“PLAN DE ACCION BEPS: UNA REFLEXION OBLIGADA”, nuevo trabajo de la Fundación Impuestos y Competitividad

Publicado el miércoles, 19 julio 2017

BEPS

En la sede del Instituto de Estudios Fiscales se ha presentado el último trabajo editado por la Fundación Impuestos y Competitividad , “Plan de acción BEPS : una reflexión obligada”, en el que se incorporan, revisadas y actualizadas, las ponencias desarrolladas en los últimos meses sobre las distintas acciones del Plan de combate contra la erosión de bases y el desvío de beneficios auspiciado por la OCDE, junto con unas reflexiones generales al respecto.

La apertura del acto, bajo la presidencia del Director del Instituto y el presidente del Patronato de la Fundación, ha contado con la intervención de María José Garde Garde,  subdirectora de Fiscalidad Internacional del MINHAFP y  Presidente del Foro Fiscal Global de la OCDE, que ha repasado las últimas novedades en este terreno.

El marco del acto junto a la relevante presencia institucional reflejan la importancia de este proyecto, que está llamado a orientar las reformas legislativas en los próximos años, continuando con un proceso de paulatina convergencia entre los distintos Estados en materia de fiscalidad directa;  que incluso ha irrumpido fuertemente en el marco de la Unión Europea, superando las tradicionales barreras para la armonización fiscal.

La presentación del proyecto se realizó bajo el formato de mesas de debate, en el que junto a profesionales de los patronos de la Fundación, participaron  representantes de la Administración Tributaria (Néstor Carmona y Felipe Rubio de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, y Jorge Ferreras de la DGT, Subdirección de Fiscalidad Internacional) y del mundo empresarial ( Teresa Ruiz de Azua  de PROCTER & GAMBLE,   Ignacio de Felipe de FERROVIAL y Luis López Tello de REPSOL)

Las tres mesas han abordado la relación de BEPS con: la seguridad jurídica, la relación cooperativa entre contribuyentes y Administración, y  la litigiosidad.

En el trascurso de la jornada, se abordaron diversas cuestiones reflejadas en el trabajo realizado por La Fundación y a las que debe prestarse especial atención en el desarrollo posterior del plan de acción.

En este sentido, y valorando positivamente los pilares sobre los que  el Plan de Acción BEPS se  sustenta: i)         la coherencia del Impuesto sobre Sociedades a nivel internacional; ii) una realineación de la imposición y la sustancia económica y iii) la transparencia junto con la seguridad jurídica y la predictibilidad, la complejidad y sofisticación de las medidas que la implantación del Plan de acción suponen preocupan. Y esto es así porque:

-existen multitud de cuestiones novedosas a interpretar que pueden generar inseguridad y falta de certeza para los contribuyentes, si no se determinan con claridad y anticipación los nuevos criterios de aplicación de las normas;

-el exceso de información solicitada a los contribuyentes, sin una capacidad de gestión adecuada puede suponer exclusivamente una mayor carga de cumplimiento para las empresas y una mayor conflictividad;

-la gestión del nuevo paradigma de la “planificación fiscal agresiva” de las multinacionales, sin atender a las exigencias de los principios de confianza legítima y proporcionalidad, puede conllevar regularizaciones muy gravosas para las empresas,  y con riesgo de producir supuestos de doble imposición;

-las nuevas exigencias del modelo, demandan dotar de medios adecuados a la Administración Tributaria, que para una gestión adecuada de sus nuevas obligaciones necesita reforzar de manera significativa su capacidad de actuación; preocupando que la actual restricción presupuestaria limite esa necesaria potenciación;

-el conjunto de medidas recomendadas por el Plan, caso de darse una aplicación unilateral del mismo y no simétrica entre los distintos Estados, puede afectar significativamente a la competitividad de las empresas de aquellos Estados que sean más “activos”.

En conclusión, el Plan de Acción exige una puesta en marcha equilibrada, en la que la cooperación de Administración y contribuyentes permita lograr los objetivos esenciales del Plan, conciliándolos con la obligada seguridad jurídica de los administrados, con el desarrollo y aplicación solvente de los nuevos mecanismos de resoluciones de conflictos y con un impacto global que no limite la competitividad de nuestra economía, perjudicando los intereses generales.

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