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El Taller sobre los Procesos de Reforma de la Justicia en Iberoamérica, que ha tenido lugar durante los dos últimos días en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) con la presencia de veinte de los mejores expertos de Iberoamérica en el Sector Justicia, se clausura tras haber abordado los principales problemas que afectan en la actualidad a este área. En el análisis de los diversos procesos de reforma de la Justicia, los principales temas a debate han sido: el papel de los Ministerios de Justicia en esos procesos; la fuerte presencia de los poderes judiciales; los mecanismos de evaluación del desempeño de los jueces; las reformas legislativas, así como los posibles mecanismos de coordinación de las instituciones vinculadas al sector. Se ha incidido especialmente en el concepto de Justicia como servicio público para el ciudadano y en la dimensión social del comercio internacional, como fenómeno de transformación de las estructuras económicas que, ligadas en ocasiones a la corrupción, frustran las posibles reformas judiciales. Otros fenómenos preocupantes, como las maras o bandas juveniles, también han sido objeto de estudio por los expertos. Entre los problemas regionales comunes al sector Justicia en los países iberoamericanos, se han detectado, entre otros, los siguientes: • El ejercicio de la Justicia se muestra principalmente como una prerrogativa del Estado, no como un servicio público. Existe una cultura institucional lejana del ciudadano que afecta no sólo a la calidad de atención al mismo sino también a la necesaria transparencia. • Carencia de políticas públicas acerca del desarrollo institucional del sector Justicia. Así, las políticas estatales referidas a cambios en la Justicia, se centran en la inmediatez y en el corto plazo, sin alcanzar proyectos de largo alcance que supongan reformas estructurales y en profundidad. • Fuerte tendencia a burocratizar la administración de la Justicia. Hecho que se acentúa con un excesivo privilegio a los intereses gremiales. • Creciente reducción de la confianza social en la institucionalidad de la Justicia: a ello contribuyen el crónico atraso judicial y la lentitud en la solución de los procesos; la falta de predictibilidad de las decisiones judiciales; una baja competencia técnica; relativa falta de transparencia para la toma de decisiones transcendentes; muestras repetidas de parcialidad; falta de control por parte e los jueces de los factores de corrupción social y política, etc… • Recursos financieros públicos asignados al sector Justicia son insuficientes. Esto afecta de manera negativa a la independencia judicial y a la capacidad de planificación de las instituciones del sector, y además genera un deficiente servicio que se expresa a través de una percepción social negativa. Acceso a la Justicia El taller de expertos ha dedicado especial atención al acceso a la Justicia en los países iberoamericanos. La necesidad de una cultura de servicio público y mejora de la calidad de la Justicia deben terminar en estos países con el limitado acceso del usuario al sistema. Los expertos han identificado cinco factores que impiden habitualmente ese acceso: 1) Falta de continuidad y ausencia de universalidad en la prestación del servicio, lo que conlleva problemas de discriminación por razón de género, clase económica, etnia y ubicación geográfica del usuario 2) Lentitud en la respuesta institucional a la necesidad constante de adaptación de la Justicia a las necesidades sociales. Se detecta un agotamiento en los programas tradicionales de reforma judicial 3) Falta un desarrollo adecuado de la doctrina de la igualdad ciudadana ante la ley 4) El incumplimiento del deber de celeridad provoca que el ciudadano y las empresas pierdan el interés en la acción judicial 5) El costo directo e indirecto de los procesos judiciales en América Latina no es asumible para una gran parte de la población, situada bajo el umbral de la pobreza en muchos países Estas conclusiones han sido presentadas tras las ponencias y debates realizadas por expertos como Fernando Carrillo, Director del Banco interamericano de Desarrollo, Linn Hammergreen, del Banco Mundial, Jorge Obando, Director de Cooperación Jurídica Internacional de Costa Rica; y los representantes de España, Santos Pastor y Luis López Guerra.
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