante proceso de actualización. Debe adaptarse “a unas necesidades que cambian con rapidez, al proceso de globalización y a unos avances tecnológicos que facilitan determinadas tareas y abren nuevas posibilidades y mercados”, asegura la profesora Mañas. Carlos Carnicer afirma, en el prólogo del libro, que una “Justicia con un marco jurídico estable facilita la toma de decisión de los operadores económicos y reduce sus costes”. La seguridad jurídica se basa en la existencia de unas leyes y de unas resoluciones judiciales claras, estables y transparentes cuyo cumplimiento esté garantizado por el Estado. A pesar de la crisis y de los ajustes, Carnicer asegura que “la Abogacía sigue generando empleo estable y aporta un considerable valor añadido a la economía, al estado del bienestar y a los ciudadanos”. El presidente del CGAE ha afirmado durante la presentación del libro, que esta obra muestra una profesión “muy atomizada, pero al mismo tiempo con enormes despachos muy competentes, y con profesionales de altísima calidad, aunque todo será mejorable con la recién entrada en vigor Ley de Acceso”. Al igual que ha sucedido con muchas de las grandes empresas, “la Abogacía está modificando sus sistemas de trabajo y apostando por la tecnología, por la internacionalización y por la competitividad”, reconoce el presidente del CGAE. Mejorar la profesionalización de la gestión de los bufetes, mejorar los controles internos, crear equipos multidisciplinares y externalizar algunos servicios son “caminos que contribuyen a la modernización de la profesión”. Una vez analizadas las magnitudes económicas y laborales más importantes de los profesionales del derecho y de las empresas jurídicas, la publicación destaca las principales conclusiones sobre el peso del sector de la actividad legal en relación al total de la economía. DATOS DE EMPLEO EN LA ABOGACÍA • En 2010 el número de personas ocupadas como profesionales del Derecho en España era de 157.600, mientras que en 2009 eran 16.800 personas más (lo que supone un 9,63% de disminución). Tras unos años de continuo crecimiento, en 2010 se ha reducido tanto el número de personas activas como el de ocupadas El año pasado había en España 160.000 personas activas como profesionales del Derecho, lo que supone un 9,30% de disminución. No se consideran personas activas como profesionales del Derecho, aquellas que están buscando empleo por primera vez. • En 2010, los profesionales del Derecho ocupados ha perdido peso sobre el total de los ocupados situando su participación en el 0,85%, rompiendo la tendencia de los años anteriores. • A 31 de diciembre de 2010 había en España 125.208 abogados ejercientes colegiados. El 71% trabajaba de forma independiente por cuenta propia en pequeños despachos. El otro 29% se divide en un 16% que desarrolla su trabajo como socio o asociado de despachos colectivos y el 13% restante son abogados de empresa, sindicatos u otras organizaciones. Tomás González Cueto asegura que estos datos “nos muestran un sector muy atomizado, con un número excesivo de abogados ejercientes”. DATOS DE EMPRESAS DEL SECTOR LEGAL Aunque en los últimos años se ha apreciado un cierto estancamiento de la actividad, la crisis económica ha afectado en menor medida a la Abogacía que a otros sectores. • En 2009 había en España 94.749 empresas de actividades jurídicas, lo que supone una disminución del 4,81%, concretamente 4.784 sociedades menos que en 2008. Esta reducción fue significativamente más moderada que la del total del sector servicios, que sufrió la pérdida del 11,73% de sus empresas. • El sector jurídico aumentó en 2009 su peso en el sector servicios, hasta llegar a significar el 7,84% del número de empresas. • El volumen de negocio de las empresas de actividades jurídicas en 2009 fue de 10.456 millones de euros, con un ligerísimo descenso del 0, 78% respecto al año 2008. • El número total de personas ocupadas en el sector de actividades jurídicas en 2009 fue de 178.132, lo que supone una disminución del 1,77% con respecto a 2008. Del total de estas personas ocupadas, 82.924 tenían la consideración de remuneradas, mientras que 95.208 eran no remuneradas. Las personas remuneradas aumentaron en 2009 en 3.566, lo que supone un 4,49% de incremento, mientras que las personas no remuneradas disminuyeron en 6.770, equivalentes a un 6,64% de reducción. Tomás González Cueto destaca que la reciente operación de trasposición de la Directiva de Servicios, mediante las leyes ‘Paragüas’ y ‘Ómnibus’, afectan “directamente al ejercicio profesional en algunos aspectos, desregulando parcialmente ciertas materias, como honorarios o publicidad; pero sobre todo, ponen el foco de atención en los ciudadanos clientes”. La nueva normativa obliga a los abogados a esforzarse en informar bien y exhaustivamente a su cliente de todo lo relacionado con la prestación del servicio que va a contratar o ya contratado, “atendiendo diligentemente sus reclamaciones”. La crisis económica ha afectado en menor medida a la Abogacía que a otros sectores, aunque, como reconoce Gilberto Pérez del Blanco, “el problema no ha sido tanto la facturación –la demanda de algunos servicios relacionados con la tutela del crédito o las situaciones de impago o insolvencia se han disparado- sino el pago de los servicios”. Relacionado con la atomización del sector, se aprecia la escasez de despachos extranjeros en España, dado que cuantitativamente su presencia es mínima. “De las 100 firmas que más facturan en el mundo, apenas una decena tiene oficinas en España”, asegura Pérez del Blanco.
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