En realidad, también la penúltima, la antepenúltima y más allá.
Quizá resulte uno de los mitos más extendidos sobre los términos y condiciones
(esos textos legales que casi todo el mundo acepta tras haber “leído”, aunque
raramente sea el caso). ¿Cambian tanto como se dice? Mi sensación era
como la de muchos, que sí. Pero hasta que hace un par de años empecé a medir los
cambios que detectaba en el día a día, había encontrado muy pocos datos sobre
esa cuestión.
Sin embargo, de los casi
1.000 cambios detectados
durante 2014 no fue la cantidad lo que me llamó la atención,
sino algo más importante, que más de la mitad (el 56% concretamente), no habían
sido comunicados al usuario en ningún sentido. Ni tan siquiera con algo tan
sencillo como modificar la fecha del apartado de “Última Actualización”.
La cuestión clave aquí es que los términos y condiciones están en todas partes,
en el producto o servicio más insignificante que usemos,
incluso en un cepillo de
dientes, y afectan muy seriamente a
nuestra esfera personal y
profesional. Hay por tanto cierta necesidad de controlar
cuándo y cómo cambian. Pero no a pequeña escala o de forma relativamente
artesanal, sino en un gran volumen.
De ahí que el primer proyecto de nuestro
LAB Jurídico
haya sido el
“Boletín de Términos y
Condiciones”.
Creado junto a Alberto de Rodrigo, consiste en una herramienta para monitorizar
y controlar casi en tiempo real cómo y cuándo cambian los términos y condiciones
de miles de servicios. A su vez, permite saber cuándo el cambio ha sido o no
notificado al usuario, ya que el sistema mezcla la automatización propia de la
tecnología, con la aplicación de la curación humana a efectos de etiquetar
legalmente cada cambio antes de su publicación.
Sin coste alguno, hoy por hoy no es más que un experimento jurídico, puede
resultar útil para un particular preocupado por su privacidad, pero también
para un profesional del Derecho. Desde el universo compliance, al derecho de
consumo o incluso más concretamente el comercio electrónico, saber cuándo y cómo
un determinado servicio cambia sus términos y condiciones puede ayudar: 1)
a una vigilancia activa en cuanto al cumplimiento normativo; 2) a la
detección de tendencias en la interpretación de un cambio legal o 3) como
modo de prueba para conocer al texto aplicable en un determinado momento.
De hecho, sirva como muestra un botón.
Entre los más de 5.600
servicios actualmente monitorizados, y siempre en crecimiento,
se encuentran más del 95% de los servicios adheridos al Acuerdo de Puerto
Seguro o Safe Harbor. Y desde el 6 de octubre, con motivo de la sentencia
del TJUE, es fácil ver más de 5 cambios al día relativos a los apartados de Safe
Harbor en las políticas de privacidad de muchos de esos servicios. Por tanto si
uno quiere, es sencillo saber qué solución jurídica está adoptando el vecino. Y
sin tener que pedírselo.
En conclusión, los términos y condiciones cambian muy habitualmente.
La tecnología facilita su
control, y esa vigilancia presenta usos jurídicos muy
interesantes que simplemente hemos comenzado a explorar. |