Francesc José María Sánchez: “En el sector público se ha instaurado un discurso político de una nueva moral que encorseta la gestión eficaz y eficiente de los servicios”

Publicado el lunes, 17 junio 2019

En 1984, Francesc José María Sánchez se vio impelido a crear su propio despacho profesional. Lo hizo por no tener cabida en el despacho laboralista en el que prestó servicios como oficial durante toda la carrera. Tal vez esa fue la primera muestra del carácter del socio fundador de fjmadvocats, un despacho que tiene como valor fundamental actuar con el máximo rigor en el concepto, precisión en el lenguaje y severidad en la forma.

Si bien el despacho, —formado por 7 abogadas, 3 abogados y 2 economistas— trabaja todas las especialidades del derecho y la asesoría financiera y estratégica es en el asesoramiento legal para entidades proveedoras de Servicios Sanitarios, Servicios Sociales y Sociosanitarios donde fjmadvocats ha destacado desde su fundación. Hoy en día es  uno de los lideres españoles en esta especialidad. Francesc José María nos habla de su despacho pero también de otros aspectos como la bioética, la mediación en salud o la acción concertada social.

Francesc José María Sánchez

Francesc José María Sánchez

Pregunta (P): ¿Cómo fueron sus inicios?

Francesc José María Sánchez (R): Muy diversificados, colaboraba con un despacho de asesoramiento urbanístico, con una gestoría y un agente de la propiedad inmobiliaria y me inscribí en el turno de oficio penal que era la rama del derecho que más me atraía,  por ello completé  mi formación de postgrado con  un máster en derecho penal. Hasta que en 1987 fui contratado como asesor jurídico por el Consorci Hospitalari de Catalunya lo que me llevo a adentrarme en el mundo del municipalismo y de la sanidad.

P: Y de esa primera contratación hace 32 años a liderar el sector, sin ir más lejos durante 2019 han obtenido 3 nuevos clientes de este sector…

R: Efectivamente, este 2019 asesoraremos al Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Institut de Recerca del Vall d’Hebron. Creo que la clave de nuestro éxito ha sido una visión ética del ejercicio profesional, la formación continuada de nuestros profesionales y la calidad y rapidez de nuestra respuesta ante los requerimientos de nuestros clientes. En los ámbitos de la sanidad y de los servicios sociales hemos trabajado principalmente con el sector público y el de iniciativa social y eso deja una huella importante un enfoque en nuestro asesoramiento a hacer prevalecer el interés general y no sólo el individual del cliente, que también.

P: Sin embargo, es un sector donde la crisis y los recortes ha repercutido fuertemente

R: Una de las grandes lacras que ha dejado la crisis económica que hemos padecido ha sido la precariedad laboral sustentada por una, a mi modo de ver errónea, cultura de la temporalidad en la contratación por miedo de los empleadores a asumir un excesivo pasivo laboral ante las incertezas del mercado. La realidad es que en esa utilización excesiva de la contratación temporal lo más probable es caer en conductas fraudulentas (encadenamientos de contratos más allá de los límites legales  o falta de causalidad) que encarecen finalmente la contratación sobre todo cuando se extingue la relación laboral: lo barato sale caro.

P: ¿También en el sector público?

R: En el sector público por los muchos años en los que no se han podido convocar plazas más allá de las exiguas tasas de reposición concedidas por las leyes de presupuestos. Y en el sector privado que trabaja para la administración pública por los recortes presupuestarios. Por una razón u otra en el sector público se ha abusado de la contratación temporal.

P: Cambiando de tema, Ud., es miembro de la Societat Catalana de Bioètica y forma parte del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya ¿Qué remarcaría en este campo?

R: En relación a la bioética creo que cada vez más se manifiesta un mayor interés por la disciplina que aborda la seguridad del paciente. La hospitalización y toda atención sanitaria son per se actividades de riesgo que la ciudadanía debe asumir pero cuando ocurre un evento adverso con daño al paciente los profesionales y las instituciones sanitarias deben asumir que se debe informar al paciente de lo ocurrido pidiendo disculpas, del porque ha ocurrido y cuáles son las medidas se van a adoptar para prevenir que en el futuro no se vuelva a producir. Debemos acabar con la cultura de que los trapos sucios se lavan en casa. El paciente tiene todo el derecho a saber.

P: ¿Otro tema es el Big Data y la protección de datos, qué opina?

R: En relación con la utilización masiva de datos debidamente anonimizados (Big Data) para la asistencia sanitaria y la investigación biomédica, creo que debe dársele un mayor impulso. Son ciertos los temores expresados por algunos sectores sobre la posibilidad técnica de reidentificación de los pacientes a partir de sus datos anónimos, pero no es menos cierto que vale la pena correr ciertos riesgos si con ello se mejora la calidad de los resultados de la investigación y de la asistencia, es decir se avanza en el logro del bien común que es de lo que se trata cuando hablamos de dichas disciplinas

P: ¿Y la eutanasia?

R: Regular la eutanasia es otra de las cuestiones capitales que debería quedar resulta en esta legislatura.

P: Su despacho siempre ha trabajado temas de iniciativa social como ejemplo es su asesoramiento a determinadas entidades del tercer sector sobre la Acción Concertada Social, explíquenos qué es y cómo afecta a las entidades que trabajan con discapacitados intelectuales.

R: Las directivas europeas de contratación de 2014 dejaron la puerta abierta a los estados miembros para que legislasen sobre lo que hemos venido en llamar acción concertada social para prestar servicios de atención a las personas (sanitarios, sociales y educativos). Ello implica la regulación de instrumentos no contractuales de relación de las administraciones competentes con las entidades privadas prestadoras de los servicios de atención a las personas, es decir, no regulados por la legislación de contratos del sector público y basados en los principios de solidaridad y eficiencia presupuestaria.

P: ¿Qué propone en este aspecto el tercer sector de la discapacidad intelectual en Cataluña?

R: El sector de la discapacidad intelectual de Cataluña junto con el resto del tercer sector social, está luchando para que la regulación de los conciertos sociales se reserve a las entidades sin ánimo de lucro como lo han hecho otras muchas comunidades autónomas: Valencia, Islas Baleares, Aragón, Navarra, Asturias, Canarias, Extremadura.  Con un añadido que atendida la escasísima presencia de la iniciativa mercantil en la provisión de servicios a las personas con discapacidad intelectual (1,32%), no sólo se reserve a las entidades non profit la utilización del instrumento  de relación, el concierto social, sino también la posibilidad de la concertación de los servicios.

P: Ud. también es presidente de honor de la Societat Catalana de Mediació en Salut ¿Cree Ud. que la mediación está avanzando lo suficiente en temas sanitarios?

R: La mediación tiene poco presente en el ámbito de la salud por múltiples factores que van desde el desconocimiento de los medios alternativos de resolución de los conflictos, a la desconfianza en ellos, pasando por la poca proclividad de las compañías aseguradoras a jugar la baza de la mediación cuando se plantean conflictos derivados de malas praxis profesionales. Pero sobre todo lo que hay que superar en el conjunto de la sociedad es un problema cultural: no existe arraigada en nuestra sociedad una cultura de negociación y diálogo para resolver controversias.

P: ¿Cómo ha cambiado en 35 años el perfil de cliente tanto privado?

R: El perfil del cliente privado ha cambiado poco,  quizá en lo que más ha cambiado es que busca  un asesoramiento integral, es decir que un solo despacho le pueda dar respuesta a la mayor parte de sus necesidades de asesoramiento.

P: ¿Y en el público?

R: En el sector público es donde hemos notado  mayores cambios fruto de la corrupción que ha campeado a sus anchas en muchas de nuestras administraciones sanitarias en combinación con la situación de crisis económica y las políticas de estabilidad presupuestaria impuestas desde Europa. La administración en general y las entidades del sector público en particular se han vuelto mucho más rígidas y exigentes en la rendición de cuentas, los gerentes de las empresas públicas han dejado de serlo en buena medida para convertirse en meros administradores que permanentemente han de dar cuenta de sus actos al órgano de gobierno, a las instituciones de fiscalización y control de las administraciones (intervenciones, sindicatura de cuentas) a los auditores de cuentas y no les queda tiempo ni ganas para plantearse “aventuras” innovadoras. Nunca como ahora hemos hechos tantos informes jurídicos para justificar, ex-ante o ex-post, la legalidad de las decisiones.

P: Pero, un mayor control es necesario…

R: Absolutamente. El control y la fiscalización son absolutamente necesarios pero lo que ha ocurrido es que en la actualidad no se limitan a ejercerlo sobre la legalidad y la existencia de crédito sino  sobre cuestiones de oportunidad y de gestión que no les compete. Se ha producido un encorsetamiento que muchas veces va en contra de la gestión eficaz y eficiente de los servicios amparado en un determinado discurso político de instauración de una nueva moral.

P: En un escenario dónde la igualdad de género es una constante en fjmadvocats cuentan con 7 abogadas socias y 3 abogados socios. ¿Cree Ud. que esto determina de alguna manera su práctica profesional?

R: Y si además contamos con el personal administrativo que también es femenino, la mayoría es aplastante. Esta composición del despacho nos ha servido para tener una mayor sensibilidad cuando asesoramos en políticas de igualdad y de conciliación de la vida personal y laboral a nuestros clientes.

P: ¿Por dónde pasan sus planes de futuro de su despacho?

R: Debemos seguir creciendo y para ello es básico fomentar el talento interno. Como ejemplo señalar que en los últimos dos años hemos hecho socios a dos abogadas, Abigail Blanco y Marta Cortes; a un abogado, Alfredo Bayón y a una economista, Carme García Jarque, que dirige desde 2014 los servicios de asesoría financiera. Y junto a ellos debo citar a  otros socios con más recorrido en la firma como Elvira Ruiz, Queta Mateu y Ramon Figueras.  Más en detalle debemos mantener el liderazgo el asesoramiento legal para entidades proveedoras de Servicios Sanitarios, Servicios Sociales y Sociosanitarios, sin dejar de lado la asesoría al sector privado ni por supuesto en el ámbito local y municipal donde en los últimos tiempos hemos mantenido un notable crecimiento.

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