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COMUNIDAD LEGAL
La sentencia de la Corte tendrá importantes repercusiones para los derechos de las mujeres, en particular para interpretar el alcance de las obligaciones de los Estados, aplicando por primera vez una perspectiva de género.
La Abogacía Española seguirá colaborando con la Asociación de Abogados Democráticos AC para apoyar a los abogados mexicanos que están trabajando bajo amenazas y presiones en la defensa de los Derechos Humanos
La representación del CGAE y de la Fundación del CGAE que asistió a la vista oral ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Santiago de Chile por el feminicidio de mujeres de Ciudad Juárez (México) en el caso “Campo Algodonero” ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de dicha vista, a la espera de la sentencia y de la presentación de los alegatos finales, cuyo plazo de presentación, dada la complejidad del caso y la necesidad de dar respuesta a múltiples cuestiones, se ha ampliado hasta el 1 de junio. Los abogados Emilio Ginés y Héctor Faúndez, y los consejeros del CGAE, José María Prat Sabat y Mayte López-Pérez Cruz, presidenta de la Confederación de Abogados Jóvenes, –los dos últimos en calidad de amicus curiae-, conformaron la representación del Consejo General de la Abogacía Española y de su Fundación, y asistieron a la vista oral que se celebró entre el 26 y el 30 de abril. Según se desprende del informe elaborado tras la vista, las sensaciones tras este proceso fueron muy positivas, ya que “algunos de los magistrados de la Corte Interamericana, al terminar el juicio, comentaron a los representantes de la Abogacía española apreciaciones muy favorables sobre el desarrollo de la misma”. Según el informe de la representación del CGAE, “la sentencia de la Corte tendrá importantes repercusiones para los derechos de las mujeres en particular, para interpretar el alcance de las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad, aplicando por primera vez una perspectiva de género”. Los abogados de las víctimas y de la Comisión del CGAE tenían como objetivo que se reconociera la violación de la Convención Interamericana (artículos 4, 8 y 25), del artículo 7 de la Convención de Belem do Para y de las medidas reparatorias que la Convención establece en sus artículos 8 y 9. Al final, de conformidad con el Sistema Interamericano se solicitó, además, el acceso a la verdad y la reparación, que no debe de consistir sólo en un monto económico, sino en la dignificación de las víctimas y sus familias, unido a la investigación y castigo de los funcionarios que con su negligencia e inacción han permitido que la impunidad continúe hasta nuestros días y que los Estados partes reconozcan que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos. Los abogados mexicanos que llevaron la defensa de las tres víctimas del caso “Campo Algodonero”, todos pertenecientes a la Asociación de Abogados Democráticos AC, reiteraron su agradecimiento “y la importancia del trabajo de apoyo realizado”. Dada esta sintonía, se avanzó con dicha Asociación en una futura línea de trabajo conjunto con la Fundación del CGAE, que consistiría en un apoyo a los abogados mexicanos que en los diferentes Estados están trabajando bajo amenazas y presiones en la defensa de los Derechos Humanos, así como un apoyo e impulso de su nivel de formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estas acciones se concretarían con la continuación de la colaboración con el CGAE y su Fundación en asuntos y situaciones individualizadas; la creación de un Observatorio de Denuncia de la situación de los abogados que están sufriendo amenazas, presiones, agresiones, etc., que dirigiría la Fundación vía online; acompañamiento físico del abogado en situación de riesgo por parte de un abogado español en nombre y representación de la Abogacía Española, con el que asistiría también a un taller de formación específica en Derecho Internacional de los Derechos Humanos e incluso del Derecho Procesal y Material del país; recepción de los alegatos finales escritos para completarlos por parte de los abogados de la Fundación, y, finalmente, supervisión del cumplimiento de las sentencias que se dicten a través de un Comité Internacional de Expertos en Derechos Humanos, sobre el que los abogados mexicanos y las víctimas han solicitado que estén presentes miembros de la representación del CGAE.
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