PIE DE FOTO: Antonio Zuera Hernández  (Baker & McKenzie), Luis Briones Fernández (Baker & McKenzie, coordinadores del proyecto); Ricardo Gómez Acebo del Solar (presidente de la Fundación Impuestos y Competitividad); Javier Pérez Fadón (subdirector de impuestos patrimoniales de la DG de Tributos del MINHAP); Fernando Prats Mañez (director general de tributos de la CA de Madrid); Enrique Giménez-Reyna Rodríguez (inspector de Hacienda del Estado en excedencia); Rosana Navarro Heras (secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del MINHAP); Juan José Rubio Guerrero (catedrático de Hacienda Pública y sistema fiscal de la Universidad Castilla La Mancha); Pedro Pérez Eslava (director general de tributos de la CA de Cantabria) y Pedro Herrera Molina (catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED).

La Fundación Impuestos y Competitividad, que agrupa a ocho grandes bufetes de abogados que operan en el país, reclama eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) en España, en línea con la propuesta que realizó en 2014 el Comité de Expertos para la reforma fiscal. Además, aboga por que ningún impuesto similar ocupe el vacío de esta figura tributaria. Propone mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones asegurando una tributación muy reducida para las transmisiones entre miembros de la familia nuclear, y en los demás casos una tarifa con tipos proporcionales aplicables por grupos de parentesco, en todo caso, inferiores al 15%. Hace hincapié en la necesidad de armonizar ambos tributos en todas las regiones, mediante normativa estatal de obligada aplicación, manteniendo en ambos impuestos una banda de tipos impositivos que otorgue margen de acción política a las Comunidades Autónomas. De ser posible esa armonización debería extenderse a País Vasco y Navarra.  La Fundación Impuestos y Competitividad nació en septiembre de 2011  del acuerdo entre 8 de los principales expertos en el asesoramiento fiscal con proyección internacional establecidos en España que integran su patronato: Baker & McKenzie; Cuatrecasas, Conçalves Pereira; Deloitte Abogados; EY Abogados; Garrigues; KPMG Abogados; PwC Tax & Legal Services y Uría Menéndez.

La Fundación planteaba ayer estas modificaciones en la presentación de su estudio “Propuestas para la reforma de los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones en España”, dirigido y coordinado por Luis Briones y Antonio Zurera, socios de Baker & McKenzie, y en el que han participado profesionales de todas las firmas que integran el patronato de la Fundación.

También han colaborado Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad de Castilla La Mancha, y Enrique Giménez- Reyna Rodríguez, Inspector de  Hacienda del Estado en excedencia, así como Javier Perez Fadón, subdirector general de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y Fernando Prats Máñez y Francisco Pozuelo, directores generales de Tributos de las CCAA de Madrid y Aragón, respectivamente.

La sesión de presentación fue presidida por Rosana Navarro Heras, secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del MINHAP, que realizó algunas consideraciones sobre el sistema de financiación autonómico, y el papel atribuido a loa tributos cedidos, con especial referencia a las dos figuras objeto de estudio en el proyecto.

En el informe, la Fundación Impuestos y Competitividad concluye que en caso de mantener el IP se debería bajar el tipo marginal y asegurar que no supere el 1,5%, a cambio de reducir las exenciones e incentivos fiscales, "salvo aquellos cuya eliminación pudiera tener una repercusión negativa significativa sobre el crecimiento y el empleo como, por ejemplo, los concedidos a las empresas familiares".  En este sentido, recomienda fijar para todo el Estado una horquilla de tipos marginales mínimos y máximos dentro de los cuales podrían elegir libremente las Comunidades Autónomas.

El tipo máximo debería revisarse de forma anual teniendo en cuenta indicadores como el tipo de interés de los Bonos del Estado español a un año. El objetivo es que el impuesto nunca supere la rentabilidad potencial de los propios bienes.

En la misma línea, aboga por que se establezca un mínimo exento más elevado que el actual que sea obligatorio para todas las CCAA, así como por mantener el límite conjunto de cuotas del IRPF y el IP para que la carga fiscal personal a soportar por un contribuyente no pueda ser superior a un porcentaje de la renta obtenida por el mismo en el ejercicio.

La Fundación también pide en su estudio que se revisen las múltiples obligaciones actuales de suministrar información a las administraciones públicas sobre el patrimonio personal para unificar su contenido y forma de presentación, evitando las duplicidades e ineficacias de la situación actual y asegurando la prevalencia de los principios de proporcionalidad y no discriminación que no siempre se respetan en el complejo ordenamiento español. Por otra parte, cree necesario objetivar los métodos de valoración para evitar la inseguridad jurídica y la inequidad que supone valorar de forma distinta activos similares y para facilitar el cumplimiento y la gestión del impuesto.

Revisión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

La Fundación insta a que se regulen mediante normativa estatal de obligada aplicación algunos aspectos estructurales del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). En concreto, también es partidaria de elevar los mínimos exentos a cambio de suprimir o reducir beneficios fiscales y exenciones, "salvo aquellos cuya reducción o eliminación pudiera tener un efecto negativo sobre el crecimiento y la creación de empleo como, por ejemplo, los concedidos a la empresa familiar".

Además, propone la sustitución de la tarifa progresiva del ISD por tipos proporcionales aplicables a cada grupo de parentesco, reduciendo éstos a tres: la familia nuclear (cónyuge, ascendientes y descendientes), familiares hasta el cuarto grado y el resto.

Por último, en su estudio también aboga por establecer un nivel mínimo de gravamen aplicable en todas las CCAA, con tipos fijos muy reducidos sobre las transmisiones entre miembros de la familia nuclear e inferiores al 15% en los demás casos. En ese contexto, las regiones podrían aumentar el tipo de gravamen hasta un máximo que no debería superar el 5% en relación con la familia nuclear ni el tipo aplicable a las ganancias patrimoniales en el IRPF en el caso de las adquisiciones no familiares.