La fiscal general del Estado, María José Segarra y la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán

La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, han firmado una adenda al convenio entre ambas instituciones por la que el Ministerio Fiscal accederá a la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo.

Así, los órganos del Ministerio Fiscal podrán realizar tres tipos de consultas: sobre los titulares reales de una sociedad, sobre sociedades de las que una persona física es titular real y sobre sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha destacado que se trata de “un instrumento de extraordinaria utilidad para la investigación de los fiscales”, y ha recordado que la cooperación con los registradores se remonta al año 2006, primero con la Fiscalía Antidroga, luego con la Fiscalía Anticorrupción y más tarde con el resto de la Fiscalía General.

Por su parte, la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha agradecido el trabajo de los fiscales en relación a la persecución de los delitos y el restablecimiento de la legalidad: “Sois el cimiento de un Estado de derecho”, ha dicho.

Hay que señalar que el Registro de Titularidades Reales se adapta a las necesidades contra el blanqueo, es reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales. Además, es fundamental la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, motivo por el cual el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).