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El MINISTERIO DE JUSTICIA ha anticipado a varios afectados por el robo de niños durante el franquismo y los primeros años de la democracia que ha elaborado un protocolo de atención a las víctimas de esta causa que comprende apoyo psicológico y legal. Así lo ha explicado a Europa Press 'Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España de la causa de niños robados', tras mantener este viernes un encuentro con Ángel Núñez, el coordinador nombrado por Justicia para estos casos, y con José Antonio Colmenero, el director del Gabinete del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. La coordinadora, Mar Soriano, junto con el abogado de la asociación Fernando Magán, han aprovechado para reclamar un mayor acceso a la información de los Registros Civiles y la apertura de los archivos para agilizar las búsquedas de los hijos y hermanos que buscan. Según ha explicado Mar Soriano, los representantes del Ministerio han transmitido su voluntad de apoyar a los afectados por el tráfico de niños a través de un protocolo elaborado por Ángel Núñez que aplicarán las oficinas de atención a estas víctimas. El letrado Fernando Magán ha precisado que este mecanismo de actuación girará en torno a "una vertiente legal" para agilizar los casos que llegan a las FISCALÍAs y los tribunales, así como para "gestionar abogados de oficio". Pero además contempla la prestación de asistencia psicológica individual a los perjudicados por las tramas y la concesión de mayores facilidades en el acceso a la información. "Las elecciones no tienen por qué afectar porque no es una cuestión de color político", ha añadido Magán. Durante la reunión, los afectados por el tráfico de niños han emplazado a Justicia a estudiar las fórmulas oportunas que permitan facilitar la obtención de documentación en los Registro Civiles y los archivos para consultar los datos registrados en los libros hospitalarios y administrativos de fallecidos y nacidos. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya se reunió el pasado febrero con la Plataforma con la que se comprometió a crear un programa específico para que los familiares puedan realizarse pruebas de ADN y encuentren a sus parientes desaparecidos, siempre que lo soliciten los jueces y fiscales encargados de las investigaciones.
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