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COMUNIDAD LEGAL
publicado el 30 de JULIO 2009
El presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, no atiende la solicitud del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA)
El TSJ valenciano se niega a estudiar un Protocolo para suspender juicios en que actúen abogadas con embarazos de riesgo o que hayan dado a luz recientemente

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no estima oportuno siquiera estudiar la puesta en marcha de un protocolo que permita aplazar las vistas orales en que actúen letradas con embarazos de riesgo, que acaben de dar a luz o en otros supuestos concretos.

Cataluña y Andalucía sí lo han aprobado
 El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) envió a principios de mayo de este año una propuesta de protocolo a Sala de Gobierno del TSJ, viendo denegada la petición de una reunión con Juan Luis de la Rúa para tratar el asunto. La propuesta aspira a conciliar la vida familiar y laboral en casos de extrema necesidad y pretende también garantizar la defensa letrada de los usuarios de la justicia. Protocolos muy similares al rechazado por la Sala de Gobierno de los jueces valencianos ya rigen en Cataluña y Andalucía.
El documento propone que las letradas puedan pedir la suspensión de una vista durante el último mes de gestación o por riesgo de aborto durante un máximo de 60 días. También entran en este protocolo casos comunes para ambos sexos, como un viaje al extranjero para formalizar una adopción (40 días), fallecimiento o enfermedad grave de ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuge (10 días). El protocolo plantea una serie de excepciones, como los juicios rápidos, las causas con preso, los desahucios, medidas provisionalísimas en derecho de familia, medidas cautelares urgentes o determinados casos del derecho laboral.
El presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, ha despachado la propuesta por escrito a través de la Sala de Gobierno de su institución dos meses después y con una sucinta respuesta, en la que califica las decisiones sobre estos supuestos de carácter “estrictamente jurisdiccional, que obviamente exigirá un examen para cada caso en concreto, por lo que no estima procedente la firma de un protocolo al respecto”.

Profundo malestar
La presidenta del CVCA, Carmen Pérez Cascales, ha mostrado su “profundo malestar” porque a su juicio, esta decisión “vulnera el criterio de la Ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres e ignora la evidente incorporación de la mujer al mundo laboral, que otros órganos de gobierno de jueces, en distintas comunidades autónomas, si han valorado con un criterio acorde con la realidad social. Esta situación siempre va en perjuicio de las abogadas que se encuentran en estos supuestos, quienes no pueden saber ‘a priori’ si su asunto será o no suspendido”. Al mismo tiempo, se ha mostrado convencida de que, en un breve espacio de tiempo, la Sala rectificará su criterio y “al menos se sentará con el CVCA para intentar alcanzar un pacto” lo que, a su juicio, favorece principalmente al ciudadano porque garantiza la mejor defensa de sus intereses.

 

 

 
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