Los nuevos intermediarios financieros se han desplegado ya en España con toda la fuerza que las nuevas tecnologías les están permitiendo. Más allá de los bancos tradicionales, las empresas fintech (palabro surgido de la unión de ‘finanzas’ y ‘tecnología’) son ya una realidad con varias plataformas operando en nuestro país. Hay peligros, sin embargo, desde el punto de vista de los consumidores (inversores) y carencias importantes en cuanto a la regulación.

Núria Ribas / @oikit

“En Occidente, la banca tal y como la conocemos, está muerta”, sentencia rotunda Patricia Suárez, presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros). Suárez cree que uno de los ejes del futuro son las plataformas de financiación alternativas tanto para las empresas como para los usuarios, los ciudadanos que se convierten en inversores de proyectos empresariales al optar por estas plataformas de crowdlending (la financiación de un proyecto, empresa o persona por numerosos inversores en vez de por uno solo o pocas personas).

Porque a eso se dedican las fintech: a financiar proyectos empresariales a través de la inversión colaborativa. Es decir, a través de la inversión que realizan particulares, instituciones, fondos de inversión y, generalmente, los propios directivos de la fintech para dar confianza y transparencia a sus propios clientes.

“Pero atención porque hay peligros para los consumidores de este tipo de productos”, avisan desde Asufin. “Hay riesgos para los inversores. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que la plataforma fintech por la que optamos es fiable, es decir, está registrada en la CNMV. Porque ya hemos detectado algunos prestamistas privados que están cometiendo fraude en este sentido”.

Dejando de lado estos fraudes de los que avisa Asufin, lo cierto es que las rentabilidades que ofrecen las fintech son muy altas comparadas con los intereses que otorgan los bancos tradicionales por sus productos de inversión. Pero, al mismo tiempo, el riesgo también es muy elevado. Las plataformas colaborativas de financiación no son asesores financieros: ofrecen toda la información sobre la empresa y el proyecto que proponen financiar, pero la decisión es del inversor privado.

“Nuestro inversor tipo es un particular que invierte unos 200 euros por cada proyecto con una cartera total de entre 3.000 y 4.000 euros”, explica Grégoire de Lestapis, CEO de Lendix España, una de las fintech – de origen francés -con más recorrido de nuestro país a pesar del poco tiempo que hace que opera en España.

Lestapis reconoce que “es comprensible que haya cierta reticencia entre los consumidores porque las fintech somos muy nuevas. Y por eso, lo primero que hacemos cuando nos instalamos en un país es ir a ver al supervisor. En el caso de España, estuvimos un año discutiendo con el regulador, y hasta que no tuvimos el visto bueno de la CNMV no empezamos nuestra actividad. Es imprescindible que los inversores particulares comprueben que la fintech que escojan tengan el sello del regulador”.

De hecho, este tipo de plataformas de financiación lo tienen más complicado a la hora de conseguir una licencia de actividad. En el caso de España, por ejemplo, los supervisores lo miran todo con mucho más detalle y hay que pasar por dos entidades supervisoras, no por una como las entidades tradicionales: tienen que conseguir primero una licencia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y después otra con el Banco de España para poder gestionar los cobros y pagos que los inversores realizan a la plataforma y los que esta realiza a los prestatarios.

A pesar de estas ‘prevenciones’, o quizás por culpa de ellas, tanto los usuarios financieros como las empresas fintech coinciden en un punto: falta un marco jurídico apropiado y una voluntad política de potenciar un entorno que apueste por este tipo de inversiones.

“Está claro que la regulación española al respecto, la de abril de 2015, ha quedado obsoleta”, apunta Patricia Suárez, presidenta de Asufin. “El concepto de consumidor se ha ampliado porque te puede convertir también en inversor. Así que tenemos que usar nuevas figuras como, por ejemplo, los ficheros positivos”. Suárez se refiere a todo aquello que un consumidor-inversor puede acreditar que está pagando, por ejemplo, una hipoteca o un préstamo personal.

“En Europa no se usa este instrumento. Aquí solo tenemos en cuenta los ficheros negativos: aquellos que te hacen aparecer en el famoso registro de morosos o, simplemente de lo que me queda por pagar. Pero ¿y todo lo que he pagado sin problemas a lo largo de mi vida? ¿Por qué no existe un registro consultable por entidades financieras, tradicionales o no?”, se pregunta Suárez.

Incentivos fiscales y un ‘sandbox’

Desde el punto de vista de las fintech también se reclaman cambios regulatorios, cambios legislativos de calado. “Sobre todo, lo que nos gustaría es que hubiera más incentivos fiscales hacia este tipo de inversiones”, explica Lestapis, CEO de Lendix. “En España se apoya la inversión en hipotecas, en el ladrillo o en fondos de pensiones. Pero no se incentiva fiscalmente que el ahorro de las personas revierta en el modelo productivo del país, en las empresas”.

Otro de los cambios que el universo fintech español ha reclamado hace solo pocos días es la implementación de un sandbox, una especie de banco de pruebas para las entidades o proyectos innovadores que se encuentran en fase embrionaria, que les permitiera empezar a operar bajo la modalidad de exención para ir alcanzando los requisitos de obtención de una licencia ordinaria. Este periodo de pruebas debería estar controlado y supervisado tanto por la CNMV como por el Banco de España. Y la exención sería aplicable solo a las actividades que pueden situarse bajo el paraguas del regulador con la normativa actual, explican en AEFI (Asociación Española Fintech e Insurtech). El resto, las actividades aun no reguladas como las criptomonedas, los ICOS (oferta inicial de moneda) y los neobanks, estarían bajo la modalidad de no sujeción.

La propuesta parte de la patronal AEFI y su presidente, Rodrigo García de la Cruz, lo tiene claro: “Un entorno de pruebas controlado, sin duda ayudaría a aligerar la carga burocrática, incentivar la innovación y la competencia, a la vez que proporciona seguridad jurídica a las FinTech y a los clientes. Uno de los primeros obstáculos a los que se enfrentan es, precisamente, el complejo sistema burocrático y si somos capaces de avanzar, estamos seguros de que se multiplicará el universo FinTech e InsurTech que ya supera los 7.000 empleos en nuestro país”.