|
Sostienen bastantes jueces con los que he tenido ocasión de hablar
que
todas
las
reformas
que
pretende
llevar
a
cabo
el
ministro
de
justicia
obedecen
a un
único
objetivo:
acabar
con
la
independencia
judicial.
Sostienen estos jueces que el plan del ministro para acabar con la
independencia
judicial
se
apoya
en
tres
pilares
fundamentales:
El
primero
controlar
al
Consejo
General
del
Poder
Judicial
(CGPJ)
mediante
el
sistema
de
elección
de
sus
componentes,
el
segundo
controlar
la
instrucción
de
las
causas
a
través
del
Ministerio
Fiscal
aprovechando
el
principio
de
jerarquía
y el
tercero
controlar
a
los
jueces
a
través
de
la
oportuna
creación
y
regulación
de
los
tribunales
de
instancia.
Si
consiguiera
estos
tres
objetivos,
afirman
estos
jueces,
el
control
del
gobierno
sobre
el
sistema
judicial
sería
absoluto
y
esto,
eventualmente,
sería
el
salvoconducto
perfecto
para
la
impunidad
de
muchos
de
los
delitos
que
llenan
las
primeras
planas
de
nuestros
periódicos.
Tales afirmaciones, recurrentes en las esperas de los juicios y en
las
salas
de
togas,
son
tan
graves
que
cuesta
dar
crédito
a
las
mismas
y
sin
embargo...
Sin embargo, el ministro de justicia,
contraviniendo
lo
expresamente
prometido
por
su
partido
en
su
programa
electoral,
ya
ha
establecido
un
sistema
de
elección
de
los
miembros
del
CGPJ
que
deja
en
manos
de
las
mayorías
parlamentarias
(la
suya
en
este
caso)
la
elección
de
sus
miembros,
lo
que,
de
ser
cierta
la
tesis
de
estos
jueces,
supondría
que
ha
cubierto
su
primer
objetivo.
El segundo objetivo sería controlar la instrucción de las causas
por
medio
de
los
fiscales
y
basta
con
leer
su
propuesta
de
Ley
Procesal
Penal
para
advertir,
desde
el
mismo
preámbulo,
que
es
su
voluntad
entregar
la
instrucción
de
la
causa
a
los
fiscales
sin
rebajar
ni
un
ápice
la
subordinación
jerárquica
a
que
están
sometidos.
Dice
el
preámbulo:
Los principios de unidad
de
actuación
y
dependencia
jerárquica
se
esgrimen
como
argumentos
contra
la
reforma,
lo
cierto
es
que
precisamente
los
expresados
principios
constitucionales
permiten
la
aplicación
de
criterios
coherentes
y el
seguimiento
de
prácticas
uniformes
Es decir, que los fiscales seguirán sometidos al principio de jerarquía
y
que
eso
no
lo
piensa
cambiar
el
ministro.
Le
viene
bien.
Para pensar que el principio de jerarquía que gobierna al ministerio
fiscal
no
quiebra
la
independencia
judicial
sería
preciso
creer
primero
que
el
Fiscal
General
del
Estado
no
se
ve
mediatizado
por
el
Gobierno;
pero,
lamentablemente,
para
creer
esto
último
es
preciso
no
haber
vivido
en
España
los
últimos
cuarenta
años.
Me basta citar el nombre de algunos de los que han sido designados
Fiscales
Generales
del
Estado
para
que
en
cuanto
mencione
a
alguno
de
ellos,
por
ejemplo,
Eligio
Hernández,
Carlos
Granados,
Luís
Burón
Barba,
Leopoldo
Torres
Boursault,
Juan
Ortiz
Úrculo
o
Jesús
Cardenal
ustedes
los
asocien
inmediatamente
a
procesos
penales
en
que
directa
o
indirectamente
estaba
interesado
el
gobierno
de
turno
y
donde
su
actuación
dio
lugar
a no
pocas
controversias.
Ha
habido
de
todo
entre
estos
nombres:
Desde
los
elegidos
por
el
gobierno
sin
atender
a
los
requisitos
mínimos
del
cargo
a
aquellos
que
hubieron
de
dimitir
por
resistirse
a
las
presiones
que
sufrían
del
propio
Gobierno.
Los
nombres
de
estas
personas
les
evocarán
inmediatamente
también
casos
como
Sogecable,
Banca
Catalana,
Galindo
y
muchos
otros
más.
A día de hoy nadie sensato cree que el Fiscal General del Estado no
reciba
presiones
del
gobierno
que
le
nombró,
al
igual
que
nadie
sensato
espera
que
el
gobierno
nombre
como
fiscal
general
a
alguien
que
no
sea
afín
a
las
ideas
del
gobierno
de
turno
o
demuestre
un
cierto
grado
de
lealtad
a
las
mismas.
El
principio
de
jerarquía
hace
el
resto
y
por
eso
el
ministro
quiere
ahora
entregar
la
instrucción
a
los
fiscales
sin
rebajar
un
ápice
la
eficacia
de
dicho
principio.
Así pues, de salir adelante esta ley, el ministro habría asegurado
dos
de
sus
tres
objetivos
y
sólo
le
restaría
por
conseguir
el
tercero:
La
creación
de
unos
tribunales
de
instancia
debidamente
controlados.
A
tal
fin
ya
ha
preparado
una
demencial
reforma
de
la
ley
de
planta
que
pretende
llevar
adelante
con
todo
el
vigor
de
su
provinciofrénica
visión
de
España;
y
dice
que
quiere
hacerlo
antes
del
mes
de
diciembre.
No sé si alguien tiene a estas alturas dudas de cuáles son las intenciones
del
ministro.
La
única
duda
que
me
cabe
es
otra
más
inquietante:
¿Alguien
piensa
hacer
algo? | 
