Lo comentó al
principio de esta interesante mesa redonda, José Manuel García Collantes,
presidente del Consejo General del Notariado: “Estamos interesados en buscar
soluciones a este tema que preocupa a muchas familias”. Y la organización de
esta jornada en la que participaron, moderados por Ignacio Navas; Carlos Galán,
abogado y asesor jurídico de Stop estafadores, Fernando Gomá, notario y editor
del blog Hay Derecho?, Marta Navas, psiquiatra forense y el Capital de la
Guardia Civil, del Área de Delincuencia Económica, UCO, respondió a esta
preocupación tanto de los notarios como de otros agentes sociales. La jornada
sirvió para destacar el amplio campo de actuación que tienen estos prestamistas
o mafias organizadas que se saltan todos los controles existentes. La falta de
una legislación que controle esta práctica así una mayor colaboración entre
jueces y policía impide hasta la fecha una persecución clara de estas prácticas
delictivas. Mientras tanto muchas familias se ven abocadas a situaciones
desesperantes: firman un préstamo pero realmente están entregando su inmueble a
un prestamista desalmado. En estas prácticas los asistentes coincidieron que
algunas prácticas delictivas se hagan en notarias evitan que los afectados
adviertan el fraude al que están siendo sometidos. Ha llegado, pues, el momento
de trabajar de forma coordinada para frenar este tipo de comportamientos.
Carlos Galán empezó por casualidad en el mundo de los prestamistas hipotecarios
por tratar de ayudar a un amigo que se vio inmerso en una trama. Hoy es el
abogado de Stop Estafadores, asociación de carácter nacional de afectados y
familiares que han sufrido estas prácticas ilegales. Su intervención, cargada de
ironía y repleta de detalles, señala la falta de control existente en los
últimos quince años en nuestro país. “El Banco de España no quiso hacerse cargo
de esta actividad, la derivó a consumo y ahí las CCAA no han sabido gestionar
como debiera esta actividad”. A su juicio la Ley 2/2009 que aprobó Zapatero fue
una oportunidad perdida para controlar a estos prestamistas sin escrúpulos, en
muchos casos auténticas mafias organizadas que buscan siempre una víctima con un
inmueble libre de cargas y asfixiada económicamente para poder presionarle y
tras diferentes operaciones de dudosa legalidad quedarse con el inmueble de esa
persona.
Los agujeros de nuestra legislación son clamorosos. El Registro de Prestamistas
estatal y autonómicos creado ese mismo año no han valido para nada. “No se puede
consultar telemáticamente y que conozcamos no se ha creado ninguno en las
respectivas CCAA”, aclaró Galán. Mientras tanto los prestamistas campan a sus
anchas. Es difícil localizarles y hasta hace muy poco incluso los propios jueces
archivaban estas actuaciones. “Los jueces al principio pensaban que la víctima
mentía y que no era posible lo que les pasaba. Luego han pensado que no se
podría hablar de rechazo porque había consentimiento y la parte afectada sabía
lo que firmaba. Ahora parecen que advierten que esta práctica puede ser ilegal y
que alguien no actuó con corrección”, apuntó. Galán recordó a los asistentes que
en algunas de estas situaciones aparecen notarios “son una minoría pero forman
parte de la trama”, cuestión que evita la duda sobre la legalidad de la
operación, operación que en muchos casos genera al prestatario muchos problemas
tanto a nivel familiar como de su propia salud personal.
Entre los asistentes, muchos no daban crédito a lo que escuchaban. No sabemos
lo que pensaría Juan Antonio Xiol, magistrado del Tribunal Constitucional quien
en un lado de la sala escuchaba a los ponentes. La intervención de Fernando Gomá,
notario y editor del blog Hay Derecho, resultó muy esclarecedora para saber qué
pueden hacer los notarios de cara a ayudar a la prevención de esta práctica
delictiva, muy extendida estos años por la crisis económica: “Desde afuera se
observa la falta de un organismo único que pudiera gestionar esta práctica, tal
y como hace el Banco de España y la CNMV a nivel empresarial. Fue un error que
las CCAA desde consumo se ocuparan de esta práctica”, señaló. También recordó la
necesidad de simplificar las operaciones de cara a que el prestatario las
conociera mejor “podemos utilizar formularios sencillos. Lo más importante es
que las medidas que se pongan en marcha supongan que el prestamista pierda el
control de la operación, incluso se podría habilitar una cuenta que manejase el
notario donde se depositase el dinero del préstamo”, resaltó.
Desigualdad
entre prestamista y prestatario
Para este jurista, los notarios que de forma periódica dan parte de operaciones
poco claras a sus superiores a través de la informática, pueden tener un papel
más activo en este tipo de situaciones donde la desigualdad entre prestamista y
prestatario es evidente. “En alguna de estas situaciones se puede estar
camuflando una operación de blanqueo de capitales como transfondo más hondo”,
recordó. A su juicio se deberían poder ampliar el listado de cláusulas abusivas
todos los años con la opinión de todos los operadores jurídicos. Desde su punto
de vista es fundamental una mayor coordinación entre todas las partes implicadas
a fin de frenar esta onda expansiva de fraudes extrabancarios “es posible que no
se pare del todo pero es evidente que con la colaboración de todos los agentes
implicados se podría regular mucho mejor este modelo de financiación y poner más
trabas a la labor de estos prestamistas que, hoy por hoy, están ganando una
batalla muy desigual”, insistió.
En su intervención, Marisa Navas, psiquiatra forense, se refirió a las emociones
de las personas, prestatarios, en suma que se ven sometido al engaño. “Hablamos
de una práctica que se basa en la mentira y que puede llegar a tener un impacto
importante en la salud mental del interesado en lograr ese préstamo
extrabancario”, apunta. Síntomas como depresión, ansiedad, insomnio e incluso
tentativa de suicidios pueden surgir cuando estas personas advierten que han
sido engañados. Un dato que aporto esta experta tiene que ver con la crisis
económica: tres de cada diez suicidios están relacionados con las malas
condiciones económicas que vive ese ciudadano desesperado. “Lo peor de todo es
que no esperan que en una notaría que es síntoma de legalidad le engañen, por
desgracia es un elemento clave de cualquiera de las tramas financieras que se
conocen”, indicó.
Sobre como perseguir el delito, Carlos Gallego, Capitán de la Guardia Civil y
adscrito al Departamento de Delincuencia Económica UCO, centró su ponencia en
explicar cómo se persiguen estas tramas organizadas, “los delincuentes de cuello
blanco, sofisticados, con conexiones internacionales y con asesores jurídicos de
nivel que les sacan de cualquier apuro se apoyan en tecnologías lo que les hace
más temibles”; resaltó. Desde su punto de vista todos estos factores impiden
perseguir esta práctica delictiva que se ha generalizado en los dos últimos
años: “Solo a lo largo del 2014 se produjeron 562 investigaciones por estafas;
201 sobre delitos de corrupción y 1072 en cuanto a delitos económicos y otros
200 por falsificación”, apuntó. En este sentido habló del contrato criminalizado
donde una de las partes simula cumplir lo pactado para que la otra parte, el
prestatario, desembolse el dinero acordado. La dificultad de estas
investigaciones radica además en la aparición de testaferros o sociedades
instrumentales que impide que se encuentre al verdadero instigador de la trama.