He escuchado hoy un clamor desde todos los rincones de España, o tal vez he
querido escucharlo, ante la noticia difundida hoy en diferentes medios de
comunicación. He escuchado hoy un grito unánime, o tal vez he querido
escucharlo, frente a una monumental injusticia, impropia del siglo XXI y del
entorno occidental en el que habitamos.
Un abogado de oficio asume desde hace más de un año la defensa del principal
imputado en la trama Gürtel…y a cambio de sus servicios ha recibido del Estado
una miserable retribución de 119 €. Nos imaginamos al compañero luchando
heroicamente en la soledad de su despacho contra los miles de folios que sin
duda conformarán la causa. Le imaginamos defendiendo con toda dignidad el asunto
encomendado de oficio, desvelado muchas noches y dedicado cientos de horas, en
detrimento de sus asuntos y clientes particulares, a estudiar la mejor
estrategia posible, hurgando entre los preceptos del Código Penal, investigando
la jurisprudencia aplicable para encontrar la fórmula que mejor ampare a su
defendido, del mismo modo que un médico busca la mejor solución para salvar la
vida del enfermo que le ha tocado en gracia durante una urgencia, aun cuando ese
enfermo sea alguien que acaba de cometer el más horrendo de los crímenes.
Hago a propósito ésta comparación, anticipándome a la habitual pregunta de
muchos ciudadanos que no entienden bien de qué va esto: Todo enfermo, sea quien
sea el dueño del cuerpo en el que habita, tiene derecho a que un doctor lo más
preparado y formado posible, y con los mejores medios técnicos posibles, intente
salvar su vida y restaurar su salud. Todo ciudadano, del mismo modo, tiene
derecho a una defensa digna y de calidad, sea quien sea el investigado, sea cual
fuere el delito que se le imputa, y tenga o no tenga medios para costear su
defensa. Eso es lo que dice la Constitución Española, y eso es lo que dicen las
constituciones de todos los Estados democráticos occidentales, pues el derecho a
un juicio justo, y el derecho a la defensa letrada, es la savia y la columna
vertebral de la democracia y el Estado de Derecho: si no hay derecho de defensa,
sencillamente no hay democracia. Cuando nuestro hijo, nuestro cónyuge, nuestro
ser querido es acusado de algo, queremos la mejor defensa posible, del mismo
modo que queremos la mejor atención médica posible para nuestro hijo enfermo. Y
nadie está libre de encontrarse en alguna ocasión frente a la justicia, o ante
la injusticia, aunque tendamos a verlo como algo lejano “ que nunca nos va a
tocar”.
Sin embargo, el edificio sobre el que se asienta nuestro sistema democrático se
tambalea porque uno de sus pilares viene siendo sistemáticamente golpeado, tal
vez con la finalidad de que se resquebraje y ceda, o tal vez a consecuencia de
una secular sordera e indiferencia a las reiteradas llamadas de auxilio de los
operadores jurídicos: alguien no ha querido entender todavía que no es justo
ni es ético, porque vulnera el derecho de todo ciudadano al justo equilibrio de
las contraprestaciones, que al abogado de oficio, a quien se le exige el
máximo celo, preparación, diligencia y profesionalidad en la defensa del asunto
encomendado, se le desprecie y maltrate institucionalmente hasta el extremo de
abonarle ese ingente trabajo con la mísera “indemnización” , que más bien
nosotros llamamos mísera limosna.
De no ser por actitudes heroicas como la del compañero Juan Antonio, o
las de tantos otros cada día, muchos ciudadanos estarían indefensos frente al
todopoderoso Estado, al todopoderoso Banco, o a la todopoderosa multinacional.
¿Tal vez por eso a las Administraciones Públicas no les interesa dignificar de
una vez el Turno de Oficio? Los ciudadanos deben saber que, al menos desde la
Constitución de 1978, tienen derecho a una defensa de calidad, y no a una
defensa de caridad, igual que tienen derecho a la sanidad, y no a que un médico
caritativo les atienda por compasión. Como tal derecho, tienen la facultad de
exigirlo. El abogado de oficio no, pues tiene vedado el derecho de huelga, del
mismo modo que los Colegios profesionales tienen incautado buena parte del
material defensivo y disuasorio con el que podrían defender a sus letrados, pues
el legislador ya se ha ocupado de garantizar el servicio de justicia gratuita
a toda costa, incluso aun cuando la administración incumpla su deber de dotar
económicamente ese servicio de forma suficiente, de tal manera que su
desatención podría dar lugar incluso a imputaciones penales, lo que priva a éste
sector de la ciudadanía de una importante herramienta de presión, que todos los
demás sí tienen, y de eso se aprovechan los poderes públicos para seguir
abusando de la voluntad de servicio y vocación por la defensa de un puñado
de valiosos y cualificados letrados, que desde todos los rincones de España
claman hoy, como desde hace décadas, para que se haga justicia y se dignifique
de una vez por todas ésta bella y noble función.
Señores legisladores: No hay ningún otro colectivo en España más maltratado que
el de los abogados y procuradores de oficio. Ya es hora de que lo solucionen. |