Lo lamento. Lamento escribir sobre propuestas electorales concretas, porque he
querido y quiero ser y parecer neutral ante los comicios del próximo 20 de
diciembre, para que nada de lo que aquí diga, sobre la base de conocimientos
jurídicos y con propósitos apartidistas, pueda interpretarse como apoyo o ataque
a unos u otros. En este blog, POR DERECHO, he dejado escritas muchas
cosas sobre temas, actitudes e incluso personas, con especial (que no exclusiva)
atención a la Justicia y a la Universidad. Cualquier lector puede extraer de lo
escrito las conclusiones que le parezcan oportunas a cualquier efecto que le
interese, incluido su voto (o su abstención) en ese cercano día. En concreto,
sobre el importante asunto que me lleva a escribir este “post”, les remito a
este otro, de 30 de abril de 2013, LA DICTADURA ABSOLUTA DE LA MAYORÍA
ABSOLUTA. TIRO EN LA NUCA AL ÓRGANO DE GARANTÍA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. LA
CONSTITUCIÓN, DE NUEVO A LA BASURA:http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2013/04/la-dictadura-absoluta-de-la-mayoria.html.
Aquí me refería a la ocurrencia del Gobierno del PP y del Ministro Ruiz
Gallardón de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) jibarizado y
presidencialistas, frente al diseño constitucional del CGPJ, un diseño no
enteramente acertado, pero en general y en lo sustancial muy positivo para la
independencia judicial. Lean, les ruego, ese post, porque sólo así entenderán
bien éste.
Rompo mi propósito de callar sobre programas electorales porque ayer, el líder
de “Ciudadanos”, con la presuntuosa escenificación de unas nuevas Cortes de
Cádiz y la retórica de mirarnos a los ojos a los españoles (algo muy
cursi y muy desajustado a la estatura de uno y otros), ha propuestosuprimir
el Consejo General del Poder Judicial. Podría haber propuesto reformarlo
radicalmente, con buen número de cambios que lo regeneraran. Pero no: ha
propuesto suprimirlo. Es decir, quiere suprimir un instrumento constitucional
que, insisto, en sustancia era y es algo bueno, aunque luego haya sido
incesantemente pervertido. Esa propuesta significa, para mí, lo siento mucho,
que “Ciudadanos” no tiene hoy la menor idea de lo que es y debe ser la Justicia
en España. Y, por tanto, no tiene hoy la menor idea de cómo defender aquí, de
inmediato y sin parar, el Estado de Derecho. Y eso es esencial ahora y lo será
mañana y después del 20 de diciembre. Porque, cualquiera que sea lo que a cada
uno se le pueda ocurrir en materia de reforma del Estado y por discutibles que
sean unas y otras ocurrencias, está meridianamente claro y resulta difícilmente
discutible que lograr que los poderosos de todo tipo hayan de ajustarse a las
leyes y no puedan burlarse de ellas depende de la existencia, de la
subsistencia, sin soluciones de continuidad, de una Justicia decente, por
su independencia, su calidad y su eficiencia. Pues bien: la propuesta de
“Ciudadanos” menoscaba gravísimamente la independencia y no mejora nada el resto
de los factores.
Esa crasa ignorancia de “Ciudadanos” es reprobable porque no es una ignorancia
invencible, porque se agrava con la fatuidad grandilocuente de la presentación
gaditana de la ocurrencia y, porque, para colmo, viene a proponer despolitizar
la Justicia a base de hacer depender su gobierno de una persona designada por el
Parlamento, el Presidente del Tribunal Supremo. En época de Franco, hubo un
ministro partidario encubierto de un peculiar autogobierno de la Magistratura,
que consistiría en atribuir los nombramientos de Jueces y Magistrados, su
promoción y su régimen disciplinario a una camarilla de miembros del Tribunal
Supremo. No pocos jueces empujaron a los procesalistas a ocuparse del
autogobierno de la Magistratura y así se hizo en abril de 1970: no hubo
discrepancia en entender, como lo habían señalado ya en Italia, que la
independencia judicial no estaba únicamente amenazada por el Ejecutivo, sino que
aún más podía estarlo desde dentro de la organización jurisdiccional.
Expresivamente nos decía un Magistrado honrado y competente: “me es mucho más
fácil defenderme de un intento de injerencia que proceda del Ministerio que de
una indicación o presión del Presidente de mi Audiencia”.
La independencia judicial, que no es la independencia de un grupo de personas o
de un conjunto de órganos, sino la de todo juez en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional, consiste en la ausencia de dependencia y exige defender a todo
juez de presiones, directrices o instrucciones procedentes también desde dentro
de la Justicia. Para eso estaba y sigue estando el CGPJ, que también debía
ocuparse del funcionamiento legal del Tribunal Supremo y sus Salas y del
cumplimiento de sus deberes por cada uno de sus ilustres Magistrados, que no
tienen bula alguna. Esto último no fue fácil nunca. Hace una veintena de años, a
mí y a algunos otros Vocales nos llamaron poco menos que “perros judíos”,
“enemigos del pueblo” y otras lindezas por haber pretendido que en el TS se
cumpliesen ciertos preceptos de la LOPJ sobre composición de las Secciones,
turno de ponencias, etc.
Rivera y
sus asesores parecen desconocer la función constitucional del CGPJ, desconocen o
desprecian la historia de las reformas legales sobre la designación de los
Vocales del CGPJ (la génesis y efectos de esas reformas: LOPJ de 1985, L.O.
2/2001, L.O. 4/2013), desconocen o desprecian la historia de los cambios que
llegaron a convertir un órgano constitucional de garantía, modesto en su tamaño
y en su coste, en un mastodóntico y muy costoso complejo orgánico, que se
ocupaba de muchas cosas ajenas a su finalidad constitucional y seguía
descuidando, en cambio, sus cometidos propiamente constitucionales. Y desconocen
o desprecian la historia de las tensiones del Tribunal Supremo con el CGPJ y con
el Tribunal Constitucional.
Don Albert Rivera, líder de
“Ciudadanos”, merecía mi respeto por su trayectoria general en favor de España y
Cataluña (o de Cataluña y España). Estoy bastante seguro de que Rivera no
es un botarate. Pero la propuesta de suprimir el CGPJ es, en sí misma, propia de
un botarate. Y, por supuesto, certifica, a mi parecer, que los padres
constituyentes de 1978 superaban con mucho en experiencia, inteligencia y
prudencia a los figurantes que, a la sombra de la Constitución de 1812, han
propuesto reformas de la Constitución vigente como la de suprimir el Consejo
General del Poder Judicial y entregar sus funciones a un Presidente del Tribunal
Supremo designado por dos tercios de los miembros del Congreso de los Diputados.
De pasada y en línea con la que ya he dicho aquí: ¿por qué proponen muchos
cambiar la Constitución vigente cuando les sobran datos y motivos para estar
completamente seguros de que no habrá consenso para cambiarla y cuando no hacen
nada (tampoco el PP) por aproximarse siquiera a ese consenso? ¿No se llama a eso
demagogia? Si quieren, repasen este otro post, de 27 de septiembre de 2012: ES
QUE HAY UN NUEVO PREMIO, MULTIMILLONARIO, A LA OCURRENCIA MÁS
INCONSTITUCIONAL? UNA ESPAÑA CONVULSA A CAUSA DE PROPUESTAS IMPRUDENTES. (ESTADO
FEDERAL, "¡FUERA LA CONSTITUCIÓN!" Y TRASPASO DEL "PODER JUDICIAL" AL
TRIBUNAL SUPREMO):http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/2012/09/es-que-hay-un-nuevo-premio.html |