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 Tan
harto estoy de mentiras y medias verdades en Justicia por parte de los políticos
que han gobernado España desde la Transición que me cuesta ilusionarme con
propuestas. Se que hay cosas importantes que han cambiado: tenemos un nuevo
Jefe del Estado que ha de impulsar a la manera de un árbitro del funcionamiento
de las instituciones, cambios en lo peor de nuestra democracia como mejor
garantía de continuidad a largo plazo del sistema monárquico y tengo
honestamente la impresión de que está en ello.
Parece
haber además un hartazgo de muchos ciudadanos –acentuado por la crisis- por
abusos de la política de los partidos de gobierno, principales responsables de
la corrupción, de la falta de medios para combatirla, de la politización de la
Justicia (y del Tribunal Constitucional, del CGPJ, y de la generalidad de los
mecanismos diversos de control del funcionamiento del Estado y de la economía; y
de los medios de comunicación públicos); responsables de permitir y fomentar el
tránsito de la política a la judicatura o a la fiscalía (en viajes de ida y
vuelta) premiando así a jueces y fiscales afines. Partidos que son por tanto
responsables de que el sistema judicial español esté mal diseñado y aporte poco
a la calidad democrática española. Ese hartazgo parece que se canaliza hoy en
España mediante el discurso renovador de dos partidos emergentes y de otro que
ha rendido valiosos servicios -UPyD- en la lucha contra la corrupción.
Ciudadanos, que lleva bastantes años luchando a favor de la unidad de España en
Cataluña en un ambiente muy difícil, ha proclamado una serie de medidas para
cambiar España, para regenerar democráticamente el funcionamiento de las
instituciones y singularmente de la Justicia. Adelanto que en materia de
Justicia no recuerdo promesas de cambios positivos que al llegar al poder el
partido que las anunció las llevara a cabo. Por el contrario, he visto
mentiras, excusas, incumplimientos o engaños electorales, disculpas o
rectificaciones interesadas hasta el cansancio y a lo largo de muchos años. Por
ello cualquier propuesta positiva me gusta, como me gusta en general escuchar
cosas bonitas. Pero confiar, confiaré cuando lo vea.
En
materia de Justicia, hay en Ciudadanos una propuesta estrella, instrumental para
conseguir en su opinión una mejor administración de Justicia, que es la
supresión del CGPJ y la atribución de las funciones que hoy la Constitución
asigna a dicho órgano al Presidente del Tribunal Supremo que sería elegido por
una amplia mayoría del Congreso de los Diputados. No creo honestamente que
un supergobernador de los jueces vaya a garantizar –por muy blindada que esté su
independencia y por mucho consenso que haya en su nombramiento- que no se vayan
a producir abusos o presiones. Unas presiones que si se produjeran provendrían
de quien ostentaría “todo” el poder en el Gobierno de la Judicatura. Ya no se
trataría solo de la influencia que ejerciera un vocal, o el partido político o
el ministro que eligió al vocal (algo que ya incordia): se trataría de abusos de
quien detentaría un enorme poder sobre la carrera profesional de los jueces. A
mi no me convence nada el poder sin contrapesos y no creo siquiera en la
existencia de un hombre o mujer providencial capaz de garantizar el correcto
funcionamiento de todo lo que Ciudadanos quiere poner en manos de ese
supergobernador o supergobernadora de los jueces. Por eso no me gusta la
propuesta, la considero un error grave de planteamiento y desde luego no
aventuro a la misma un largo recorrido, debido a la falta de consenso, a las
magras explicaciones que he escuchado sobre la misma y por la crítica fundada
-que en buena parte comparto- de sectores profesionales tan deseosos de eliminar
la politización de la Justicia como Ciudadanos. Confío en que rectifiquen.
Sin embargo, si veo algo positivo en la sugerencia de esa medida extrema y a mi
juicio como digo, desafortunada: Ciudadanos abomina del actual modelo de CGPJ,
hasta el punto de pensar en cargárselo. Yo también creo que ese órgano es
quizá el principalmente responsable -desde 1985- de gran parte de los males que
afectan a la Justicia española y por tanto de nuestra misma democracia. Al
ser ocupado por los partidos políticos, con reflejo en su composición de las
mayorías políticas del momento; al haber elegido en muchas ocasiones esos
partidos a personas como vocales que actuaban subordinando su criterio al de
quienes les nombraban (ha sido un bochorno ver una y otra vez publicado antes
el nombre del Presidente del CGPJ que el de quienes lo habían de elegir); al
haberse configurado la jerarquía de la judicatura por personas elegidas por
criterios de afinidad ideológica en demasiadas ocasiones (me resisto a poner
ejemplos, aunque me salen por todos los dedos en el teclado); al haber lanzado
las carreras profesionales de quienes avispadamente intuyeron que la ostentación
de la sintonía ideológica con los partidos era un buen modo para ello; al
haberse en suma contaminado algunas asociaciones profesionales de jueces de
parte de esos defectos del sistema, el resultado es -en mi opinión- que el
balance para la salud democrática española del CGPJ es pobre. El problema
no es que el Consejo no haya preservado la independencia judicial, ya que esa
independencia está garantizada por la Constitución. La cuestión a mi modo de
ver, es que siendo la independencia instrumental para garantizar la
imparcialidad de los jueces en sus resoluciones, el Consejo –mediatizado por los
partidos políticos- ha elegido en demasiadas ocasiones a jueces que hacían
ostentación de su orientación ideológica partidista, con lo cual seguían y
siguen siendo independientes, pero ya no hay apariencia objetiva de
imparcialidad. El Consejo no ha sido, en suma, garante de mantener y promover
la imparcialidad de los jueces y en particular de su jerarquía, sino que ha
hecho en ocasiones lo contrario, ha promovido las carreras profesionales de
algunos magistrados en atención a sus orientaciones politico partidistas, al
igual que ha sucedido en la Fiscalía. Ha habido tanta gente que ha participado
de este juego que las posibilidades de regeneración real del sistema solo serán
altas en el curso de bastantes años por venir.
Es
precisamente ese ánimo renovador en las propuestas de Ciudadanos –con la
excepción mencionada- el que yo destaco en el conjunto de propuestas que hacen,
en las que hay algunas que encuentro excelentes. Yo creo que hay que
establecer de una vez el mérito, la capacidad y la antigüedad como criterios
rectores en los nombramientos y en el desarrollo de las carreras profesionales
de jueces y fiscales. Hay que acabar con los aforamientos, ya que a través de
ellos se canalizan las responsabilidades penales de quienes se benefician de
ellos a unos pocos Tribunales mucho más sencillos de mediatizar a través de
nombramientos. Hay que acabar también con la extensión desmedida de los
suplicatorios, de las inmunidades y de otros blindajes del poder político frente
a la Justicia. Hay que acabar con la influencia de los parlamentos autonómicos
en la designación de magistrados en TSJs. Hay que acabar con la influencia
partidista en la Judicatura (en mi opinión reformando, reduciendo la magnitud y
el coste del funcionamiento del CGPJ, pero no cargándose el órgano). Hay que
cambiar el proceso penal, hay que reformar radicalmente el funcionamiento de la
Fiscalía General, despolitizando también la institución, acabando con la
designación gubernamental de su titular y estableciendo una serie de controles
internos y externos (básicamente parlamentarios) en su funcionamiento
administrativo, dotándola al tiempo de presupuesto propio. Hay que exigirle al
FGE unos mínimos éticos de comportamiento profesional, vedando sus salidas a
actividades privadas durante unos años tras su mandato y obligándole a tener
transparencia en sus relaciones con el Gobierno y con la oposición, así como en
el funcionamiento administrativo de la Fiscalía. Hay que empezar a exigir al
FGE y a la Fiscalía resultados, y consecuentemente exigir responsabilidades por
el mal funcionamiento de la institución en cualquiera de sus aspectos. Hay
que potenciar las funciones del Consejo Fiscal al tiempo que hay que modificar
el régimen electoral de acceso al mismo, hoy diseñado para que solo entren en él
los vocales propuestos por las asociaciones afines a los partidos políticos que
han gobernado España. Y naturalmente hay que establecer blindajes especiales
en la actuación profesional de los fiscales encargados de la lucha contra la
corrupción. Pero también hay que considerar la Justicia como una prioridad
nacional, y eso significa una prioridad en el presupuesto.
Muchas
de esas cosas se recogen en las propuestas de Ciudadanos, así también se incluye
la de despolitizar el Tribunal Constitucional, medida absolutamente
indispensable si queremos tener un garante del cumplimiento de la Constitución
que sea visto por todos como realmente imparcial.
¿Es
positivo en suma lo que propone Ciudadanos en materia de Justicia? Salvo la
ocurrencia de la supresión del CGPJ, en mi modesta opinión no solo positivo,
sino que muchas medidas son imprescindibles. Pero, claro, yo creeré cuando lo
vea. |
