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Estimado navegante:
Los últimos días de agosto revelan que la pausa estival concluye y nos aprestamos a afrontar un nuevo año judicial. Será precisamente el próximo 10 de septiembre cuando tenga lugar el tradicional acto en el Tribunal Supremo al que acuden todos los operadores jurídicos. En esta ocasión será Felipe VI, nuevo monarca quien sea el maestro de ceremonias ante las intervenciones del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Tal y como hemos señalado en nuestro reportaje de regreso a la actualidad informativa, esta reentré jurídica y política tiene muchos alicientes http://goo.gl/gqIkZo En lo que llevamos de año el Ministro Gallardón ha sido incapaz de consensuar ninguna reforma. De momento la Ley de Tasas y la del nuevo CGPJ son sus únicos hitos. El resto, anteproyectos y proyectos de ley de los que los operadores jurídicos recelan.
Ni que decir tiene que el momento que vive nuestra justicia es clave. Con el ratio menor de jueces de la UE y unos 3.000 millones de euros colapsados en los juzgados, nuestros magistrados trabajan por encima de los módulos previstos por el CGPJ. Y lo que es más significativo en jurisdicciones como la social se están fijando vistas para dentro de tres o cuatro años. Y es que ninguno de los gestores de esta reforma laboral última tuvo en cuenta los efectos que podría generar.
Las reformas del Ministro Gallardon afectan tanto al ciudadano como a los propios operadores jurídicos. Los abogados se enfrentan desde hace meses a Justicia por las reformas en Justicia Gratuita y Colegios Profesionales. El próximo pleno del dia 29 del CGAE en Madrid es evidente que marcará otra estrategia colectiva para seguir luchando porque estas reformas injustas lleguen a buen puerto.
También esperan que el Tribunal Constitucional agilice su dictamen y condene al ostracismo a la Ley de Tasas, barrera que está impidiendo que muchos ciudadanos accedan a la justicia. De hecho las apelaciones han bajado más de un 50 por cien porque no se pueden costear en los órdenes civiles y contencioso administrativo.
Jueces y fiscales observan con recelo la reforma de la LOPJ. Nadie duda que es necesario hacer una reforma en profundidad de nuestra administración de justicia. Lo que se preguntan estos profesionales es por qué esta reforma no ha venido acompañada de la Ley de Planta y Demarcación. Sin ella, la organización que se pretende va a quedar coja.
Que el Ministro Gallardon señale que esta segunda reforma se aprobará dentro de dos años parece más que una medida justificada, un intento de obviar el año electoral que arranca en septiembre y que conducirá a las elecciones autonómicas y municipales de mayo del 2015. En ese contexto parece poco probable que nuestros alcaldes se dejen arrebatar sus juzgados de paz.
Esa reforma de la LOPJ parece alejar más al ciudadano de la justicia e introduce elementos que cuestionan la independencia judicial, como los Tribunales de Instancia y la Jurisprudencia Vinculante, rechazadas por ambos colectivos en los diferentes informes que hemos conocido de la Audiencia Nacional, Supremo , Consejo Fiscal o Jueces Decanos.
La situación de nuestra justicia no pasa por el mejor momento. De hecho muchos de los juristas entrevistados por esta publicación prefieren que la situación se quede así, debido sobre todo al temor que hay a estas reformas sin consenso.
Cuestion destacada es la de los jueces sustitutos. Parece incomprensible que se les vuelva a pedir disponibilidad total a cambio de un trabajo en el aire. En esa situación llevan muchos profesionales, algunos ya agotan sus ahorros y CGPJ y Ministerio no son capaces de hacerles un hueco en la carrera judicial pese a nuestro déficit de jueces. Incomprensible. Eso sí, aquellos que se den de baja de esa lista perderán todos sus derechos. Diabólico http://goo.gl/U1gvbO
Sobre las reformas antes aludidas nuestros interlocutores se han mostrado preocupados rozando el escepticismo. Muchos de ellos advierten que la reforma que está por llegar tiene qu ver con la despolitización de la justicia. Para eso se reclama un CGPJ elegido por los jueces y una mayor distancia del poder político de nuestra justicia.
Mientras tanto la maquinaria de nuestra justicia vuelve a arrancar. Los ciudadanos acuden a sus abogados. Los abogados, pendientes de acudir a los juzgados. Y los juzgados, pendientes de una transformación tecnológica, son ese lugar donde hay que armarse de paciencia hasta que tu asunto llegue a juicio.
Desde esta tribuna digital queremos aprovechar esta coyuntura para pedir a nuestros políticos que dejen al margen sus intereses personales y busquen un consenso que ayude a impulsar un nuevo Pacto de Estado por la Justicia. Y es que sin justicia no hay Estado de Derecho
Nos leemos en twitter
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@LuisjaSánchez | 
