El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Perú, han firmado un convenio de cooperación material, técnica, académica y científica, con el objetivo de asegurar los derechos de propiedad inmobiliaria y facilitar las inversiones de capitales, el tráfico inmobiliario y, en última instancia, el desarrollo económico de ambos países.
El acuerdo, cuya duración es de dos años, fue suscrito por el titular de la Sunarp, Manuel Montes, y el vocal de Relaciones Internacionales del Colegio de Registradores de España, Enrique Maside.
Este convenio ha sido firmado en el marco del XVI Congreso Anual de Derecho Registral (CADER 2018), que reúne a reconocidos especialistas en materia registral de todo el mundo, quienes trataron los retos del Registro y su relación con el desarrollo económico y social de los países. La lucha contra el crimen organizado y el lavado de capitales fue el tema principal de la jornada inaugural del Congreso de Derecho Registral, CADER 2018.
En el Congreso han participado el director de Relaciones Internacionales del Colegio de Registradores, Enrique Maside, y el registrador Sergio Saavedra, quienes presentaron las ponencias «Titularidad real de las sociedades mercantiles» y «El Registro como herramientas de vigilancia del lavado de activos».
Enrique Maside presentó el Registro de Titularidades Reales, un nuevo Registro que contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta. Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.
Dicha Orden Ministerial da respuesta a las Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La Directiva obliga a todos los Estados miembros de la UE a crear, gestionar y desarrollar un sistema registral nacional de identificación de “titulares últimos o reales” que debe asegurar la cooperación internacional (a través de la plataforma europea de acceso estandarizado) y cuya gestión se concede a autoridades que en los distintos países tienen encomendada la función del Registro Mercantil.
