El Colegio de
Abogados de Girona (ICAG) denuncia que el mal funcionamiento de la sede
electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas -una plataforma
virtual en la que la administración pública las resoluciones relativas a los
expedientes abiertos por temas de extranjería- hace que muchos abogados no
reciban las notificaciones de los casos en que trabajan y tengan
dificultades a la hora de tramitar los expedientes. Este mal funcionamiento
vulnera el derecho de defensa de sus representados.
Desde la puesta en
marcha de esta sede electrónica, en el año 2014, el Ministerio de
Administraciones Públicas utiliza exclusivamente este canal para notificar a
los operadores jurídicos las resoluciones de los expedientes tramitados en
temas de extranjería. Desde reagrupamientos familiares, hasta permisos de
residencia o cualquier otro trámite que deba ser resuelto por la vía
administrativa, tiene que pasar obligatoriamente por esta sede electrónica.
Pero, a pesar de que en principio está previsto que, cuando la
Administración publica una resolución, envíe al mismo tiempo un correo o un
mensaje para notificarlo al letrado que lleva el caso, en la práctica esta
formalidad no siempre se cumple. Además, el sistema operativo de la
plataforma tampoco dispone de ninguna herramienta que alerte automáticamente
al abogado cuando se publica una notificación relativa al expediente que
tramita. Y, por si esto fuera poco, la complejidad del sistema de
identificación de los expedientes dificulta aún más el acceso de los
letrados a las notificaciones.
Cuando la Administración pone a disposición una notificación en la sede
electrónica, si en un plazo de diez días el receptor no ha accedido a la
notificación, ésta se tiene por realizada igualmente, por lo que empiezan a
correr los plazos. Pero la sede electrónica no garantiza la recepción real
de las comunicaciones, ni facilita un sistema de consulta que permita
acceder a las mismas, pues la aplicación no dispone de ninguna funcionalidad
que permita saber si hay alguna notificación pendiente de abrir, ni tampoco
que permita moverlas a carpetas o gestionarlas, ni existe ninguna diferencia
entre los documentos que ya se han abierto y el que no se han visto. Se
trata de un sistema poco operativo que no ofrece la necesaria seguridad a
los profesionales, dado que no permite conocer cuáles son las comunicaciones
que tiene disponibles pendientes de notificar. Es indispensable que se
garantice esta seguridad, en beneficio de los profesionales y de su
representados. Por todo ello, el ICAG pide al Ministerio de Administraciones
Públicas que solucione estas deficiencias.