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23 de NOVIEMBRE de 2015

La abogacía institucional reclama en el Congreso #T un Pacto por la Justicia, amplio y consensuado, para ésta se convierta en servicio público

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Decanos de Madrid, Barcelona, Ourense y Cartagena denuncian la situación límite de nuestra justicia y apelan a la voluntad política de nuestros gobernantes para que este panorama tan desolador cambie

Pegada simbólica de carteles reivindicando una mejor justicia; la arenga final del decano José Muelas a un auditórium, repleto de activistas de la Brigada Tuitera, que escuchaba emocionado su discurso; las reflexiones de los partidos políticos sobre nuestra administración de justicia. Y, sobre todo, muchos testimonios de juristas que acudieron a Madrid a dar fe de su vinculación con el movimiento #T. Este segundo Congreso de la ya mítica Brigada Tuitera no defraudó a nadie. Fueron siete horas intensas de debates, confesiones y puesta en común de puntos de vista. Agradecemos a la organización que tanto a los compañeros de Confilegal como al propio Lawyerpress se les citará en un momento del evento. Gracias, de veras. El propio hastag #DecideJusticia fue Trending Topic durante cinco horas porque las redes sociales no pararon de echar humo. El streaming habilitado ayudó a que este maratoniano evento se trasladara a todos los confines del país. Otro de los momentos claves de este meeting fue la mesa redonda en la que intervinieron los decanos de Madrid, Sonia Gumpert, Oriol Rusca de Barcelona, Pilar Guerrero de Ourense y el propio Muelas, por Cartagena, el mismo día que su entidad cumplia 146 años. Todos compartieron sus experiencias sobre justicia y reclamaron un Pacto de Estado amplio, con políticos y operadores jurídicos para que nuestra administración de justicia salga a flote.

Atrás quedaron los días entre los brigadistas de #T y la abogacía institucional no se entendían. Al final, ambos colectivos han encontrado un punto de encuentro en sus aspiraciones y un mismo objetivo: que la justicia tenga los medios y la independencia que merece en una sociedad democrática. Es una buena noticia que en este Congreso de #T estuvieran presentes algunos decanos de Colegios de Abogados como Madrid, Barcelona u Ourense, quizás los más cercanos a las redes sociales. Ellos denunciaron de forma conjunta que la situación actual al límite de nuestros juzgados está generando una notable involución democrática.  Ha sido esta legislatura que concluye en un mes, una etapa llena de reformas, algunas de ellas de cara a la galería, marcada por la salida de un Ministro de Justicia y la dimisión de un FGE. “Demasiadas reformas para que este país tenga seguridad jurídica”, comentaban los ponentes.

Los decanos asistentes a este Congreso #T subrayan la necesidad de reformas estables, de calado, frente al parcheo que está haciendo el legislador ahora. La seguridad jurídica está en juego.

El testimonio de Sonia Gumpert, decana de la entidad madrileña, fue similar a su reflexión en una entrevista que nos concedía días antes. Desde su punto de vista la justicia no está en la agenda de las prioridades de nuestros políticos. “Hay un parcheo normativo constante que solo genera indefensión jurídica y sin lugar a dudas es la cenicienta de los servicios públicos”, comentó. Reclamó un Pacto de Estado con una inversión continuada sostenible para sacar de la mediocridad a nuestra administración de justicia. “Este compromiso lo deben asumir nuestros políticos y todos los operadores jurídicos existentes”. El destinatario de esa inversión sería elevar la planta de juzgados y el número de jueces, muy por debajo de la media europea “Se debe evitar el cortoplacismo y las reformas sin consenso”. Y recordó la necesidad de reformas procesales estables y otras como la Lecrim o la llamada Ley Mordaza que debieran revisarse.

De Barcelona vino Oriol Rusca, decano de la citada entidad colegial. Todavía tenemos en nuestra mente el demoledor informe sobre Justicia que sobre el periodo 2009-2014 conocimos  hace unos días. Con mucha ironía, Oriol recordó que “da la sensación que el legislador cree que con publicar la reforma en el BOE, ésta se pone en marcha. Y advirtió el error de este exceso legislativo sin memoria económica. “En la propia Lecrim se habla que no habrá presupuesto adicional para poner en marcha las reformas,  y ya la segunda instancia penal, es una reforma que necesita medios”, apuntó. A su juicio, hay que pensar mejor antes de hacerlas las reformas “el propio Código Penal de 1995 con 28 reformas en estos años ya es irreconocible”, recordó. También suscribió las palabras de Gumpert sobre el Pacto de Estado por la justicia. “Ha llegado el momento de definir un modelo de administración de justicia con cierta perspectiva donde se sepan organizar de forma adecuada recursos humanos y materiales así como la tecnología”, destacó.

DDesde casi hace un año, Pilar López-Guerrero es la decana del Colegio de Abogados de Ourense. Una jurista que  tiene amplia experiencia en la junta de gobierno, donde ejerció como vicedecana durante más de siete años con el decano Arturo González, máximo responsable del colegio en los últimos diez años. En su intervención destacó la mala praxis del legislador en su deseo de hacer reformas, algunas de ellas poco útiles. “Hay que cambiar la manera de hacer nuestras leyes, con consenso y memoria económica para conocer cuál es el impacto real de estas reformas”, comentó. En su opinión, la situación actual de nuestra justicia deja en evidencia que “estamos dando una respuesta muy mala al ciudadano en la defensa de sus derechos. Es fundamental una reorganización de esta administración de justicia para que los tiempos de respuesta estén de acuerdo a lo que se puede pedir de un servicio público como éste”, apuntó.

Por su parte, José Muelas, uno de los impulsores de este movimiento #T, volvió a dejar claro su conocimiento profundo del sector legal.  Con él hemos conversado en varias ocasiones, la última el día después que el Parlamento de Andalucía aprobara una Proposición No de Ley de cara a abolir las tasas judiciales para las empresas. Y es que la Brigada Tuitera ha combinado su labor en redes con acciones en diferentes parlamentos autonómicos. Mociones de este tipo se han aprobado también en Aragón, Madrid, Navarra y País Vasco, todo un éxito de este colectivo como lobby: “Habría que preguntarse, si viendo lo que han hecho nuestros políticos en esta legislatura, tienen la intención de mejorar la situación de nuestra justicia como servicio público”. Y comentó con sorna como las Diputaciones Provinciales, en el ojo del huracán de muchos reformistas, cuestan al Estado cerca de 2400 millones de euros anuales. Muelas recordó que la justicia no da votos y que es fundamental que entre en el debate político.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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