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25 de NOVIEMBRE de 2015

Justicia social

LAWYERPRESS

Por Juan Puche Fernández. Presidente de la asociación Stop Estafadores.

 

Juan Puche Fernández. Presidente de la asociación Stop Estafadores.Cuando, por circunstancias de la vida, nos vemos en la necesidad de conseguir un préstamo, para determinados sectores de nuestra sociedad es algo sencillo y que no acarrea ningún tipo de problemas: vas al banco, presentas tus datos, nóminas y demás, y tu director o responsable de préstamos ya te dice de antemano que es viable y que sólo será cuestión de semanas el que te llamen y regreses para firmar. Es lo que, desde Stop Estafadores, denominamos el circuito convencional del préstamo, al que acceden sin problemas funcionarios, empleados fijos, personas con buenas pensiones, etc…  lo que clasificamos como usuarios sin riesgo.

El asunto se complica cuando quien acude a ese mismo banco es una persona que no dispone de nómina o de trabajo fijo, no tiene pensión y los ingresos, aunque regulares, podrían suponer riesgo para la entidad. El banco no te facilita el préstamo y el usuario tiene que acudir al circuito privado del préstamo.  Desde Stop Estafadores les denominamos usuarios de riesgo y son las víctimas perfectas para los prestamistas de capital privado.

El tercer usuario clasificado por la banca y nuestro entorno social son aquellos usuarios que puedan tener alguna deuda impagada por muy pequeña que sea y apareces en los listados de morosos, pasas a ser automáticamente usuario de alto riesgo. Otra víctima ideal para los prestamistas de capital privado.

Como si de una jungla se tratara, aunque bien organizados, los prestamistas con dinero contante y sonante se mueven en nuestros pueblos y ciudades siempre rodeados de intermediarios, determinados notarios y personas bien conectadas a la magistratura y al registro de la propiedad, siempre a la caza del usuario que disponga alguna propiedad libre de cargas.

El negocio ha sido hasta nuestros días próspero en el tiempo y prácticamente ha pasado desapercibido para la mayoría de los consumidores. El problema se ha agravado en los últimos años cuando, gracias a la era de la información, muchas familias han contado desde redes sociales, blogs, páginas webs, despachos jurídicos y demás que han sido engañados por prestamistas de capital privado. La alerta se ha abierto y el problema se ha dado a conocer, llegando a valorarse ya las dimensiones de estos fraudes por la avalancha de familias afectadas y por los graves problemas sociales y familiares de todas ellas.

¿Hay justicia social, equitativa en el ámbito de nuestro entorno?

De entrada ya hemos clasificado a tres tipos de usuarios ante la banca convencional y “legal”:

·         Usuarios sin riesgo

·         Usuarios de riesgo

·         Usuarios de alto riesgo

En cuanto entras por la puerta de un banco o de un negocio para financiar cualquier producto ya estás clasificado y puedes llegar a considerarte como apestado tal y como indica un magistrado. ¿Es justo ese trato “ya de entrada”?

La justicia debe ser distributiva, pero esto no ocurre siempre. No se aplica igual para un don nadie que para el señor tal. Los medios de comunicación nos bombardean diariamente con situaciones que demuestran lo poco distributiva que es y no siempre llega de igual forma en el tiempo para unos y otros. Yo estuve esperando cuatro largos años a que el supuesto estafador Antonio Arroyo acudiera a declarar al juzgado mientras que, en menos de un año, se me han abierto varias querellas admitidas a trámite y empleando para ello todos los medios posibles de los que dispone una Justicia que no es igual para todos.

 Tiene que haber igualdad social porque entonces tenemos dos autopistas: ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B… e incluso C. Cada vez está más claro que la igualdad social existe en los folletos publicitarios de las campañas electorales, pero no se cumple para nada en lo cotidiano. El factor humano es decisivo para acometer los deseos o pretensiones de cualquier ideal y, como tal, muchas personas son avariciosas, envidiosas y peligrosamente injustas y casi siempre son las que tienen órganos de poder o decisión sobre el resto de nosotros. Mal asunto, ya que no se aplica la ética en cualquier designación que tenga que ver con la gestión de los recursos administrativos o globales. Mala persona, mala acción: eso es inevitable. Fijaos que hay prestamistas que deben a la banca hasta millones de euros en hipotecas tóxicas y nadie les cita ni les llama para reclamarles nada. Sin embargo, si tu cuenta aparece en números rojos unos 50 euros, las llamadas que recibes son constantes y periódicas en el tiempo.

En cuanto a la Igualdad de oportunidades para que exista una buena justicia social, eso también puede ponerse en tela de juicio en cualquier administración local donde se apunta a determinadas personas afines a una cuestión ideológica más que a una cuestión personal o familiar. Es bochornoso que afines a tal partido siempre tengan acceso a determinados trabajos y compensaciones sociales. No es ético y tampoco es justo.

El Estado de bienestar, del que muchos representantes políticos se llenan la boca, existe indudablemente gracias a los recursos económicos de determinado país pero no llega a todos los ciudadanos en tiempo y forma. A unos les llega como caído del cielo y otros se las buscan y se las desean para conseguir parte de ese Estado de bienestar. La banca entiende mucho de este concepto dentro de un mundo capitalista decadente en el que se mueve. El capital por encima de todas las cosas, quien dirige, compra voluntades y controla los poderes de los estados y sus ciudadanos. Ni ético ni justo.

Este burdo capitalismo ha generado y genera pobreza, que es otro elemento a tener en cuenta para que tengamos una auténtica justicia social. Hay más pobres lógicamente debido a un mal reparto y gestión de los recursos y la riqueza. En esta cuestión tiene mucha culpa la banca que, al permitir y practicar determinados abusos, han provocado la pobreza y la miseria de cientos y miles de familias. El sistema teóricamente no permite, pero en la práctica sí facilita los abusos.

Si la distribución de la renta fuese equitativa, equitativo sería el bienestar general y no sólo el de unos pocos. Muy poca gente acumula una riqueza tan grande que habría para alimentar al resto de la humanidad. Quienes deberían cotizar más no lo hacen, gracias a un sistema injusto que les facilita determinados privilegios que lógicamente el resto no tiene, no conoce o no puede pagar para acceder.

Ya para terminar no olvidemos los derechos laborales y sindicales, que han costado muchos años de avanzar, para que trabajadores se sientan protegidos gracias a unas leyes dictadas para tal fin. Aunque aquí también hablamos de una falta total de justicia social, porque los gremios sindicales protegen más y mejor a sectores industriales y trabajadores con una seguridad laboral, descuidando como era de esperar a la gente más marginada, con trabajos precarios y que para las estadísticas sindicales sí cuentan pero no se tratan adecuadamente.

Termino recordando que el 20 febrero es el día mundial de la justicia social y que, en muchas ocasiones, tratar adecuadamente a cualquier grupo social, consumidor o usuario depende en gran medida de nuestra educación, nuestro respeto al prójimo y nuestro saber entender los problemas que pueden acuciarle. Tener ética social puede conllevar más justicia social y, como has visto en muchos estamentos, si las cosas no funcionan debemos denunciarlo y no permitir tantos abusos, porque si no haremos de una sociedad que debiera ser justa una jungla de asfalto, donde los más poderosos, mejor conectados y con contactos privilegiados pueden con el ciudadano sencillo de a pie.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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