El Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Tributaria firmarán en
las próximas semanas un convenio de colaboración en materia de formación,
investigación y publicaciones para la realización de actividades conjuntas
que permitan un mejor posicionamiento para hacer frente los mecanismos de
fraude cada vez más complejos y la delincuencia de trasfondo económico.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes, ha anunciado la firma del convenio en el acto de inauguración
del curso de formación “Macroprocesos y delitos contra la corrupción” que se
desarrollará hasta el próximo miércoles en la sede del Servicio de Formación
Continua del órgano de gobierno de los jueces.
La colaboración de la Agencia Tributaria y la Administración de Justicia en
la lucha contra el fraude, materializada en actuaciones de auxilio judicial,
desarrollo de investigaciones de carácter patrimonial y cesión de
información tributaria en los supuestos previstos legalmente, ha puesto de
manifiesto una creciente necesidad de formación en estas materias, a la que
se pretende dar respuesta con el convenio.
Así, el acuerdo prevé la organización y realización conjunta de seminarios,
jornadas y cursos, con la asistencia también conjunta de jueces y
magistrados y del personal del grupo A1 adscrito a la Agencia Tributaria; la
realización de investigaciones y publicaciones y estancias de estudio por
parte de funcionarios de ambas instituciones.
Por otra parte, en el curso sobre “Macroprocesos y delitos contra la
corrupción” inaugurado hoy se analizarán las últimas novedades del proceso
penal para evaluar la eficacia de la respuesta judicial frente al fenómeno
de la corrupción, se abordará la cooperación judicial internacional en la
investigación de este tipo de delitos y se debatirán los principales retos
de la investigación penal desde la perspectiva del juez de instrucción.
El curso, que está dirigido por el magistrado del Juzgado de Instrucción
número 4 de Móstoles, Pablo Ruz, será clausurado el próximo miércoles por la
fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.