Desde este lunes, donde se ha publicado la Orden Ministerial correspondiente en el BOE, los registradores ya cuentan con su OCP, Organo Centralizado de Prevención contra el Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo. El CRAB, Centro Registral Antiblanqueo es el organismo que ya venía operando a nivel interno desde hace dos años y que ahora recogerá todas las operaciones con indicios de criminalidad que envíen los propios registradores. José Miguel Masa Burgos, registrador de la propiedad y mercantil, destinado en el Mercantil Central y responsable en funciones del CRAB (Centro Registral Antiblanqueo) porque aún no ha habido el nombramiento oficial para este puesto. Solo durante el pasado año, los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles enviaron al SEPBLAC 147 operaciones sospechosas en 2014 después de analizar más de 10.000 comunicaciones. El propio decano-presidente del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera ha indicado que “, “la creación jurídica del órgano centralizado refuerza el firme compromiso del colectivo registral español con el mantenimiento y defensa del sistema de seguridad jurídica preventiva, ampliando su ámbito de competencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”. El CRAB es el segundo OCP que hay operativo en nuestro país, contando el del Consejo General del Notariado “la ley permite que ambas entidades puedan cruzar información”, explica José Miguel Masa.
¿Cuál es el origen de este proyecto dentro del Colegio de Registradores?
Creamos el CRAB hace tres años como órgano puramente colegial. En principio ha sido un órgano interno, como el que tenemos sobre el catastro, o la propia Comisión de Datos que se puso en marcha. En seis meses estaba lo más importante configurado para su uso posterior.
Hasta que tras su publicación en el BOE se ha creado como organismo externo con su personalidad jurídica correspondiente como OCP. No cabe duda que el trabajo hecho en estos tres años ha servido de rodaje para el propio CRAB.
Con la idea en marcha, se hizo una inversión importante para poner en marcha este organismo, al que se ha dotado de la tecnología más avanzada y personal más cualificado. En este tiempo hasta su confirmación jurídica de hace un par de días, el funcionamiento era voluntario para nuestros colegiados
¿Podría explicarnos cuál va a ser el funcionamiento del CRAB, como OCP del Colegio de Registradores de España?
Este órgano sigue las directrices de la Ley de Prevención del Blanqueo del 2010 y de su Reglamento del 2014 que vincula la creación de estos órganos a las profesiones colegiadas. Nuestros colegiados tienen la obligación de enviar operaciones sospechosas al CRAB.
Este tipo de entidades tienen dos finalidades claras: La primera, supone aliviar la carga de trabajo del SEPBLAC, como centro al que llegan todas las notificaciones sospechosas de los sujetos obligados por la ley.
Pretenden de alguna forma, que sus miembros asociados manden los supuestos indiciarios a estos OCP. Desde aquí se depuran y analizan y sólo cuando se ve indicios importantes de la comisión de delitos, tanto en prevención de blanqueo de capitales como financiación del terrorismo, se los envía al SEPBLAC.
Asi desde el CRAB se detectaron 147 operaciones posiblemente delictivas que se enviaron de las 10.000 que enviaron nuestros colegiados. Normalmente los datos no delictivos se guardan durante un tiempo porque luego se pueden cruzar con otros en los siguientes años.
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“Asi desde el CRAB se detectaron 147 operaciones posiblemente delictivas que se enviaron de las 10.000 que enviaron nuestros colegiados. Normalmente los datos no delictivos se guardan durante un tiempo porque luego se pueden cruzar con otros en los siguientes años.” |
¿De dónde llegan estos datos a nivel nacional en realidad?
Más que CCAA hay que hablar de zonas de riesgo, como señalan así los expertos en la lucha contra el blanqueo o prevención del terrorismo.
En nuestro país podríamos hablar de las zonas de costa, donde se hacen más inversiones de las normales en diferentes actividades o en otros lugares donde las inversiones pueden ser más discretas.
También no podemos olvidar ciudades importantes o con atractivo turístico especial o desarrollo inmobiliario fuerte.
Hablaba al principio de dos usos del OCP para los registradores, ¿cuál es el segundo, entonces, en este tipo de actividades?
Hay que darse cuenta que estos órganos constituyen un soporte y ayuda para todos nuestros colegiados. No podemos olvidar que la Ley del 2010 y el Reglamento del 2014 ha vinculado a muchos sectores sociales a la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Estos sectores sociales no tienen experiencia en investigación. No son detectives para saber si una operación es ilícita o no. Este tipo de organismos internos son de gran ayuda para que sepan si esas comportamientos que les llegan son o no delictivos.
Desde este OCP les orientamos en todo; a nivel legislativo, formativo. Se trata que tengan claras las directrices para que actúen cuando hay estos asuntos y cómo proceder ante esos expedientes. Con ellos, la eficacia de la actuación de los colegiados es mayor que sin su inexistencia como organismo de apoyo.
Respecto a la relación entre el CRAB y el OCP del Consejo del Notariado, los dos existentes hasta la fecha, ¿habrá alguna conexión abierta para el intercambio de información?
Siempre tiene que haber colaboración. La propia Ley del 2010 de la que hemos hablado en alguna ocasión ya en esta entrevista, así lo señala. Los propios sujetos obligados pueden suscribir convenios para obtener información de uno y de otros. De hecho, nosotros tenemos ya suscritos algunos acuerdos de este tipo.
Es fundamental la colaboración entre los dos OCP que existen en España, de momento. Eso sí habrá que tener las cautelas suficientes para proteger la intimidad de los ciudadanos, tal y como señala la legislación de protección de datos vigente.
Lo que sí sorprende es que en nuestro país, a estas alturas de la situación en la que vivimos solo existan dos OCP realmente en activo.
Es posible que así sea, pero creo que a medio plazo todos los sujetos obligados tendrán su órgano centralizador como el nuestro. También es verdad que el propio Ministerio de Economía quiso tener en primer lugar la Ley del 2010 que traspone la 3 Directiva y el posterior Reglamento.
Al mismo tiempo hay que darse cuenta que crear una OCP no es sencillo. Se necesita contar con músculo económico potente que ayude a desarrollar una infraestructura tecnológica importante. Además hay que contar con personal cualificado especializado en estos temas.
Ya está el Reglamento operativo desde hace un año, con lo cual es muy posible que se desarrollen el resto de los OCPS a medio y largo plazo, en especial el de la abogacía, si realmente interesa al final que se cree este organismo. Ahora está pendiente de trasponer la Cuarta Directiva sobre prevención del blanqueo
Mucho movimiento legislativo y directivas, ¿es necesario este cambio normativo del que nos hablaba hace un momento?
La Cuarta Directiva de prevención del blanqueo es necesaria. Lo que hará será modificar la legislación nacional para que esté en consonancia con la misma. Estamos hablando de detalle, Las Directivas se van adaptando a los supuestos que el GAFI, OCDE o Consejo de Seguridad de la ONU a nivel mundial recomienda.
El papel de las Directivas es fundamental trata de homogeneizar la normativa en toda Europa, cuestión está importante para luchar de forma uniforme y denodada contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dos cuestiones de gran actualidad en estos momentos.
Tenga en cuenta que las técnicas de blanqueo son muy cambiantes. Responden siempre a una contramedida de la otra parte. No podemos olvidar que las organizaciones terroristas y las del narcotráfico tienen muchos medios económicos.
También muy buenos asesores, con lo cual están al quite de cualquier cambio normativo. Así surge el llamado contrasistema que intenta frenar el trabajo del legislador.
Un paso muy importante desde las Directivas ha sido la creación de los CIUS, Unidades de Inteligencias Financieras Nacional, cuerpo que antes de la entrada en vigor de esta normativa comunitaria no existía. Los propios OCPS como el nuestro vienen en esas directivas y están recogidas en legislación nacional de muchos de los países de la Europa Occidental.
