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 El tema de las radiales es uno más que deriva de la crisis inmobiliaria y de la
crisis en general que afecta a España desde el año 2007.
Las radiales se empezaron a construir para dar salida al tráfico de Madrid en
los diferentes puntos en los que se preveían atascos y solamente hasta un cierto
número de kilómetros a los alrededores de Madrid.
Se construyeron la Radial 2, Radial 3, Radial 4 y Radial 5. En el año que
empezaron la construcciones, alrededor del año 2000, las empresas constructoras
tenían necesidad de obra pública con dos objetivos, el primero seguir
construyendo unas infraestructuras muy caras que les proporcionaran grandes
beneficios y les permitieran no parar la máquina de la construcción y, por
tanto, poder pagar a sus empleados, tanto altos ejecutivos como a todos los
demás.
En segundo lugar, el objetivo de las radiales era hacer negocios inmobiliarios
y, para ello, se expropiaron en algunos lugares amplias zonas de terreno que no
estaban destinadas solo a las carreteras sino a la posible construcción futura
de hoteles, centros comerciales, etc.
En aquel momento, alrededor del año 2000, España estaba en crecimiento económico
y todo fueron facilidades por parte del Gobierno para que estas construcciones
se realizaran. Estas facilidades consistían en que los bancos financiaban la
construcción de la obra con la garantía y la responsabilidad del Estado y, por
otro lado, tanto el Gobierno como las concesionarias pensaron que podían
expoliar los terrenos de los propietarios en los que iban a hacer negocios
pagando a un precio muy bajo.
Estos son realmente los antecedentes y la razón de ser de la construcción de las
autopistas porque la financiación era fácil y barata y la obra pública podía
valer claramente para sacar adelante a las empresas constructoras hasta el punto
de que se formaron para esta finalidad uniones temporales de empresas porque
pensaban que iba a ser un gran negocio. Pero los cálculos económicos no fueron
acertados. Se sobrevaloró la circulación que iba a discurrir por estas
autopistas, así como tampoco se tuvo en cuenta que en la mayoría de ellas había
autopistas públicas que no tenían peaje, junto con la posibilidad de hacer
grandes negocios en las zonas que habían expropiado con esta finalidad.
Por tanto, las expropiaciones no es la causa fundamental de la debacle de las
autopistas pero también es un elemento a tener en cuenta porque las
concesionarias y el Gobierno pensaron que era una expropiación barata y no era
así, ya que en aquel momento el Tribunal Supremo había establecido un criterio
justo y razonable sobre la expropiación de los terrenos cercanos a zonas urbanas
que iban a dar servicio a estas zonas, la teoría de los llamados “sistemas
generales”. Por esta razón y aunque se intentó incluso cambiar la Ley del Suelo,
las valoraciones expropiatorias subieron a un precio razonable y no al de
expoliación de 3,00 €/m2 que pretendía el Gobierno y las concesionarias.
Es conocido que el procedimiento expropiatorio permite ocupar sin pagar a través
de la generalización del procedimiento de urgencia, en este caso sin ninguna
justificación, pues como se ha visto las radiales están vacías. No era urgente
expropiar, había carreteras alternativas. Precisamente por razón del
procedimiento de urgencia los propietarios han tenido que seguir un largo
calvario para el cobro de las expropiaciones porque después de tener sentencias
firmes, la Administración se ha resistido al pago inmediato de los justiprecios
hasta el punto que ha sido necesario solicitar una nueva valoración del suelo al
haber transcurrido más de dos años sin que se haya hecho efectivo el pago.
Todavía están pendientes pagos de estas nuevas valoraciones y de las iniciales,
incluso las concesionarias han pretendido que los expropiados fueran a cobrar a
través del concurso de acreedores en que están inmersas la mayoría de las
concesionarias. El Tribunal Supremo en este caso ha dicho claramente que no
tienen que ir al concurso, puesto que es el Estado, propietario de los terrenos,
el que tiene que pagar. A pesar de todo, los tribunales no ejecutan con agilidad
las sentencias y no imponen a la Administración las multas y los incrementos de
los tipos de interés cuando después de varias sentencias firmes no pagan.
Esta es la situación actual, en la que todavía después de más de 16 años de
pleitos y procedimientos, los propietarios aún no han cobrado gran parte de lo
que se les debe y las concesionarias no quieren pagar a los bancos lo que les
prestaron para construir.
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