Era 2007 cuando Victoria Domínguez Montes compró una parcela en Finca Santa Águeda e instaló en ella, según consta, una solera de hormigón y una casa prefabricada para disfrutar de la misma. Si bien, al ser terreno protegido no urbanizable, se abrió un expediente de restablecimiento (de demolición) en la Gerencia de Urbanismo que acabó con el dictado de una orden de demolición en octubre de 2009.
Sin embargo, la pesadilla comenzó un año más tarde, cuando la entonces propietaria vende a un tercero la citada parcela a finales de 2010, haciéndole al nuevo comprador la expresa advertencia de la situación urbanística (obligación de demoler lo existente) y la imposibilidad de volver a construir.
Con esta operación, Victoria pensó que ya había terminado todo el proceso y responsabilidad sobre terreno y construcciones. Pero nada más lejos de la realidad.
En 2013, Gerencia de Urbanismo ya le ha impuesto hasta 12 multas coercitivas por incumplir la orden de demoler y, como consecuencia de dicha deuda, Gestión Tributaria procedió a embargar su actual vivienda y acordar la subasta pública de la misma.
Tal como comenta su abogada, Dña. Cristina Claros, que comenzó a defender su caso tras esta última actuación municipal, “ante esta injusta situación y el error del que la misma deriva, hemos promovido ante la Gerencia un expediente de “revisión de oficio de actos nulos”, solicitando la anulación de 8 de las 12 ya que, se ha podido constatar que, en junio de 2011, el nuevo titular había desmontado las instalaciones que Victoria colocó en su día, tal como se le solicitó en la operación de compra-venta, además de, levantar otras muchas construcciones a sabiendas de la prohibición legal existente”. En base a este hecho, continúa explicando la letrada, “se habría producido una carencia sobrevenida del objeto de la orden de demolición (pues ya no estaban las casetas de Victoria, sino otras construcciones) y, con ello, la resolución que imponía las multas coercitivas por incumplir la orden de demolición habría devenido con un contenido imposible, convirtiendo este hecho la resolución en un acto nulo de pleno derecho”.
Dos años más tarde, y conseguido parcialmente su propósito ante la Gerencia de Urbanismo, se pensaban que el caso ya estaría listo, puesto que la propiedad ya no era de Victoria y la responsabilidad actual, según la ley, es de los nuevos propietarios, habiéndose redirigido el expediente de demolición contra estos últimos. Sin embargo, en 2016 el Juzgado de lo Penal resuelve enviar a prisión a Victoria en febrero de este año si no lleva a cabo la demolición de lo, en su día, construido y por lo que se dictó una sentencia condenatoria contra misma.
Tras este nuevo y desesperanzador hecho, han sido numerosas las instancias promovidas ante Ayuntamiento, Gerencia y Juzgado de lo Penal de cara a evitar la privación de libertad de Victoria, dada la imposibilidad legal en la que ésta se encuentra para cumplir lo ordenado. Ruego que, hasta la fecha han resultado desoídos, por lo que, el tiempo va pasando, la fecha se aproxima y a Victoria se le continúa exigiendo demoler una casa prefabricada que ya no existe y respecto a un terreno sobre el que ya no tiene potestad ni legitimación para acceder.
