Pegada simbólica
de carteles reivindicando una mejor justicia; la arenga final del decano José
Muelas a un auditórium, repleto de activistas de la Brigada Tuitera, que
escuchaba emocionado su discurso; las reflexiones de los partidos políticos
sobre nuestra administración de justicia. Y, sobre todo, muchos testimonios de
juristas que acudieron a Madrid a dar fe de su vinculación con el movimiento #T.
Este segundo Congreso de la ya mítica Brigada Tuitera no defraudó a nadie.
Fueron siete horas intensas de debates, confesiones y puesta en común de puntos
de vista. Agradecemos a la organización que tanto a los compañeros de Confilegal
como al propio Lawyerpress se les citará en un momento del evento. Gracias, de
veras. El propio hastag #DecideJusticia fue Trending Topic durante cinco horas
porque las redes sociales no pararon de echar humo. El streaming habilitado
ayudó a que este maratoniano evento se trasladara a todos los confines del país.
Otro de los momentos claves de este meeting fue la mesa redonda en la que
intervinieron los decanos de Madrid, Sonia Gumpert, Oriol Rusca de Barcelona,
Pilar Guerrero de Ourense y el propio Muelas, por Cartagena, el mismo día que su
entidad cumplia 146 años. Todos compartieron sus experiencias sobre justicia y
reclamaron un Pacto de Estado amplio, con políticos y operadores jurídicos para
que nuestra administración de justicia salga a flote.
Atrás quedaron los días entre los brigadistas de #T y la abogacía institucional
no se entendían. Al final, ambos colectivos han encontrado un punto de encuentro
en sus aspiraciones y un mismo objetivo: que la justicia tenga los medios y la
independencia que merece en una sociedad democrática. Es una buena noticia que
en este Congreso de #T estuvieran presentes algunos decanos de Colegios de
Abogados como Madrid, Barcelona u Ourense, quizás los más cercanos a las redes
sociales. Ellos denunciaron de forma conjunta que la situación actual al límite
de nuestros juzgados está generando una notable involución democrática. Ha sido
esta legislatura que concluye en un mes, una etapa llena de reformas, algunas de
ellas de cara a la galería, marcada por la salida de un Ministro de Justicia y
la dimisión de un FGE. “Demasiadas reformas para que este país tenga seguridad
jurídica”, comentaban los ponentes.
Los decanos asistentes a este Congreso #T subrayan la necesidad de reformas estables, de calado, frente al parcheo que está haciendo el legislador ahora. La seguridad jurídica está en juego. |
El testimonio de
Sonia Gumpert, decana de la
entidad madrileña, fue similar a su reflexión en una entrevista que nos concedía
días antes. Desde su punto de vista la justicia no está en la agenda de las
prioridades de nuestros políticos. “Hay un parcheo normativo constante que solo
genera indefensión jurídica y sin lugar a dudas es la cenicienta de los
servicios públicos”, comentó. Reclamó un Pacto de Estado con una inversión
continuada sostenible para sacar de la mediocridad a nuestra administración de
justicia. “Este compromiso lo deben asumir nuestros políticos y todos los
operadores jurídicos existentes”. El destinatario de esa inversión sería elevar
la planta de juzgados y el número de jueces, muy por debajo de la media europea
“Se debe evitar el cortoplacismo y las reformas sin consenso”. Y recordó la
necesidad de reformas procesales estables y otras como la Lecrim o la llamada
Ley Mordaza que debieran revisarse.
De Barcelona vino Oriol Rusca, decano de la citada entidad colegial. Todavía
tenemos en nuestra mente
el demoledor informe sobre Justicia que
sobre el periodo 2009-2014 conocimos hace unos días. Con mucha
ironía, Oriol recordó que “da la sensación que el legislador cree que con
publicar la reforma en el BOE, ésta se pone en marcha. Y advirtió el error de
este exceso legislativo sin memoria económica. “En la propia Lecrim se habla que
no habrá presupuesto adicional para poner en marcha las reformas, y ya la
segunda instancia penal, es una reforma que necesita medios”, apuntó. A su
juicio, hay que pensar mejor antes de hacerlas las reformas “el propio Código
Penal de 1995 con 28 reformas en estos años ya es irreconocible”, recordó.
También suscribió las palabras de Gumpert sobre el Pacto de Estado por la
justicia. “Ha llegado el momento de definir un modelo de administración de
justicia con cierta perspectiva donde se sepan organizar de forma adecuada
recursos humanos y materiales así como la tecnología”, destacó.
DDesde casi hace un año, Pilar López-Guerrero es la decana del Colegio de
Abogados de Ourense. Una jurista que tiene amplia experiencia en la junta de
gobierno, donde ejerció como vicedecana durante más de siete años con el decano
Arturo González, máximo responsable del colegio en los últimos diez años. En su
intervención destacó la mala praxis del legislador en su deseo de hacer
reformas, algunas de ellas poco útiles. “Hay que cambiar la manera de hacer
nuestras leyes, con consenso y memoria económica para conocer cuál es el impacto
real de estas reformas”, comentó. En su opinión, la situación actual de nuestra
justicia deja en evidencia que “estamos dando una respuesta muy mala al
ciudadano en la defensa de sus derechos. Es fundamental una reorganización de
esta administración de justicia para que los tiempos de respuesta estén de
acuerdo a lo que se puede pedir de un servicio público como éste”, apuntó.
Por su parte, José Muelas, uno de los impulsores de este movimiento #T, volvió a
dejar claro su conocimiento profundo del sector legal. Con él hemos conversado
en varias ocasiones, la última el día después que el Parlamento de Andalucía
aprobara una
Proposición No de Ley de cara a abolir las
tasas judiciales para las empresas. Y es que la Brigada Tuitera ha
combinado su labor en redes con acciones en diferentes parlamentos autonómicos.
Mociones de este tipo se han aprobado también en Aragón, Madrid, Navarra y País
Vasco, todo un éxito de este colectivo como lobby: “Habría que preguntarse, si
viendo lo que han hecho nuestros políticos en esta legislatura, tienen la
intención de mejorar la situación de nuestra justicia como servicio público”. Y
comentó con sorna como las Diputaciones Provinciales, en el ojo del huracán de
muchos reformistas, cuestan al Estado cerca de 2400 millones de euros anuales.
Muelas recordó que la justicia no da votos y que es fundamental que entre en el
debate político.