La jueza del 'caso IVAM', que investiga a la exdirectora del Instituto
Valenciano de Arte Moderno, Consuelo Císcar, a cuatro exsubdirectores y a un
empresario, por delitos de malversación, prevaricación y falsedad, ha citado al
Secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del
Ministerio de Cultura para explique “los motivos que impiden la presentación del
informe” que le fue requerido por la instructora hace cinco meses.
El avance de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 21 por los
supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la edición de
publicaciones pende de dicho informe. La falta de esa pericial dilata la
instrucción e impide tomar declaración a la exdirectora del museo valenciano y a
los otros cinco imputados
La decisión de la magistrada se produce después de que la Comisión Permanente
del CGPJ urgiera al Ministerio de Cultura “para que se remuevan los obstáculos
que impiden el cumplimiento del mandato judicial efectuado por el Juzgado de
Instrucción número 21 de Valencia a la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, consistente en efectuar un
informe sobre la valoración de trece obras adquiridas por el Instituto
Valenciano de Arte Moderno”.
Según la providencia de Instrucción 21, y “visto el tiempo transcurrido desde
que se solicitó el informe”, el secretario de la Junta de Valoración habrá de
comparecer mañana, 29 de abril, en el Juzgado, “comparecencia que podrá eludir
si antes del señalamiento se presenta el informe requerido”.
La intervención de la UACC
El pasado mes de noviembre la instructora requirió el auxilio del director
general de Bellas Artes, al que remitió el informe elaborado por el conservador
responsable de la colección del IVAM y le solicitó una valoración de trece obras
de arte al concurrir fundadas sospechas de que existe un elevado sobrecoste en
la adquisición de las mismas que pudiera constituir un ilícito penal. La
magistrada volvió a reclamar con carácter urgente dicho informe pericial en
enero y en marzo, sin que ninguna de sus peticiones fuera atendida.
El pronunciamiento del CGPJ instando al Ministerio de Cultura a colaborar con la
jueza se produjo después de que ésta pusiera en conocimiento de la Unidad de
Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) las trabas que estaba encontrando para
proseguir con la investigación, prácticamente paralizada a la espera de ese
informe.
La causa, que nació en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía se dirige
contra Císcar y contra otras cinco personas, que tienen la condición de
investigadas, término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La instructora considera que de las diligencias practicadas hasta el momento
"resulta indiciariamente la existencia de hechos delictivos cometidos en el seno
de la administración del IVAM, tanto en la adquisición de obras de arte como en
la contratación de publicaciones".
La magistrada cree que se habrían pagado "importes no justificados por obras de
arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor"
y que esta práctica redundaba en "un claro lucro para terceros". Según la jueza,
estos hechos "habrían supuesto un evidente perjuicio a los fondos públicos con
los que se gestiona este museo".
En la causa están investigados (imputados) además de Císcar, otras cinco
personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de
distintas áreas. Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas,
el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico
Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el
IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de
contratación del sector público.
Las seis personas contra las que se dirige la causa tendrán que declarar como
investigados (imputados). Su declaración no tiene aún fecha, a la espera de que
la jueza reciba los informes de la UDEF y de la pericial reclamada al Ministerio
de Cultura, de la que, a su vez, depende el informe que ha de completar la
Intervención General.
La UACC es una unidad de carácter técnico constituida en el seno del CGPJ en
marzo de 2015 con la finalidad de detectar y evaluar los problemas que surjan en
los órganos judiciales que lleven causas por corrupción y formular a la Comisión
Permanente las propuestas necesarias para la adecuada y diligente tramitación y
resolución de las mismas.